La organización de los de abajo, la desarticulación geopolítica y la incapacidad de las élites para encontrar salidas son parte de la “tormenta perfecta” que viven los gobiernos de la región. Por qué América Latina se volvió ingobernable, y pistas para salir de la crisis. Por Raúl Zibechi para La Jornada.

La desarticulación geopolítica global se traduce en nuestro continente latinoamericano en una creciente ingobernabilidad que afecta a los gobiernos de todas las corrientes políticas. No existen fuerzas capaces de poner orden en cada país, ni a escala regional ni global, algo que afecta desde las Naciones Unidas hasta los gobiernos de los países más estables.

Uno de los problemas que se observan sobre todo en los medios, es que cuando fallan los análisis al uso se apela a simplificaciones del estilo: Trump está loco, o conjeturas similares, o se lo tacha de fascista (que no es una simple conjetura). Apenas adjetivos que eluden análisis de fondo. Bien sabemos que la locura de Hitler nunca existió y que representaba los intereses de las grandes corporaciones alemanas, ultra racionales en su afán de dominar los mercados globales.

Del lado del pensamiento crítico sucede algo similar. Todos los problemas que afrontan los gobiernos progresistas son culpa del imperialismo, las derechas, la OEA y los medios. No hay voluntad para asumir los problemas creados por ellos mismos, ni la menor mención a la corrupción que ha alcanzado niveles escandalosos.

Pero el dato central del periodo es la ingobernabilidad. Lo que viene sucediendo en Argentina (la resistencia tozuda de los sectores populares a las políticas de robo y despojo del gobierno de Mauricio Macri) es una muestra de que las derechas no consiguen paz social, ni la tendrán por lo menos en el corto/mediano plazos.

Los trabajadores argentinos tienen una larga y rica experiencia de más de un siglo de resistencia a los poderosos, de modo que saben cómo desgastarlos, hasta derribarlos por las más diversas vías: desde insurrecciones como la del 17 de octubre de 1945 y la del 19 y 20 de diciembre de 2001, hasta levantamientos armados como el Cordobazo y varias decenas de motines populares.

En Brasil la derecha pilotada por Michel Temer tiene enormes dificultades para imponer las reformas del sistema de pensiones y laboral, no sólo por la resistencia sindical y popular sino por el quiebre interno que sufre el sistema político. La deslegitimación de las instituciones es quizá la más alta que se recuerda en la historia.

El economista Carlos Lessa, presidente del BNDES con el primer gobierno de Lula, señala que Brasil ya no puede mirarse al espejo y reconocerse como lo que es, perdido el horizonte en el marasmo de la globalización (goo.gl/owd24y). El aserto de este destacado pensador brasileño puede aplicarse a los demás países de le región, que no pueden sino naufragar cuando las tormentas sistémicas acechan. En los hechos, Brasil atraviesa una fase de descomposición de la clase política tradicional, algo que pocos parecen estar comprendiendo. Lava Jato es un tsunami que no dejará nada en su sitio.

El panorama que ofrece Venezuela es idéntico, aunque los actores ensayen discursos opuestos. De paso, decir que atender a los discursos en plena descomposición sistémica tiene escasa utilidad, ya que sólo buscan eludir responsabilidades.

Decir que la ingobernabilidad venezolana se debe sólo a la desestabilización de la derecha y el imperio, es olvidarse que en la prolongada erosión del proceso bolivariano participan también los sectores populares, mediante prácticas a escala micro que desorganizan la producción y la vida cotidiana. ¿O acaso alguien puede ignorar que el bachaqueo (contrabando hormiga) es una práctica extendida entre los sectores populares, incluso entre los que se dicen chavistas?

El sociólogo Emiliano Terán Mantovani lo dice sin vueltas: caos, corrupción, desgarro del tejido social y fragmentación del pueblo, potenciados por la crisis terminal del rentismo petrolero (goo.gl/DW8wkQ). Cuando predomina la cultura política del individualismo más feroz, es imposible conducir ningún proceso de cambios hacia algún destino medianamente positivo.

En suma, el panorama que presenta la región –aunque menciono tres países el análisis puede, con matices, extenderse al resto– es de creciente ingobernabilidad, más allá del signo de los gobiernos, con fuertes tendencias hacia el caos, expansión de la corrupción y dificultades extremas para encontrar salidas.

Tres razones de fondo están en la base de esta situación crítica.

La primera es la creciente potencia, organización y movilización de los de abajo, de los pueblos indios y negros, de los sectores populares urbanos y los campesinos, de los jóvenes y las mujeres. Ni el genocidio mexicano contra los de abajo ha conseguido paralizar al campo popular, aunque es innegable que afronta serias dificultades para seguir organizando y creando mundos nuevos.

La segunda es la aceleración de la crisis sistémica global y la desarticulación geopolítica, que pegó un salto adelante con el Brexit, la elección de Donald Trump, la persistencia de la alianza Rusia-China para frenar a Estados Unidos y la evaporación de la Unión Europea que deambula sin rumbo. Los conflictos se expanden sin cesar hasta bordear la guerra nuclear, sin que nadie pueda imponer cierto orden (aún injusto como el orden de posguerra desde 1945).

La tercera consiste en la incapacidad de las élites regionales de encontrar alguna salida de largo aliento, como fue el proceso de sustitución de importaciones, la edificación de un mínimo estado del bienestar capaz de integrar a algunos sectores de los trabajadores y cierta soberanía nacional. Sobre este trípode se estableció la alianza entre empresarios, trabajadores y Estado que pudo proyectar, durante algunas décadas, un proyecto nacional creíble aunque poco consistente.

La combinación de estos tres aspectos representa la tormenta perfecta en el sistema-mundo y en cada rincón de nuestro continente. Los de arriba, como dijo días atrás el subcomandante insurgente Moisés, quieren convertir el mundo en una finca amurallada. Probablemente, porque nos hemos vuelto ingobernables. Tenemos que organizarnos en esas difíciles condiciones. No para cambiar de finquero, por cierto.

Este jueves se estrena en el cine Gaumont el documental que reconstruye la muerte de Kevin, el niño de 9 años asesinado por una bala perdida en un tiroteo entre bandas en una zona de Villa Zavaleta liberada por la Gendarmería. Atragantada la garganta, La Poderosa grita: “El grito de Kevin es nuestro más profundo dolor, pero también nuestra fuerza para visibilizar todas las causas que se llevaron su vida”.

El 7 de septiembre de 2013, de madrugada y con lluvia, Kevin, un nene de 9 años fue asesinado. La bala que lo mató fue una de los 105 disparos que durante más de tres horas detonaron dos bandas que se enfrentaban a 100 metros de dos destacamentos policiales en la Villa Zavaleta.

Su casa estaba a 20 metros de la Plaza Kevin, llamada así por otro Kevin que cuatros años antes había perdido la vida por otra bala perdida. Era uno de sus mejores amigos. Kevin había ayudado a construirla.

El documental “Ni un pibe menos”, dirigido por el cineasta italiano Antonio Manco, reconstruye el asesinato de Kevin. Se estrenará este jueves 4 de mayo en el Cine Gaumont con dos funciones: 14.15hs y 20hs en la sala central donde se hará la presentación formal luego de la cual tanto el director como Roxana, mamá de Kevin, y Nacho Levy, referente de La Poderosa y padrino de Kevin, dirán unas palabras.

“La película es una satisfacción de mierda -dice Nacho a lavaca- Nosotros al Gaumont o a cualquier cine hubiéramos querido ir con Kevin de la mano, no a verlo en una pantalla. Cada vez que nos sentamos frente a la película o frente a cualquier ronda de mates en las que vuelven las imágenes del enano afuera de la bandera, afuera del prendedor, afuera de la pantalla, el enano como lo conocimos nosotros: mi ahijado, el hijo de Roxana, el sobrino de Paola, el amiguito de Javi… Cuando nos conectamos con eso nos parte al medio y nos vincula con lo que en realidad es: un niño de 9 años que estaba temblando debajo de la mesa, adentro de su casa”.

Los datos duelen: 4664 personas fueron asesinadas por gatillo fácil entre 1983 y 2015. Sólo entre 2003 y 2015, 3070 personas perdieron la vida por causa de la violencia institucional.

Durante la película se escuchan varias voces, como la de Norita Cortiñas de Madres de Plaza de Mayo – Linea Fundadora, de Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, de la mamá de Kiki Lezcano. La violencia institucional une todos los relatos.

“Cuando fue un patrullero, Kevin todavía estaba vivo, dijo: que se maten entre ellos. El tiroteo siguió más de tres horas, 105 disparos, a 50 metros de dos casillas de Gendarmería. Roxana debió agarrarlo a Kevin en brazos y llevarlo al hospital sabiendo que la ambulancia nunca había entrado a buscarlo y mientras lo llevaban al hospital los que hacían las pericias le robaban los teléfonos y la plata que habían dejado en la casa. Todas esas violencias institucionales se visibilizan en la película porque se visibilizan en la vida y en la muerte de Kevin, que no expresa lo que le pasa a los chicos de nuestro barrio, expresa lo que nos pasa a todos los que vivimos en nuestros barrios”.

Villa Zavaleta existe desde hace 45 años, pero en los mapas es solo un cuadrado: gris en la guía T, rojo en los GPS, blanco en el mapa interactivo de la Ciudad de Buenos Aires. “Acá donde están las consecuencias de un Estado ausente también están las consecuencias de una humanidad presente”, delinea la geografía del territorio la película.

Nacho suma: “Cuando nosotros reivindicamos la cultura villera no reivindicamos la precariedad, no reivindicamos que haya un barrio donde no entran las ambulancias, que haya un barrio donde cada vez que llueve las casas se transformen en inodoros gigantes donde cae agua de arriba y sale mierda de abajo. Nadie reivindica eso. Lo que reivindicamos son las costumbres de compartir que no se han perdido”.

La película nace de la misma injusticia que hizo nacer La Garganta Poderosa. “El grito de Kevin es uno de todos esos gritos atragantados en un barrio que tiene más de 45 años de historia resistiendo y esperando las respuestas que debiera dar el Estado”.

Kevin se vuelve grito y bandera. “Es el dolor más profundo de nuestras entrañas pero también es nuestra fuerza, nuestro motor y nuestra bandera para visibilizar todas las causas que se llevaron su vida y la de un montón de otros chicos de nuestros barrios que ni siquiera pudimos gritar”.

Ni un tiro más. Ni un pibe menos.

Pacto de silencio, de Carlos Echeverría

Link para ver:  

Pacto de silencio (2006, Carlos Echeverría) – cinemargentino www.cinemargentino.com Pacto de silencio investiga cómo fue que la comunidad alemana de Bariloche protegió e integró a criminales de guerra nazis –como Erich Priebke– que llegaron …

El director Carlos Echeverría es oriundo de Bariloche y de ascendencia germánica, estudió en el colegio alemán y en este documental investiga y reconstruye la historia de algo que le tocó vivir de cerca: la comunidad alemana en esa ciudad, concentrada en el barrio Belgrano.

Los primeros inmigrantes alemanes llegaron a la Patagonia en el siglo XIX y con el tiempo construyeron colegios y comercios y establecieron lazos con el poder a nivel regional.

Más allá de disidencias puntuales, orgánicamente la comunidad no sólo mostró afinidad ideológica y fanatismo por el Tercer Reich, sino que, terminada la segunda guerra mundial, fue asilo de oficiales de nazis, entre ellos Erich Priebke, de la SS, conocido por formar parte de la masacre de las Fosas Ardeatinas en 1944, donde 335 civiles italianos fueron asesinados por orden de Hitler luego de un ataque de la resistencia partesana que había dejado 33 oficiales alemanes muertos (La orden del fuhrer fue que por cada alemán caído hubiera diez italianos muertos).

Priebke fue cobijado y luego venerado por la comunidad alemana de Bariloche.  De a poco, su pasado se fue borrando no por ocultamiento sino por mera omisión, una de las formas más amables de complicidad.

Pacto de silencio funciona como pivot entre dos formas de relato : la narración en primera persona, entre autobiográfica y ensayística, y el documental de investigación, con recopilación de datos, archivos y testimonios .

A contramano de la autoridad de la “voz de dios” del documental clásico, una de las formas de la “verdad” en el documental contemporáneo está en ese punto donde convergen la subjetividad del realizador con la información presente como huella histórica de las imágenes, de los rostros, de las voces que testimonian frente a cámara.

El caso Priebke, más allá de su potencia histórica, es sólo una manifestación visible de algo más profundo y que la película problematiza sin la necesidad de dar conclusiones simplificadoras . Centrándose en el colegio y la familia como instituciones adoctrinadoras de una comunidad reterritorializada y ávida de mantener las raíces identitarias, el pacto de silencio no es el que permite que una sociedad conviva felizmente con un genocida sino el punto ciego sobre el que se construye ese entramado complejo entre sociedad y estado y que en este caso, por la configuración del espacio y la pequeña escala, se vuelve visible.

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El martes a las 3 de la mañana la Policía de la Ciudad y el Ministerio Público Fiscal desalojaron la carpa que manteros habían colocado para pedir la restitución de sus puestos de trabajo en el Paseo la Estación, Constitución. Los manteros relatan a lavaca una madrugada de terror: los sacaron por la fuerza, esposados, detuvieron a 7 de ellos durante 16 horas y les armaron causas por “resistencia a la autoridad”. 

La Policía de la Ciudad allanó y desalojó la carpa que una treintena de manteros habían colocado en Plaza Constitución para pedir la restitución de sus puestos de trabajo en el Paseo la Estación. La carpa, que era una medida  de protesta que exigía el derecho al trabajo, llevaba ya 9 meses allí y era sostenida por manteros que se habían quedado sin puesto para vender su mercadería, después de una estafa de quienes manejaban el predio al lado de la Estación de trenes que, según denuncian los manteros, se fueron amparados por el gobierno porteño.

Lo que ya sucedió en Caballito y Once, ahora también en Constitución. Se utiliza una orden contravencional sobre el mal uso del espacio público para usar la fuerza pública y reprimir el derecho a trabajar. Según relata el Diario Clarín – con información privilegiada en estos casos-, el desalojo fue solicitado por la fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 45, amparándose en los artículos 54 (arrojar sustancias insalubres o capaces de producir daño en lugares públicos o privados de acceso público) , 78 (impedir u obstaculizar la circulación), 80 (ensuciar bienes de propiedad pública o privada) y 83 (ejercer actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público) de la ley 1472.

Sin embargo, la fiscalía n° 45 no existe, y los manteros señalan que detrás del violento desalojo está una fiscal empeñada en sacar a los manteros de la Ciudad de Buenos Aires: Celsa Ramírez.

En este caso se suma que, además del derecho al trabajo y de la estafa que los manteros cuentan haber sufrido por parte de la empresa Crizell S.A, la carpa era una medida de protesta.  “Llegaron varios hombres armados y tomaron, sin ninguna explicación, de los brazos a varios manteros y los esposaron. Empezaron a empujar a otros y cuando los empujaron, los manteros reaccionaron porque se sorprendieron, y a esos los tiraron al piso y los golpearon.  También había mujeres y niños que fueron  sacados a empujones de la carpa. Los manteros esposados fueron llevados  a la comisaría de constitución”, dice Silvia, mantera que apoyaba la lucha de la carpa y pasó la noche en la puerta de la comisaría. Agrega: “En ningún momento se mostró orden alguna de desalojo y tampoco daban respuestas del motivo por el cual habían sido detenidos. Recién hoy cuando los liberaron y les informaron que era por resistencia a la autoridad. Fue una noche dura, los tuvieron en celdas separadas. Y también se llevaron a un menor y se les dijo que era un menor, pero no llegó a entrar a la comisaría porque lo liberaron antes”.

Uno de los detenidos, Omar Guaraz, lo cuenta en primera persona: “Nos tuvieron dieciséis horas detenidos sin decirnos cuál era la causa y cuando nos dijeron finalmente no era contravención sino una causa penal por resistencia a la autoridad. Nosotros no nos resistimos en ningún momento”. Omar ya estuvo encausado por delitos contravencionales por ser parte de una agrupación de manteros desplazados que pelea por sus derechos, Vendedores Libres. “Hoy parece que es política de Estado armar causas judiciales por estar organizado. Por ejemplo, eso que pasó en la Universidad de Jujuy con la policía y sin orden judicial que detuvieron estudiantes y que todo el mundo se escandalizó, a los manteros nos está pasando todos los días”.

Federico Efron, del Centro de Estudios Legales y Sociales sigue de cerca la situación de los manteros desde que están siendo desplazados en la Ciudad de Buenos Aires. Dice a lavaca: “Estamos viendo que, lamentablemente, esto de los policías de civil que comienzan el operativo de detención está sucediendo cada vez con más frecuencia. Además, el operativo ocurrió a la madrugada, algo que si responde a una cuestión de allanamiento no puede suceder. Por otro lado, se suman más casos con una respuesta criminal y represiva hacia los manteros en vez de desde una propuesta del Ministerio de Trabajo. Y con respecto a Vendedores Libres, ya es también una represión a la organización social de pelea por sus derechos”.

Como contó lavaca en distintas notas, Vendedores Libres fue víctima de una persecución ensañada por la misma fiscal que ahora señalan los manteros levantó la carpa de Constitución: Celsa Ramirez. Desde el Ministerio Público Fiscal se ordenaron allanamientos, seguimientos y hasta pinchaduras de teléfono a los manteros integrantes de esta organización, no logrando probar en ningún momento el origen delictivo de su actividad, lo cual valió el cierre de esta megacuasa. Pero los derechos ya habían sido vulnerados.

La ley y la calle

Según cuenta Efron, esa lógica judicial se empieza a repetir en esta nueva causa: “Por otro lado, la causa es confusa, es ambigua. Por momento parecía que era  uso indebido del espacio público y, por otro, les decían que era resistencia a la autoridad que es un delito penal. Esa falta de claridad sobre lo que supuestamente están haciendo en un operativo no puede suceder porque habla de la arbitrariedad con la que se hacen estos operativos. Pero, sobre todo, esto no da posibilidad que los detenidos sepan de qué están siendo acusados, que es un derecho, y puedan defenderse”.

Cómo comienza la carpa

Paseo La Estación es un espacio de ámbito privado, cedido por el gobierno de la Ciudad a un grupo empresario. Los manteros indican que tuvieron que ir a trabajar ahí por los distintos desalojos que sufrieron por parte del Ministerio de Espacio Público y las fuerzas policiales el año pasado.  El alquiler y las formas de pago y sin ningún tipo de contrato de alquiler  les resultaban injustas y se organizaron para obtener mejores contratos. Son puestos de dimensiones pequeñas y a precios exorbitantes. Fue en ese momento que el  grupo empresario que lo gestiona cerró por quince días y cuando volvió a abrir, pusieron en la puerta lo que los manteros llaman “lista negra” y  no los volvieron dejar a entrar al Paseo. “No sólo no se les devolvieron los puestos a ninguno de los 60 vendedores que estaban organizados. Además, se quedaron con toda su mercadería”, afirma Omar. Así comenzó un reclamo en la puerta que es una medida para que les devuelvan su puesto laboral. Al pasar los días y sin ningún sindicato que los ayude, los manteros tuvieron que comenzar a vender mercadería para subsistir, pero su intención no es la venta de mercadería en el espacio público, sino que el arreglo del alquiler de puesto sea justo.

La calle no calla

Los trabajadores de la mítica pizzería de San Telmo ocuparon la empresa luego que los dueños los dejaran en la calle con sueldos atrasados y cargas sociales impagas. Son ocho trabajadores que mantienen el local de forma autogestiva durante 16 horas por día. Recibieron el apoyo de vecinos y clientes y desbordaron el 1 de mayo con locro y empanadas fritas. Hoy buscan conformarse en cooperativa y dicen: “De Mi Tío no nos vamos”.

Fotos de Lina Etchesuri.

El 29 de marzo, Daniel Nieva, maestro pizzero, llegó a trabajar a la pizzería Mi Tío a las 7:15 de la mañana con un catálogo de acontecimientos que astillaba su cabeza.

• Tres meses sin cobrar.
• Aguinaldo de junio de 2016 sin cobrar.
• Aguinaldo de diciembre sin cobrar.
• Aumentos paritarios sin cobrar.
• Vacaciones sin cobrar.
• Aportes sociales sin cobrar.
• Casado, tres hijos.

La lista se unió en un solo punto cuando Nieva -46 años, 28 en la empresa- llegó a la esquina de Defensa y Estados Unidos, en el barrio de San Telmo, Ciudad de Buenos Aires. “Estaba todo cerrado”, dice hoy a lavaca. “Todo. Las persianas bajas y con candados. Yo siempre era el primero que llegaba después de los dueños, porque era el que tenía que arrancar la producción. Me quedé ahí, charlando con el muchacho del puesto de diarios, que me dijo que habían abierto y luego cerrado. Llamé a mis compañeros”.

Ese día tenían una reunión a las 18 horas con el dueño Héctor Villarroel y sus sobrinas María Marta y Rosauro Romero. Dos horas antes la suspendieron. Nieva: “En ningún momento nos atendieron. Decidimos esperar al encargado porque era el que tenía la llave y ver qué había pasado. Cuando llegó notamos que los candados estaban cambiados. Ahí tomamos la decisión de entrar”.

Entraron.

Y no se fueron.

We will not leave

Adrián Fernández, 46 años, 13 en la empresa como mozo, cuenta que Mi Tío era una pizzería icónica con 43 años de vida en San Telmo. Es un bodegón chico, cálido, hoy adornado con carteles que transmiten “fuerza” a los trabajadores y dejan en claro algo: “Con Mi Tío no se jode”. Otro promociona en clave de hashtag la página de Facebook en la que suben fotos de apoyo de la comunidad: #DeMiTioNoNosVamos. Y también en su versión turística: #FromMiTioWeWillNotLeave.

Dice Adrián: “La pizzería cerró sus puertas porque los dueños lo decidieron así, sin mediar otro remedio. Ese día vinimos a trabajar sabiendo que a la tarde teníamos una reunión con asesores y abogados. Ya habíamos mandado telegrama laboral en reclamo de la deuda que tenía con nosotros. Nunca contestaron, y al no tener respuesta ni telegramas de despido, nuestra reacción salió de forma natural: estamos permaneciendo acá en defensa de nuestros puestos de trabajo”.

Mientras Adrián habla, la mitad de las mesas de la pizzería están ocupadas. El 1 de mayo festejaron el Día del Trabajador y la Trabajadora con locro y empanadas fritas. Todavía se están reponiendo de esa experiencia: “Nos desbordó completamente. Fue lindo sentir ese abrazo”.

No es casual: el local siempre trabajó y funcionó bien. ¿Qué pasó entonces? “El problema no era el laburo. Sí te puedo decir que había una mala administración porque la plata nunca alcanzaba, las compras eran malas y el dinero se gastaba mal. El contexto del país y la mala situación económica no ayudaron: con los tarifazos se hizo peor. Imaginate: hace dos años la factura de luz no llegaba a los 1000 pesos, y la última que nos llegó era de 7500. Todos los días aumentan las mercaderías, un día el tomate te cuesta 70 pesos el kilo, y así con los morrones, la harina, el queso, la muzzarella. Hace un año empezamos a cobrar el sueldo de forma parcial y en cómodas cuotas. No nos pagaron aguinaldos, tampoco los aumentos remunerativos que nos daba el sindicato ni los feriados que trabajábamos. Se fueron dando toda una serie de problemas que hizo que lleguemos a fin de año y no tuviéramos ni sidra ni pan dulce. Pasamos las fiestas con el bolsillo apretado”.

La revolución pizzera

La relación con los dueños se tensaba cada vez más. “Este año nos enteramos que no nos habían depositado las cargas sociales desde hacía prácticamente 9 meses: casi todo 2016 sin aportar. Algunos compañeros llevaban a su familia al médico y no eran atendidos”. La situación llegó a su punto de quiebre el 29 de marzo: ese día dijeron basta. ¿Qué hicieron? Nieva: “Nos pusimos a laburar. Lo único que había eran 10 kilos de harina, algo de levadura, muzzarella”.

Con eso abrieron.

Y se llenó.

Fernández: “No podemos medir la cantidad de gente que vino, que nos decía que tenemos que seguir adelante, que antes no venía porque los dueños los trataban mal”. Desde ese día abren el local a las 10 de la mañana y cierran a las 2 de la madrugada. Cada noche dos compañeros se quedan a hacer guardia. “Nos estamos autogestionando. Es increíble todo lo que pasó: se nos revolucionó el mundo”. Fernández lo ve en su hogar: tiene tres hijos y debe explicarles por qué pasó de 8 horas de trabajo a 10, 11 o 12, y hasta por qué tiene que dormir en la pizzería. “Cada hogar es un mundo. Hay que explicar y entender la postura del otro. En mi caso yo trabajaba de noche, llevaba y buscaba a mis chicos al colegio. Ahora no puedo: están acá jugando mientras trabajo”.

Nieva dice que su señora hace trabajo doméstico: “Ella salvó los trapos estas semanas”.

Los trabajadores de Mi Tío ya están en trámites para la conformación de una cooperativa de trabajo.  Es una de las al menos 13 empresas recuperadas desde la asunción de Cambiemos.

¿Por qué seguir?

Fernández: “Se nos dio de forma natural: somos nosotros los que vamos a estar acá. Nos interesa mucho que este negocio salga para adelante y quede para nosotros. Además nos dimos cuenta que una de las herramientas fundamentales es el trabajo junto. Nosotros tenemos todo: somos todos para uno y uno para todos. Esta empresa, en definitiva, es un pedacito de cada uno de nosotros”.

Decí Mu desde Malvinas Argentinas, Córdoba. Sofía Gatica, Vanesa Sartori y varios vecinos de la Asamblea nos relatan una historia que comenzó con la idea de acampar por cuatro días y al momento de este programa llevaba casi tres años de bloqueo: sin agua, sin luz, sin baños y peleando contra una multinacional y su ejército de matones, pero cada vez más cerca del objetivo.

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La escuela instalada en Congreso se despidió el viernes con un acto y anunció una gira por todo el país (próxima parada: Formosa) para continuar el reclamo por la apertura de la paritaria nacional y más presupuesto en educación. Los gremios celebraron que más de 220 mil personas visitaron la experiencia docente en estos 24 días, en los que contó con el respaldo de artistas, músicos y representantes mundiales de la educación. Sonia Alesso, secretaria general del sindicato: “Esta Escuela no se va: se multiplica”.

Son las 18 horas, en el escenario está tocando Peteco Carabajal y en la calle Marisa y Mirta, dos maestras de la escuela 29 de Lanús, sur del conurbano bonaerense, vinieron a despedir a la Escuela Pública Itinerante en Congreso. “La escuela no se cierra: la lucha continúa”, aclaran rápido.  Es cierto: luego de tres semanas, más de 220 mil visitas, decenas de charlas, jornadas, actividades, orquestas, shows, recitales y conciertos la escuela instalada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) se irá a Formosa a iniciar su recorrida por diversas provincias del país y continuar así el reclamo por la apertura de la paritaria nacional en cumplimiento con la Ley de Financiamiento Educativo, desconocida por el Gobierno nacional pese al fallo de la jueza laboral Dora Temis que exige su cumplimiento.

Marisa y Mirta hablan al lado de cinco mesas de ajedrez en las que juegan niñxs y adolescentes: “La escuela ha sido una forma de expresarse, para que la gente sepa por qué venimos a luchar. Pero también para marcar que es importante mantener la unidad: tenemos que estar todos juntos y seguir luchando. No importa nuestras banderas: nos tenemos que hacer oír. Es la única forma que tenemos para seguir y no aflojar, porque desde el Gobierno lo único que sentimos es abuso de poder”.

Respaldo mundial

La Escuela Pública Itinerante fue una herramienta pensada y ejecutada por CTERA para dejar una huella social que imprima la importancia del reclamo docente. El gremio intentó su instalación el 9 de abril pero la respuesta del Gobierno fue una represión efectuada por la Policía de la Ciudad que culminó con palos, gas pimienta, decenas de heridxs y la detención de los maestros Miguel Acuña y Juan Manuel Mauro, de la Escuela de Educación Media N°3 en la villa 1-11-14. Ambos docentes fueron arrastrados por el suelo, golpeados, esposados y llevados a dos comisarías.

Los maestros instalaron la carpa dos días después. “Se debe a la bronca, la impotencia y el malestar frente a una represión que fue desmesurada”, dijo en ese momento la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, a lavaca. “No tenía ningún sentido y esta es la respuesta de los maestros y las maestras. Dijimos que para nosotros la represión es un límite ético que no podemos dejar pasar y esto es una muestra de lo que ha sido la solidaridad. Salvo el asesinato de Carlos Fuentealba, no registraba en la democracia otro hecho como este”.

Desde entonces, la Escuela se convirtió en un atractivo indisimulable en pleno microcentro porteño. Por allí pasaron más de 220 mil personas que disertaron sobre la Ley de Financiamiento Educativo, debatieron sobre la mercantilización de la educación a nivel mundial, escuchar música popular con Juan Falú, Dolores Solá, Bruno Arias, Jorge Marziali, conciertos de conservatorios como el Manuel de Falla. También hubo visitas de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Nora Cortiñas y Taty Almeida, de Abuelas de Playa de Mayo a través de Estela de Carlotto, actores como Juan Palomino, Luis Machín y actrices como Alejandra Darín, entre otrxs.

En ese marco la lucha docente recibió el respaldo de la Internacional de Educación (IE), una red de sindicatos que representa a más de 33 millones de docentes de 130 países del mundo. Representates de Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Costa Rica, Australia, Finlandia y Estados Unidos hablaron en conferencia sobre la importancia de la educación pública. El secretario general adjunto y vicepresidente de IE, David Edwards, habló con lavaca: “Esta lucha es fundamental para la democracia. Que un presidente democráticamente elegido no reconozca la importancia de la educación pública para tener bien informada a su ciudadanía para que sea capaz de tomar decisiones, es muy preocupante. Y eso me da a pensar otra cosa: no le interesa tener un pueblo educado de esa forma”.

Lo irrompible

La Escuela comenzará a recorrer las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Entre Ríos y Santa Fe, según anunció CTERA en un comunicado por redes sociales, en el que agradecía la solidaridad de las 228.500 personas que la visitaron en sus 24 días. “Esta Escuela itinerante, a partir de hoy, no se va: se multiplica”, dijo Alesso. “Se va a recorrer los caminos de la Patria, a multiplicar las voces, los abrazos y la esperanza. Sabemos pelear, resistir, inventar y educar”.

Sandra González, directora del jardín 935 y profesora del Instituto Superior de Formación Docente N°29, ambos en Merlo, al oeste del conurbano bonaerense, compra una torta frita a 20 pesos mientras de fondo suena Liliana Vitale. “Estoy conmovida por la repercusión que tuvo. Si bien no se ve mediáticamente, lo percibimos cuando estamos acá: la cantidad de personas que pasan, de personalidades y organizaciones que apoyan la lucha, demuestran el compromiso que tiene la comunidad. Y si bien eso no sale en los medios, uno lo ve cuando lo habla con papás, con mamás, con estudiantes. Ese vínculo que tenemos es algo inevitable de la educación pública”.

¿Es lo que quisieron romper? “El Gobierno intentó romper varios vínculos. Uno fue el de los docentes con la comunidad. El otro fue con sus dirigentes sindicales. Acá quedó algo claro: la paritaria docentes es la paritaria testigo, y el Gobierno nos usó para mostrar en términos de relaciones de fuerza el programa que tienen pensado para el resto de los trabajadores. Esto es: no respetar los derechos laborales, no respetar las leyes, no respetar los fallos judiciales”.

Ese reclamo es el que, este sábado, inicia su gira federal.

En la Universidad Di Tella y dentro de la Escuela de Gobierno que allí se imparte, expusieron sus predicciones económicas Gian María Milesi-Ferretti, representante del FMI y Pedro Andrés Neumayer, subdirector del Banco Central, ante un pequeño auditorio que recibió una lección de cómo se ve el mundo desde la espuma financiera. Crónica de una charla en la que el economista estrella de Cambiemos describió a la dictadura como “una guerra civil”, concedió que hubo crecimiento del PBI en la última década y describió cómo los empresarios van al Banco Central a reclamar “licuar salarios, inflación y devaluación”. Cuál fue la pregunta sin respuesta.

La economía usa un lenguaje que oculta. Esa es la primera conclusión a la que llego después de exponerme durante media hora un Power Point que muestra gráficos, basados en índices, basados en parámetros, basados en la realidad que el FMI está mostrando hoy en la Universidad Di Tella, República Argentina.

Es decir: no entiendo nada.

Quien tiene el control de las diapositivas es Gian Maria Milesi-Ferretti, representante del Fondo Monetario Internacional. Gian María -como lo llama el presentador de esta charla, Eduardo Levy Yeyati, decano de la Escuela de Gobierno de la Di Tella- es director del Departamento de Investigaciones del FMI y el responsable del World Economic (WEO), una publicación que se presenta como “el instrumento principal de las actividades de supervisión mundial que realiza el Fondo Monetario Internacional (FMI)”.

El WEO se edita dos veces al año – esta es la primera- y Gian María fue invitado por la Universidad Di Tella para esta única charla dada en llamar “Desafíos de la Argentina”, en la cual no hablará de Argentina.

Gian María es un clásico pronosticador y vocero teórico/ideológico del FMI. Un ejemplo: en 2015 fue el encargado de difundir en la prensa una frase que resonó más como amenaza que como predicción: “El alto crecimiento de Latinoamérica es insostenible”.

Y acá estamos.

El otro disertante es Pablo Andrés Neumeyer, al que todos llaman por su segundo nombre, teórico de la economía sistémica y autor del ensayo con el atractivo título “La devaluación indolora” que inspiró a Cambiemos. Ahora es subgerente general de Investigaciones Económicas del Banco Central y hoy elige sentarse como uno más de los 30 invitados que se acercaron al Aula Magna de la Di Tella- bautizada sin pudor “Banco Galicia”- para poder ver las diapositivas de Gian María.

“¿Quieren que hable en inglés o en spanglish?” pregunta Gian María a los concurrentes. Neumeyer, del Banco Central, bromea: “En cocoliche”.

Al norteamericano no le gusta el chiste, y arranca en spanglish: “Argentina vuelve a tener transparencia en sus números, pero eso hizo que los pronósticos del FMI y los del gobierno difieran”.

Todo índice es político.

Dice Gian María y sus gráficos: “Nuestros pronósticos de crecimiento no han sido buenos estos últimos años, pero esta vez vemos que el crecimiento mundial que se fortalece. La economía mundial se ha fortalecido en la segunda parte de 2016 y la aceleración económica va a materializarse este año”, asegura. Arriesga luego números con comas, su arma favorita: “De 3,1 crecimiento en 2016, a 3,6 este año”.

Gian María habla de una “recuperación cíclica” basada –asegura- en un crecimiento mundial originado en un desastre. Según sus palabras: “Viene de que hubo un grupo de países que la pasaron muy mal: se normaliza la economía de Brasil, de Rusia”, enumera. Y remata: “¿De dónde viene la subida? “Viene de Norteamerica”.

Gian María dice que Estados Unidos está muy cerca del “full employed”, pero inmediatamente su pronóstico optimista se nubla: remarca una “incertidumbre” respecto a la política económica, en particular la monetaria y fiscal.

Si bien asegura que Estados Unidos hará crecer al mundo, toda la charla desliza este manto de duda sobre “qué hará esta administración”. Según se desprende de la charla de Gian María, el FMI reclama más “estímulo fiscal”: “La política fiscal tiene que ser más”, dice sin completar la frase. Retoma: “El aporte fiscal a la demanda, a nuestro juicio no está (sic) en Estados Unidos”.

El juego de la charla es ése: si bien se anuncia un crecimiento, se deslizan reclamos sobre qué espera el FMI de ciertos países y se remarcan los “riesgos” de que las cosas “no salgan tan bien como en nuestras previsiones”.

¿Qué riesgos?

Responde con otra diapositiva:

• “Nos preocupa que la inversión se haga en empresas públicas que van a pérdida hace muchos años”.
• “Subir el crecimiento de largo plazo a costo de tener crecimiento de corto plazo más débil”.
• El Power Point en inglés describe las preocupaciones del FMI: “Geopolitical tensions, political discord, extreme wheater events, and terrorism”.

Geopolítica financiera

El Señor FMI divide entre los países “emergentes” -China, Turquía, Brasil, Arabia Saudita o México- y los “avanzados”, como Estados Unidos, el Reino Unido, España, Alemania, Canadá, Francia, Italia y Japón.. Aquí se da por supuesto que Argentina estaría entre los primeros, aunque no llega a las diapositivas. Es decir, en el Power Point de Gian María nunca aparece.

A su vez, la división central de estos países se hace entre exportados de materias primas (commodities) e importadores: se induce que Argentina estaría entre los primeros. “Los países productores de materias primas han tenido un desempeño macroeconómico más difícil”, dice el Señor FMI. “Particularmente para los productores de petróleo”.

Gian María muestra un gráfico en el que se muestran las “caídas abruptas” en ganancias de los países petroleros como Arabia Saudita, Kazajtan o Irán. Dice que esto genera una “tensión geopolítica”. No habla de Venezuela.

Según el Señor FMI todas las economías emergentes están en crecimiento, excepto México y Sudáfrica.

Números con comas: “El nivel de crecimiento más alto va a ser en 2018: 4.8”. ¿De dónde viene? “De países como Brasil que van de -3.6 a casi 2. De Rusia que va de -0,2 a 1.4. En 2017 los exportadores de commodities suben este año: 1.0 en 2016 a 2.3 en 2017 y 2.9 en 2018”.

Con el auditorio ya mareado, la pregunta se repite: ¿De dónde viene este crecimiento? “El crecimiento de emergentes sale de los importadores de materias primas, y de China”.

China parece ser así el gran interrogante para el FMI. Dice Gian María: el dilema es “cómo se va a ajustar”. Y aclara que no puede explicar las dinámicas del mercado interno chino. Precisa su incertidumbre: “Tiene un PIB de 12 trillones de dólares, que es igual a los 13, 14 emergentes siguientes juntos. Es decir: del tamaño de Brasil, más India, más México, Arabia Saudita, Indonesia… Y encima, es una economía muy abierta. Hay que considerarla como factor súper importante”. Vale aclarar que a partir  de setiembre de 2016 la divisa china es oficialmente parte integrante de la unidad de cuenta del FMI.

Sobre Europa, Gian María refiere a “las heridas de la crisis” y especifica los casos de Italia y España: “Hay un desempleo muy alto y con brecha de PBI importante”.

Regresa entonces a los “países avanzados”, la pirámide de este mapa: “Tienen una perspectiva de crecimiento mayor, con dólar fortalecido. La tasa de crecimiento de avanzados de 1.7 a 2.0. Y en 2018 sigue”.

Para finalizar, repite: “En 2017 se ve el patrón de subida. ¿De dónde viene la subida?” dice como para que los alumnos repitan la respuesta hoy aprendida: “Viene de Norteamérica”.

La guerra civil

Es el turno del Neumeyer, de Banco Central, que arranca devolviéndole la chicana a Gian María: “Voy a desviarme del WEO, porque por la naturaleza de la publicación, está focalizado en el corto plazo”. Neumeyer dice con sorna que los “desafíos de Argentina” no son los números con coma (“si la tasa de crecimiento es de 2,7 o 2,8, si la inflación va a ser 20 o 21 por ciento”). “El desafío es éste”, desafía y pasa a mostrar su propia diapositiva en la que muestra la relación comparada del PBI por habitante en Argentina y en Estados Unidos, de 1900 a 2010.

El mapa dibuja una caída sostenida en la parte que dice “Argentina” con una baja precipitada entre 1970 y 1990. Neumeyer se ve obligado a explicar: “Bueno, en esta etapa hubo guerras civiles, hiperinflaciones que explican esta caída abrupta”.

Replay: llama guerras civiles a las dictaduras argentinas.

Nadie se inmuta en el auditorio.

El gráficomuestra una caída similar post 2001 y un repunte entre ese año y 2010: “Acá el PBI argentino representó más de un tercio del de Estados Unidos (el gráfico dice 35%)”, concede Neumeyer, y agrega: “Pero después volvió a bajar”.

¿Cuál era el desafío? “Poner esta flechita de nuevo para arriba, creciendo”.

La diapositiva de Neumeyer está en inglés.

La siguiente dice “Bad ideas for growth” -algo así como malas ideas para el crecimiento-, y compila políticas del gobierno anterior:

• Subsidiar la energía: “Excepto para personas que lo necesitan”, aclara Neumeyer.
• El exceso de empleados en la función pública
• La prohibición de exportaciones
• Medir la educación por la construcción de infraestructura
• Pagarle poco a los funcionarios públicos
• Mala regulación del sistema bancario
• Permitir que el tipo de cambio se aprecie excesivamente

La siguiente diapositiva expone las políticas del Banco Central que él representa. Está en español y se llama “Reformas adoptadas”. Enumera:

• Estabilidad de precios.
• Régimen de metas de inflación.
• Tipo de cambio flotante.
• Tasa de interés como instrumento de política monetaria.
• Desarrollo financiero.
• Tasas de interés libres
• Crédito UVA-USD
• Desregulación
• Modernización.

Neumeyer acompaña estos títulos con explicaciones que, incluso para los no entendidos, reconocen ideológicas. Denomina “bajar los costos” a los “aumentos de salarios enormes” y describe cuál es la política del gobierno al respecto: “Los empresarios vienen al Banco Central y nos dicen: “Así no podemos competir; necesitamos licuar estos salarios, devaluación, inflación”. Entonces es necesario anclar la nominalidad para que si aumentan los salarios, en vez de quejarse en el Banco Central, bajen los costos por otro lado”.

La siguiente diapositiva suma:

• Reducción de impuesto a la exportación.
• Sacar subsidios y corrección de precios en energía.
• Programa de exteriorización de activos.

Los dos primeros puntos son claros, pero el tercero es un eufemismo que ya se hizo evidente en lo ofrecido por el presidente Mauricio Macri en su abrazo a Donald Trump: otorgar sin condiciones los recursos naturales como garantes de deuda. Las joyas de la corona, versión 2017.

A esta altura  ya no se entiende bien la conjunción de Neumeyer con Gian María del FMI, con quien ni siquiera se saludan al terminar la charla.

Cuando a Neumeyer se le acaba el speech – salpicado con palabras en inglés – le toca contestar una pregunta de un señor que arranca enojado.

El señor dice ser parte del “20 por ciento del país que le da trabajo al 80 por ciento” – se presume empresario- y que ésa es la verdadera “grieta” en Argentina. También dice que, desde ese 20 por ciento que él representa en esta charla, “no vemos nada que esté encarando el problema financiero”. Y suma: “Parte a la inflación que tenemos es parte de la baja de la productividad”.

Neumeyer se lo queda mirando, y como respuesta dice: “¿Es una pregunta o una afirmación?”

El hombre responde: “Las dos cosas”.

Y repregunta: “¿Qué piensan hacer?”.

Neumeyer calla y Gian María, del FMI, toma el micrófono.

Ya entendí todo.

Cómo la familia, amigas y vecinas lograron que sepamos qué pasó con Araceli y por qué San Martín casi se convierte en la Ciudad Juárez bonaerense.

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Info Mentiras: web, trolls y otros productos de la posverdad. La viralización de noticias falsas no es novedad, pero el caso de Araceli revela nuevas modalidades que operan en las redes con objetivos concretos. Qué hay detrás de las web truchas y los trolls que reproducen noticias podridas. Por Franco Ciancaglini

La justicia acosadora: Jueces, fiscales y machismo. Un caso emblemático: Julio César Castro, fiscal y ex responsable de la Unidad especializada en delitos de integridad sexual, está acusado de acoso laboral. La voz de la víctima. El sumario al que accedió MU. Y las historias de otros funcionarios que abusan con poder judicial. Por Florencia Alcaraz

La ciudad imposible: Inundación y después. Comodoro Rivadavia colapsó con las últimas grandes lluvias. Cuando el agua bajó lo que quedó al descubierto fue la falta de planificación urbana y los efectos del extractivismo. Barro y petróleo en esta crónica desde el fin de un mundo. Por Cynthia Francisco

6 tips para evitar el desastre: Agroecología vs. Monocultivos. Walter Pengue, ingeniero agrónomo y único científico argentino que integra el Panel Internacional de los Recursos de la ONU, es titular de la cátedra de Economía Ecológica de la UNGS y miembro del Grupo de Ecología del Paisaje y Medio Ambiente de la UBA. De esta entrevista con MU surgen las propuestas para pensar los problemas del territorio y las ciudades desde el punto de vista ambiental y social. Los Escudos Verdes y la agroecología para superar la degradación de un modelo económico sustentable. Por Sergio Ciancaglini

Pasados por agua: ¿Cambio climático o modelo productivo? Las continuas inundaciones en Argentina alertan sobre el cambio climático, pero sus efectos indican causas locales: desmontes, avance del agronegocio y pérdida de la capacidad de absorción de las napas. Las consecuencias de un modelo que desborda. Por Darío Aranda

Que no se pinche: Fábricas sin patrón. La última recuperada es una textil que fue modelo en el mundo, sorteó la crisis del 2001 y ahora fue tomada por sus trabajadores para evitar la quiebra. Pelea contra la apertura de las importaciones, pero a favor de la apertura de un nuevo mundo: el cooperativo. Por Lucas Pedulla

Hacer, contar, decir: arte y comunicación. Periodismo, filosofía, literatura, música y teatro se suben al escenario y el resultado asombra: nuevos formatos, públicos y perfomances para hacer pensar al cuerpo y mover a la cabeza. La creación como clave de comunicación. Por Lucía Aíta

El Swingazo: Mariel y Manuel, referentes de la nueva ola. Una movida que no para de crecer: música, baile, ropa de época, diversión de ida y de vuelta. Cómo nace y se hace este ritmo que traspasa generaciones. Por María del Carmen Varela

La academia: Carlos Ulanovsky, maestro de periodismo. La excusa de una investigación para un próximo libro sin fecha ni editorial lo pone en vena para analizar cómo está el periodismo hoy, y qué es lo que viene. De la Olivetti a la revolución digital, como testimoniar las épocas sin perder el eje. Por Facundo Pedrini

Además, las Crónicas del más acá de Carlos Melone, las Cartas al Poder de Susy Shock, el Diccionario Mediático Argentino del académico Pablo Marchetti, y las ilustraciones de Bruno Bauer, Frank Vega, Byron Hasky y Jorge Fantoni.

La Asamblea de Trabajadores de la Cultura (ATC), la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales (Aadet) y la Asociación Argentina de Actores (AAA), entre otras agrupaciones de artistas, se unieron para leer luego de las todas funciones en distintos escenarios porteños un comunicado en contra del negacionismo y la impunidad. La estrategia la habían implementado los artistas nucleados en Asamblea de Trabajadores de la Cultura (ATC) en los teatros independientes para exigir y lograr la renuncia del ex Ministro de Cultura Darío Lopérfido por negar la cifra de 30 mil desaparecidos. Hoy se replica y alcanza teatros comerciales y hasta instituciones oficiales como el UNA y el Teatro Cervantes. La consigna fue manifestar el repudio contra el fallo de la Corte Suprema, informar al público frente al  ocultamiento de muchos medios sobre el tema y convocar a la marcha de hoy. Los videos.

“La comunidad cultural y la escena teatral está en estado de alerta permanente. Estamos todos siguiendo mucho el tema  porque leemos desde el comienzo de los dichos de Lopérfido que hay una avanzada negacionista”, dice a lavaca Juan Pablo Gómez, director y activo participante de Asamblea de Trabajadores de la Cultura. Y agrega el por qué les resulta una buena herramienta de difusión este tipo de acciones: “Aprovechamos nuestra situación de tener público en frente. Esta es una forma de contrarrestar y  oponerse aunque sea modestamente al dispositivo mediático que hay cosas que no las cubre, no les da importancia o las omite de manera maliciosa. Por eso, nosotros que tenemos cierto estatuto público por ser artistas o hacer obras con cierto reconocimiento, aprovechamos esa situación para poder  comunicar las cosas que nos parecen importantes”.

Juan Pablo cuenta que esta vez no surgió de ellos mismos la iniciativa: “Nos parece interesante que surja la iniciativa de cualquier grupo. Que no haya ningún tipo de preminencia o propiedad de quién lo inicia. Cualquiera que da el puntapié, el resto de los artistas y trabajadores culturales nos sumamos”.

Ese potente efecto de contagio de la denuncia hizo que un gran número de instituciones, obras y compañías de arte escénico se sumaran a comunicar que no quieren genocidas libres e invitar a movilizarse.

Entre las que se sumaron e intervinieron están: Invencible, Multiteatro, Ciclo Lo Policial, Vera Vera Teatro, La omisión de la familia Coleman, Metropolitan, Anoche en Tierra Partida, La Carpintería, Artaud, Teatro Beckett, Gimnastas,  Centro Cultural Recoleta, I.D.I.O.T.A,  El Picadero, Terrenal, Teatro del Pueblo, entre muchas otras.  Terrenal, de Mauricio Kartun; La Terquedad, de Rafael Spregelburd; y El ritmo (prueba 5), de Matías Feldman. También se sumaron I.D.I.O.T.A., El ardor, La guiada, Horror Vacui, Desamapola, Tarascones, Artaud, Parte de este mundo, El cuerpo de Ofelia, El relojero, La guiada, La señorita Julia, Tierra partida, La Tempestad, Diarios del odio, Tiper Tap y No me pienso morir, entre otras. Hubo lecturas en el Teatro Nacional Cervantes, que depende del gobierno nacional, y en el Regio y Sarmiento, a cargo del ejecutivo de la ciudad. También en la Universidad Nacional de las Artes.

Luego de cada función los artistas y actores leyeron estas líneas:

Los trabajadores de cultura repudiamos la reducción de la pena en casos de delitos de lesa humanidad. Con este fallo y a través de una aplicación falaz del mecanismo 2×1 tres jueces de la Corte Suprema de Justicia sientan un gravísimo precedente para la convivencia democrática. Amparados en el clima negacionista  que muchos funcionarios del gobierno nacional pretenden instalar, se equipara terrorismo de estado a delitos comunes y se banalizan las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Invitamos a la sociedad en su conjunto a acompañar al acto de repudio convocado por los organismos de Derechos Humanos el miércoles 10 a las 18 horas en Plaza de Mayo. Porque lo que no se juzga y condena, se repite. Los Derechos Humanos son nuestra cultura. #GenocidasALaCarcelDePorVida #NuncaMas

Los artistas invitan a concentrarse en la sede de esta última, en Adolfo Alsina 1762 a las 17 horas. Desde ahí, los artistas marcharán a Plaza de Mayo bajo la bandera: “Cultura Libre de Negacionismo”

La sociedad repudió y hoy se moviliza. El Congreso votó un proyecto para excluir del beneficio a genocidas. Qué hizo la justicia con los represores que ya pidieron el beneficio del 2×1. 

El repudio al fallo de la Corte Suprema que habilitó el beneficio del 2×1 al represor Luis Muiña -civil integrante del “Grupo Swat” que operó en el Hospital Posadas durante la última dictadura cívico-militar, condenado a 13 años de prisión en 2011- deja en claro que el Nunca Más no es una frase ni un concepto vacío, sino  la fiel construcción que a lo largo de 41 años los organismos de derechos humanos han impreso en la sociedad argentina, que de forma masiva manifestará esta tarde el rechazo a la impunidad. Ese fuego creció día a día luego del fallo supremo a medida que diversos represores exigían la aplicación del beneficio del 2×1. Algunos fueron rechazados, otros aún no tuvieron respuesta. Aquí ofrecemos un repaso de algunos de ellos.

Rechazados

1. El Tribunal Oral Federal de San Juan, con las firmas de los jueces Héctor Cortes, Alejandro Piña y Raúl Fourcade, declaró “inconstitucional” el pedido del represor Alejando Víctor Manuel Lazo para que se le aplique la ley del 2×1 en el cómputo de la pena por delitos de lesa humanidad por la que está condenado desde 2013. El TOF resolvió “declarar inconstitucional e inaplicable al caso el artículo 7 de la Ley 24,390, en su redacción originaria, por ser contrario al artículo 16 de la Constitución Nacional”. Lazo es un exsuboficial mayor del Ejército condenado a 10 años de prisión por:

• Privación ilegítima de la libertad abusiva agravada por el uso de la violencia y amenazas y por la duración de un más de un mes de detención.
• Tormentos agravados por haber sido cometidos en su carácter de funcionario público y en perjuicio de una perseguida política.
• Concurso ideal con abuso deshonesto.
• Asociación ilícita.

El fiscal de la causa Francisco Maldonado también rechazó el pedido, ya que sostuvo que “no puede obviarse la evidente injusticia que implica utilizar este mecanismo legislativo para beneficiar a quienes en la época de la vigencia de esta ley no se encontraba ni siquiera imputados por cuanto se encontraban gozando de una impunidad otorgada precisamente por los instrumentos normativos como las leyes de Obediencia Debida y Punto Final”. Además, agregó que “la CIDH es enfática en la necesidad de investigar y enjuiciar esta clase de delitos y que son improcedentes los actos que impliquen renuncia a tales fines”.

2. El Tribunal Oral Federal N°5 –integrado por Adriana Pallioti, Gabriel Nardiello y Oscar Hergott- rechazó el pedido de reducción de pena de Héctor Girbone, exteniente de Campo de Mayo condenado en 2014 a 8 años de prisión por la apropiación de Pablo Gaona Miranda. Fue el primer represor que recibió el rechazo de la Justicia por el 2×1.

3. El Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza rechazó un segundo pedido de excarcelación de Hugo Ramón Trentini Coletti, condenado el 19 de abril a prisión perpetua por tres homicidios y 14 casos de secuestros y torturas en la “Megacausa San Rafael”. Los jueces Fátima Ruiz López, Gretel Diamante y Marcelo Grosso señalaron que “los motivos argüidos por la defensa de Coletti suponen un pretexto de la interpretación de un fallo de la CSJN, una derivación inaceptable sobre el derecho vigente en la actualidad”. Además, sostuvieron que “los forzados argumentos con que la defensa pretende el otorgamiento de la excarcelación de Trentini no resisten el menor análisis y sólo se sostienen en una generalizada y múltiple aplicación del ´dos por uno´, que el letrado intenta fundar en el renacer de las leyes que en el caso carecen de vigencia”.

4. El TOF N°5 (mismo tribunal del fallo Girbone, pero integrado esta vez Adriana Pallioti y Leopoldo Bruglia) también rechazó el pedido de 2×1 presentado por Jorge Magnacco, el exmédico de la Armada que hacía los partos en la ESMA, condenado a 10 años por el plan sistemático de apropiación de ninxs. Gozó de libertad condicional hasta 2013, pero la Cámara de Casación la revocó y lo envió a cárcel común luego de ser observado en un shopping. Hoy está siendo juzgado en el juicio por los secuestros, torturas, violaciones y desapariciones en ese centro clandestino.

5. El Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza –a través de los fallos de los jueces Fátima Ruiz López y Marcelo Grosso- rechazó el pedido de 2×1 de Norberto Ernesto Mercado Laconi, exoficial principal de la Unidad Regional II, quien está siendo juzgado en el marco de la megacausa por crímenes de lesa humanidad en San Rafael. Sobre Mercado Laconi pesa un pedido de ocho años prisión: los fiscales Dante Vega y Pablo Garciarena lo acusaron como autor material de ocho hechos de privación abusiva de libertad agravada y asociación ilícita en carácter de jefe u organizador. En su resolución, los jueces hicieron lugar al dictamen previo del fiscal Garciarena, que no sólo había solicitado el rechazo sino también fustigó a la defensa por “la absoluta falta de seriedad del planteo formulado”.  El fiscal subrayó que el abogado defensor del represor admitió en la audiencia que había leído el fallo del a Corte y criticó que no explicara -“siquiera mínimamente”- las razones por las que el “Fallo Muiña” puede resultar aplicable en este caso.

Pedidas

1. El excapitán del Ejército y apropiador de Francisco Madariaga, Víctor Gallo, fue el primer represor que se presentó ante la Justicia para reclamar el beneficio del 2×1 luego del “Fallo Muiña”. Gallo también fue miembro del Batallón 601 y carapintada El Tribunal Oral Federal N°6 condenó a Gallo en 2012 a 15 de prisión en el juicio por el plan sistemático de apropiación de bebés. En 2016 se le otorgó una pena única de 25 años al reunificarla con otras sentencias anteriores.  El Tribunal aún no se expidió.
2. Arnaldo “Chubi” López cumple cadena perpetua por 280 homicidios calificados y 383 secuestros luego que el Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba lo condenó en 2016 a prisión perpetua en el marco de la megacausa “La Perla-La Ribera”. Al recibir la sentencia, amenazó al gobernador Juan Schiaretti: “Los vamos a secuestrar”. Es el primer represor cordobés que solicitó ante la Justicia Federal la aplicación de la ley 2×1 luego del fallo de la Corte Suprema. La Justicia aún no se expidió
3. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata condenó en 2014 a 13 años de prisión al veterinario Claudio Raúl Grande en el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino “La Cacha”. Grande era Personal Civil de Inteligencia (PCI) en el Destacamento 101 del Ejército, órgano militar de la subzona militar 11. Según La Nación, solicitó la aplicación del 2×1. La Justicia aún no se expidió.
4. El represor Carlos Eduardo Trucco, condenado en diciembre de 2013 a 14 años de prisión en la megacausa denominada “Arsenales II-Jefatura de Policía II”, presentó un pedido ante el Tribunal Oral Federal de Tucumán (integrado por Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Reynaga) para beneficiarse por el 2×1. Sin embargo, el fiscal federal Pablo Camuña presentó un escrito ante el Tribunal en el que subraya enfáticamente que “la interpretación que dio la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la sentencia del caso ‘Muiña’ no es aplicable al caso”. Trucco se suma a los 42 genocidas que en Tucumán pidieron beneficiarse por el 2×1. 5) Según confirmó La Nación, el exdirector de investigaciones de la Policía Bonarense, Miguel Etchecolatz (principal sospechoso por la segunda desaparición del testigo Jorge Julio López), y el sacerdote Christian Federico Von Wernich (primer miembro de la Iglesia Católica condenado por delitos de lesa humanidad) también solicitaron que se les aplique el beneficio. Ambos pedidos fueron realizados al Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata.

Concedidas

El juez del Juzgado Federal N°1 de Bahía Blanca, Walter López da Silva, otorgó la prisión domiciliaria a Osvaldo Omar Pallero, civil procesado en 2015 como miembro de la Triple A en el distrito. El juez invocó el fallo de la Corte Suprema: “En ese sentido se expresó también el Máximo Tribunal de la Nación tan sólo 2 días atrás cuando sostuvo que ´la mejor respuesta que una sociedad respetuosa de la ley puede darle a la comisión de delitos de lesa humanidad y la única manera efectiva y principista de no parecerse a aquello que se combate y se reprueba es el estricto cumplimiento de las leyes de los principios que caracterizan el Estado de Derecho´”. Pallero, según el procesamiento del juez federal Alejo Ramos Padilla, integró una asociación ilícita destinada a la eliminación, “mediante el uso de la violencia y la intimidación, de toda expresión de activismo político, estudiantil, laboral y gremial contraria a sus ideas”. Integraba el cuerpo de “vigilancia y seguridad” que había conformado el interventor Remus Tetu en la Universidad Nacional del Sur (UNS). Tras un año y medio detenido reclamó la prisión domiciliaria por cuestiones de salud. Tiene 74 años.

Organizaciones de derechos humanos y autoconvocados. Niños, jóvenes y abuelos. Pañuelos y carteles. Más de medio millón de personas llegaron hasta la Plaza de Mayo para repudiar el fallo de la Corte que habilita el 2×1 a genocidas en una movlización histórica. Voces y ecos de un pueblo en la calle.

“Teque teque, toca toca. La justicia está re loca. La memoria es del pueblo: 2×1 las pelotas”. Un grupo de jóvenes salta al ritmo de la canción. No están contentos ni enojados: cantan. Y gritan desafiantes que la memora, histórica, se hace carne en ellos sub dictadura y en esta marcha de más de medio millón de personas que se unió para gritar: Nunca más ningún genocida suelto. El fallo de la Corte Suprema que habilitó el beneficio del 2×1 al represor Luis Muiña desató todo tipo de expresiones de repudio que derivaron en una gran marcha convocada por los organismos de derechos humanos y a la que se sumaron mayoría de autoconvocados. Todo el mundo quería llegar a la plaza, y por eso estalló. Nadie decía “qué barbaridad”: “No al 2×1” atravesaba todos los carteles y banderas. Desde el escenario, discursos emotivos aunaron los cantos y oídos dispersos:

• “Afortunadamente la sociedad ha reaccionado con firmeza. Numerosos jueces han rechazado los pedidos de reducción de pena y excarcelación a muchos de los represores condenados por delitos de lesa humanidad. Hoy los legisladores aprobaron una ley que busca frenar la aplicación del 2×1 a genocidas y represores. Estas decisiones nos llenan de esperanza y gratitud”, dijo Estela de Carlotto, de Abuelas.
• “No queremos convivir con los asesinos más sangrientos de nuestra historia”, sintetizó Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Enseguida, el agite de los 30 mil pañuelos que se repartieron, en el aire, como símbolo de de los 30 Mil que se siguen multiplicando. El pañuelo blanco de las Madres en un niño de hombros, en un obrero, en una mujer con su hijo en mano, en los jóvenes que saltan y cantan: “La memoria es del pueblo”.

Despertar

En un recoveco de la calle Perú, casi al costado de la estación de subte, descansa Nadia, 30 años, licenciada en Administración y trabajadora del Estado, con un pañuelo blanco atado al cuello. “Es insostenible, y por eso vengo”, dice sobre el fallo, mientras la multitud avanza. “Esta es la gota que rebasó: traspasa cuestiones políticas. Están tocando una fibra muy profunda en la historia Argentina. El fallo de la Corte es angustiante y nos alarma muchísimo. Por eso estoy sorprendida y agradecida por toda la gente que hay hoy. Es una muestra: nos estamos despertando”.

Nadia resume con emoción el estado de ánimo de estos siete días: a una semana del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que habilitó el beneficio del 2×1 al represor Luis Muiña -civil integrante del “Grupo Swat” que operó en el Hospital Posadas durante la última dictadura cívico-militar, condenado a 13 años de prisión en 2011-, el repudio unánime que escaló desde los organismos de derechos humanos y laceró la memoria social hasta obligar al propio Gobierno nacional a rechazar la decisión judicial, se trasladó este miércoles en una masiva movilización a Plaza de Mayo que dejó en claro el contundente respaldo al Nunca Más. Desde el escenario calcularon medio millón de personas en las calles porteñas, que se suman a las movilizaciones en Córdoba, Santa Cruz, Mar del Plata, Colón, Neuquén, San Luis, Formosa, Río Grande, Puerto Pirámides, Santa Fe, Rosario, Usuahia y la lista sigue hasta cada ciudad del país. Más de medio millón.

Cómo fue

La gravedad del fallo firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz y Elena Highton de Nolasco -con las disidencias de Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda- aumentó día a día a medida que diversos genocidas condenados por delitos de lesa humanidad exigían a la Justicia la aplicación del mismo beneficio que dictaminó la Corte. La situación empujó a que las dos marchas convocadas esta semana se unificaran en una sola que comenzará a las 18 horas. El esquema quedó así:

• El Encuentro Memoria Verdad y Justicia ingresó por Diagonal Norte.
• Las organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles, por Avenida de Mayo.
• Los partidos políticos llegaron por Diagonal Sur.

http://www.lavaca.org/notas/que-hizo-la-justicia-con-los-represores-que-pidieron-el-2×1/ Piensa Nadia: “Es imposible que una persona, tres, un gobernante o una corte pueda tomar una decisión así. Es simplemente imposible. Supera cuestiones políticas: yo nací en democracia, pero se me hiela la piel cuando estoy acá porque traspasa generaciones. Mis viejos pasaron la dictadura, sus amigos también, por eso hoy nosotros también que estar acá y decir una palabra: presente”.

Lo inconcebible

Por Avenida de Mayo, junto a su familia, marcha Josefina Casado, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo. Muestra su pañuelo blanco a lavaca: “Mi mamá bordó este pañuelo en el´78 por sus dos hijos desaparecidos junto a sus compañeras: las dos estaban embarazadas”. Su madre era María Josefina Fracchia de Casado: “Vivía en Azul, se tomaba el colectivo después de la oficia y venía en colectivo a la Plaza. Después se iba”. Sus hijos desaparecidos son Gaspar Onofre Casado y María Segunda Casado Fracchia Frías. “Recuperamos uno solo de los chicos, a mi sobrino Sebastián (hijo de Gaspar y de su compañera Adriana Tasca, también desaparecida), en 2006”.

-¿Qué significa para usted esta movilización?

-Demuestra lo inconcebible. No queremos genocidas en la calle: es tan simple como eso. Mucho nos tenemos que bancar las domiciliarias, los jueces blancos, que los genocidas se mueran sin ser condenados, que sean excarcelados. Cuesta muchísimo armar las causas, años. Muchos están prófugos, muchos no pudieron condenarse por falta de pruebas y otros porque tarda la Justicia. ¿Y nos hablan de venganza? El juicio y castigo en cárcel común es limitado a los casos que se pudieron demostrar. No vamos a permitir que, encima, los liberen por el 2×1. No tienen límites. Nosotros sí.

El terror en el cuerpo

Las oradoras del acto son Taty Almeida y Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora), Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo) y Lita Boitano (Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas). En un comunicado leído en conjunto repudiaron el fallo, criticaron a cada uno de los jueces y celebraron los tribunales que hasta el momento se han negado a aplicar el beneficio a los genocidas. “Estamos hablando de quienes hicieron desaparecer por segunda vez a Jorge Julio López”, dice Lita Boitano.

En diversos puntos se repartieron 30 mil pañuelos blancos que lxs organizadorxs pidieron usar atados al cuello y levantarlos en alto durante el discurso central. La imagen se congelará en la retina de cada uno de las personas que estuvo en la Plaza.

“Aquí están los 30 mil”, celebra Taty Almedia.

“Aquí estamos, alzando nuestra voz contra el olvido”, dice Estela de Carlotto.

Nora Cortiñas ruge: “30 mil compañeros detenidos desaparecidos”. “¡Presentes!”, grita toda la Plaza y más allá.

Una de las que levanta el puño en alto, con pañuelo blanco en su cuello, es Cecilia Rodriguez, 56 años, quien repite la palabra de este tiempo: “Es tremendo”. Piensa: “Es muy triste lo que hemos vivido. Aquí hay mucha gente de nuestra edad, de nuestra época. Acá estamos todos los que vivimos sabiendo que estaban torturando gente de nuestra generación, que los estaban desapareciendo, que les estaban quitando a sus hijos. Y están los jóvenes, que heredan y defienden todo esto”.

La herencia

Por la calle pasan banderas de CTERA, SUTEBA, Fesprosa, La Garganta Poderosa, Aeronáuticos, CGT, CTA, ATE, UOCRA, SUTBA, SIPREBA, Carta Abierta, FUBA, centros de estudiantes, FIT, AGD-UBA, Unidos y Organizados, CCC, MST, y se pierden hasta el infinito. Son cientos, miles, junto a los puntitos que son personas que colapsan los sistemas públicos de transporte para volver a sus casas. Cantando. Quimelén, 28 años, bailarina y docente, está sentada sobre una estructura en la que es capaz de ver la movilización desde arriba, y dice: “Vine con mi familia pero la perdí”. ¿Por qué vino? “Por que somos una generación que no podemos permitirlo. Esto que estamos viendo, esta movilización, significa nuestra herencia. Yo me puse hoy un pañuelo blanco en la cabeza: es el momento en el que nos toca agarrar la posta”.

El etnógrafo, de Ulises Rosell (2012, Argentina)

El antropólogo inglés John Palmer llegó a Salta en 1974 para terminar su tesis doctoral para la universidad de Oxford. Conoció  la comunidad wichi Lapacho Mocho (Hoktek t´oi) cerca de Tartagal y de desde entonces vive allí. Lo aceptaron como parte de la comunidad, se casó con Tojueia, tuvo cinco hijos y se convirtió en una suerte de representante legal frente a los constantes atropellos y desmontes sobre sus tierras.

El etnógrafo encuentra en los pliegues del punto de vista un fundamento ético antes que antropológico: Palmer mira a la comunidad Lapacho Mocho, la cámara mira a Palmer, nosotros miramos las imágenes. En  esa cadena de espectadores que distancia al observador del observado-de ese modo diluye parcialmente el lugar de poder del que mira -se produce sin embargo una cercanía sensorial, haciendo de los rostros y las voces los verdaderos protagonistas de la película. “Hay que convertir al sujeto de denuncia en sujeto de relato” dice Uilses Rosell, director de El etnógrafo.

El tono intimista no aleja al documental de las complejidades político-culturales que asechan a la comunidad.  La historia de Qa´tu, preso por tener una hija con Teodora (ella es menor de edad, pero según las reglas de la comunidad la mujer puede tener hijos y vida sexual si así lo desea después de la primera menstruación, además de que es ella la que elige su cónyuge, no el hombre), pone en tensión la formas jurídicas del Estado y la moral occidental con las normas culturales wichis. El Estado se convierte así en una maquinaria de condena:  en la escuela denuncian el embarazo, en el hospital lo confirman como violación, en la cárcel termina Qa´tu, que ni siquiera habla bien el castellano como para defenderse. Por otro lado, la quema de pastizales y la llegada de topadoras a sus tierras anuncia el asecho de las grandes multinacionales sobre esos territorios.

En medio de ese pequeño territorio que lidia con la opresión estatal y de las empresas extractivistas,  están esas personas que hablan entre el inglés, el dialecto wichi y el castellano.

La cámara como dispositivo antropológico está ahí, a la distancia justa para evitar la fascinación por lo exótico y cualquier forma de paternalismo entre el cuerpo que mira y el cuerpo que es mirado. Pero hay un detalle: los wichis no miran a los ojos cuando hablan. Y técnicamente no hablan: susurran. La película documenta la presencia histórica de esa forma de la voz, la existencia de esas suaves modulaciones de tonos que hacen a la comunicación, sin gritos ni énfasis, y que mantienen la calma- los decibeles- y la entereza sea frente a un incendio intencionado, una injusticia o una cámara.

El ojo es fácil de domesticar. El etnógrafo es un documental sobre el sonido. Sobre el sonido del cuerpo.

Mirala acá

La causa que investiga la muerte de María de los Ángeles Paris, bibliotecaria en dos escuelas de Rosario, acumula más preguntas que respuestas. Lo único concreto es que la mujer murió adentro de la comisaría y esposada, pero en la causa y los medios prima la versión policial. La familia y organizaciones de derechos humanos reclaman que se aparte a la policía de la investigación y se contemple la mala actuación de los efectivos como “violencia institucional”.

María de los Ángeles Paris, bibliotecaria del Complejo Educativo Francisco de Gurruchaga y de la Técnica 464, llegó el miércoles 3 de mayo a la Comisaría 10 del barrio Alberdi, en Rosario, para denunciar un intento de robo. A partir de este momento la secuencia de los hechos es difusa.  Si bien prima la versión policial, lo único cierto es que la mujer murió adentro de la comisaría y esposada. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario, la Asociación de Magisterios de Santa Fe (AMSAFE) y la cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) presentaron un escrito ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el que exigen el cumplimiento de los estándares y obligaciones internacionales para resolver el caso.

“La certeza es que María de los Angeles fallece adentro de la comisaria, esposada”, dice a lavaca Daniela Vergara, secretaria de Derechos Humanos de la AMSAFE.  “Hubo otras situaciones, como traerla de vuelta de la calle cuando ella se había retirado de la comisaria, que resultan sospechosas. Por eso señalamos que eso es un acto de violencia institucional y de una alta gravedad”.

La policía dio su versión a los medios. Según La Capital, el parte policial indica que Paris escapó de la comisaría “visiblemente alterada”, por lo que “un par de agentes la salieron a buscar y bajo la presencia de testigos la detuvieron, por el estado de alteración que sufría”. Los policías no llevaron a la mujer a un hospital, sino nuevamente a la seccional. Según el artículo, los efectivos hablaron con un familiar de Paris con quien “acordaron trasladar a la mujer a su domicilio”, pero en el trayecto, a bordo del patrullero, “se alteró nuevamente y fue regresada a la comisaría, donde la dejaron sola en un cuarto aislado”. Luego, “no se sabe cuánto tiempo, la mujer se calmó, pero cuando un agente fue a verla, pasadas las 22, la halló sin vida, aparentemente producto de un paro cardiorrespiratorio”.

Para AMSAFE, incluso la versión policial inculpa a los efectivos: “Hacemos cargo de esto a la policía provincial, a la comisaria 10, al Ministerio de Seguridad y al gobierno provincial de Santa Fe. Más allá de lo que estén intentando decir oficialmente, que si tuvo una descompensación o tuvo problemas en la calle, lo cierto es el hecho que tuvo que reconocer la policía: María estuvo en carácter de esposada, nosotros decimos privada de su libertad””.

El abogado Enrique Font, titular de la cátedra de la UNR, dijo que “en el propio relato policial se manifestó que la mujer fue reingresada a la comisaría por la fuerza, la intentaron contener, la esposaron y la encerraron en un cuarto”, y subrayó que “está probado” que Paris murió una privación ilegítima de la libertad. En ese sentido, exigió al fiscal Luis Chiappa Pietra (Unidad de Homicidios Dolosos) que se investigue cómo, por qué y a qué hora llegó la mujer a la Comisaría 10, ya que ella “no vive ni trabaja allí”.

El abogado de la APDH Rosario, Sebastián Sancevich, dijo a lavaca que los policías aún no fueron apartados y que la causa, hasta el momento, no está caratulada. “Estamos consternados por la situación y reclamando justicia ante la brutalidad del hecho. Vamos a solicitar una nueva reunión con la fiscalía para que nos explique el avance de la investigación”.

La presentación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Amsafé y la cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario (UNR)

El Ministerio Público pidió en un informe que “no se tome ninguna medida por el momento” respecto a los efectivos de la Comisaría hasta que se conozca el resultado de la autopsia. Un informe preliminar del Instituto Médico Legal arrojó que “no se detectaron lesiones en la zona del cuello y tampoco lesiones internas; y que la causa de fallecimiento en primera instancia sería un paro cardiorrespiratorio posiblemente generado por la ingesta de alguna sustancia”.

La APDH, AMSAFE y la cátedra de Criminología de la UNR exigieron que se investiguen “presuntos tratos crueles inhumanos y degradantes al momento de la detención”, ya que al no hacerlo “genera el riesgo de perder pruebas esenciales para el esclarecimiento de la mujer Paris en una dependencia policial y determinar la responsabilidad de los funcionarios policiales”. Mediante un comunicado, AMSAFE pidió que el Gobierno provincial y el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, que activen todos los medios necesarios para esclarecer la muerte.

“Eso implica apartar a la policía de la investigación e investigar todas las hipótesis”, dijo el abogado Sancevich a lavaca.

La profundidad de este sistema, que concentra la economía, empobrece a la sociedad, contamina y enferma, va mucho más allá del mercado sojero y minero. El periodista y escritor uruguayo Raúl Zibechi nos relata desde Montevideo cómo esta fórmula se replica en el día a día: en las inversiones, en las mujeres, en la salud y hasta en el fútbol. Un modelo de especulación que se basa en el robo.

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El mensaje político y poético que escribió la sociedad argentina el miércoles pasado fue claro, fue histórico y fue bello. Una mirada sobre lo que hicimos juntas, juntos, el 10M.

Tuvo que ser en mayo y tuvo que ser en esa Plaza porque así escribe este país la Historia de su independencia. Lo que hicimos juntos el 10M tiene el sello de las acciones que caracterizan la batalla de nuestra sociedad contra la impunidad del poder.

Quinientas mil personas de pie, los pañuelos blancos, el Nunca Más.

Ese poder de síntesis es político y es poético y es ético.

Es también preventivo: un anti 19 y 20 de diciembre, en el sentido de advertir, en forma contundente y sin dejar lugar a dudas, un enorme y unívoco “así no”.

Dicho esto, la sociedad argentina tiene ahora el mismo abanico de problemas, enigmas y conflictos, pero algo enorme cambió: el piso sobre el cual batallarlos. No es un piso que comenzara a construirse el miércoles pasado, por supuesto, pero si el piso que el 10M reafirmó, defendió y, fundamentalmente, recordó al poder que pretendió ignorarlo.

Ese poder no es cualquiera. Todos los gobiernos han abusado de la Corte Suprema con idéntica intención de control, pero convengamos que desde que asumió Mauricio Macri, quedó en evidencia que jueces, servicios de inteligencia y medios han constituido una relación promiscua y peligrosa, que sustituyó a la política por las operaciones y a la justicia por la condena mediática. En este sentido, la contundente manifestación del 10M fue también un anti Efecto Dilma: una forma de prevenir que el veneno mediático-judicial intoxique a la democracia.

Que a un bochornoso fallo a la Corte Suprema se le haya respondido con una masiva movilización a Plaza de Mayo representa también dejar en evidencia que la independencia de poderes estaba en serio riesgo y que su pornográfico control estaba en pocas manos. Fue, también, una forma de poner en acto el “somos todas estas personas” las que estamos de acuerdo en algo básico: la democracia. Así plantadas, una al lado de las otras, con los pañuelos en alto, interrogaron sin palabras al poder: ¿Quiénes son ustedes? No es una pregunta retórica, sino el núcleo central de los conflictos que hoy sacuden a  las democracias representativas. Esta enorme movilización le recordó a instituciones y representantes, su lugar y a la democracia representativa, su sentido.

Sin duda, los años nos ayudarán a darle dimensión a lo que hicimos juntos este 10M, pero sin dudas también entre los trazos gruesos de esta gesta resaltará que el mensaje que la sociedad emitió este 10M es Plaza de Mayo fue histórico, pero también fue hermoso. Su contenido fue trascendente y su forma fue impactante.

También resaltará que más de 500 mil personas autoconvocadas llegaron, se plantaron y se fueron sin protagonizar un solo disturbio ni atropello.

Y que apuntaron al cielo con los pañuelos -tal como quedó registrado en esa foto perfecta que pintó Eitan Abramovich, reportero de la agencia AFP- para recuperar el sentido de la política, su poder de transformación.

En momentos en que se intenta justificar lo que nos pasa con la mera gestión de lo que hay, la sociedad argentina nos recordó el valor político, el poder transformador y la belleza de los sueños.

Nos recordó también que Nunca Más es nuestro piso, pero también nuestro cielo, porque eso son las utopías políticas.

Por todo esto, lo que hicimos juntos el 10M fue más que una movilización, una marcha o un acto.

Fue abrazo.

Carlos Ulanovksy revela en esta nota una historia inédita: la de Radio Liberty, que emitía en inglés y desde Buenos Aires mensajes que intentaban desalentar a las tropas inglesas. El caso sale a la luz gracias a la desclasificación de archivos secretos de la última década y a partir de la investigación “La Batalla del aire” de Diego Rodríguez. Cómo se desató “la guerra de las ondas” y los testimonios de algunos de sus protagonistas.

Por Carlos Ulanovsky para lavaca.org

Mientras se prolongó la guerra de Malvinas la radio fue, para ambos bandos, un arma más. Los especialistas convocados para generar sus contenidos eran una clase de particulares soldados quienes encargados del llamado “control de la subjetividad”.

Desde el lado de la inteligencia militar argentina la radio la manejaba el Ejército con escaso acuerdo y relativo apoyo de Aeronáutica y Marina, fuerzas que desde sus Estados Mayores Conjuntos hicieron lo posible para desacreditar la iniciativa. Según revela la investigación de Diego Rodríguez realizada para la maestría en periodismo documental de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, la “guerra de ondas” tenía varios propósitos:

• Llegar a los combatientes británicos con el fin de generarles nostalgias y quebrantos mediante una clase de mensajes que despertaran fuertes emociones y consecuentes rápidos resultados.
• Generar en los enemigos, y a través de la interpretación de noticias con agregados irónicos, el propósito disuasorio de participar en la acción bélica.
• Provocar también sentimientos desmoralizantes, pero cuidando el límite de no herir sus susceptibilidades.

Liberty no tenía informativos, pero sí hacía interpretaciones condicionadas de las noticias, con bloques hablados en tono coloquial que no superaban los cinco minutos de duración. Uno de esos recursos, con los que se intentaba amedrentar a los combatientes del Reino Unidos, fue la utilización de una voz femenina, identificada como Miss Liberty. Según advirtió y publicó en su momento la agencia española EFE, Miss Liberty se dirigía a los ingleses con un “deliberado tono erótico”.

Mientras duró la guerra (72 días) estuvo presente en el aire en 69 ocasiones. Radio Liberty se grababa en los estudios de Radio Municipal -en el noveno piso de Sarmiento al 1500- y se emitía desde Radio Nacional, a través del equipamiento de Radiodifusión Argentina al Exterior (RAE). Salía al aire en inglés por las ondas cortas en frecuencias que se cambiaban permanentemente para evitar interferencias. Tenía un único programa diario, de 50 minutos de duración que se repetía a lo largo de cada jornada. El antecedente de esta clase de emisoras data de la Segunda Guerra Mundial cuando casi todas las potencias apelaron a la instalación de las clandestinas “radios negras”.

En este tono y con algunos de estos argumentos Miss Liberty se dirigía a las tropas que venían del norte y se acercaban al sur.

“Ya nos conocemos. Yo soy Libertad, vos sos Tommy, sos hincha del Tottenham Hotspur. En este momento estás navegando en alta mar, así que he decidido hacerte compañía. ¿Te acordás de tu ciudad natal? (se escuchan campanadas del tradicional reloj Big Ben).¿Hace mucho que no lo escuchás? Estás muy lejos de las cosas que amás, familia, amigos, pero no quiero que estés tan solo y te voy a acompañar en este tramo”.

Otra emisión decía:

“Hola, soy Libertad. He decidido mostrarme desde un lugar que está muy lejos de ustedes y muy cerca de nosotros. Soy Malvinas y las Islas Georgias del Sur. Soy una voz, un espíritu, una nación, soy quien hoy puede decir, orgullosamente, que cuando Argentina habla el mundo escucha”.

La “acción psicológica” local tuvo otras referencias. Apenas las Fuerzas Armadas argentinas pisaron la isla tomaron la Falkland’s Islands Broadcasting Station y desde allí, rápidamente rebautizada LRA 60 Radio Nacional Malvinas, comunicaron la inicial rendición inglesa. En la tarea también colaboró RAE, que desde el mismo 2 de abril levantó completamente su programación y dedicó el espacio a contar a los lugares del mundo a los que llegaba la sorprendente recuperación. En forma esporádica, las fuerzas argentinas contaron con la colaboración expresa de radioaficionados, en especial muchos que operaban desde Córdoba.

Los ingleses también apelaron a la radio, como vocera de sus propios movimientos y con un mensaje que, en cualquier caso, imitaba el objetivo de Liberty: atemorizar a la tropa argentina con el argumento – bastante justificado– de la muy desigual condición militar de uno y de otro bando. La estación rival de Liberty se llamó Radio Atlántico del Sur y también llegaba a los soldados británicos para insuflarles ánimo, y a los habitantes permanentes de las islas para moderar su razonable inquietud. La información ya desclasificada reveló que el Reino Unido recibió también ayuda de parte de emisoras de onda corta que transmitían desde zonas de Chile y de Uruguay. La muy prestigiosa BBC, de Londres, que por entonces se contactaba con el mundo en 44 lenguas no inglesas (la RAE lo hacía en siete lenguas no españolas) sufrió en esos días serias contradicciones éticas. Presionada por las exigencias de censura y propaganda que le imponían la primer ministro Margaret Thatcher y el Ministerio de Defensa inglés, y entendiendo que tales limitaciones lesionaban su tradicional línea informativa, la emisora pública decidió cancelar por completo sus despachos sobre la marcha de la guerra en el Atlántico Sur. De modo que mientras la sociedad argentina recibía información viciada por mentiras y triunfalismo, la británica se conformaba con documentos oficiales que les llegaban con enorme retraso.

Los protagonistas

Rodríguez buscó conectarse con quienes habían participado en Radio Liberty, con suerte diversa.

Enrique Alejandro Mancini fue el primer personal civil al que las autoridades militares contactaron para que, como profesional y conocedor del medio, se ocupara de reclutar el personal necesario para la puesta en el aire de Liberty. Durante la temporada 1982 tenía a su cargo ciclos en Radio El Mundo y en ATC. Mancini , que había realizado un curso de “corresponsal de guerra” aceptó la tarea para la que lo eligió la autoridad militar , primero como musicalizador y posteriormente como director artístico. Rodríguez no pudo ubicar archivos sonoros en los que apareciera Mancini en el mismo momento de la guerra, salvo los de una entrevista que Omar Somma le hizo por Radio Provincia hablando de su participación en Liberty. El locutor y conductor de radio y televisión fallecido en 2008 dice en esa entrevista: “El que habíamos elegido no era un mensaje enardecido. Era acción psicológica, que buscaba una acción depredatoria de los sentimientos que pudiera tener el enemigo”.

Tony Middleton, argentino e hijo de inmigrantes ingleses, era en ese momento locutor jefe del equipo en inglés de RAE. La tarea que le habían encomendado, recuerda en el video, era “traducir textos del castellano al inglés que luego se transmitirían por una radio clandestina”. Y agrega: “Siempre estuve en desacuerdo con la idea. En mi vida eso que hice, pasó y desapareció”.

Otro de los entrevistados es Enrique Fentanes, funcionario de carrera en el área de Comunicaciones en donde prestaba servicios desde 1944. Cuenta que en los días previos al 2 de abril de 1982 recibió la instrucción de que “desde mañana su personal debe hacerse cargo de la radio de Malvinas”. Por aquellos días era director de Radio Nacional y en los meses venideros tuvo un rol importante en la puesta en marcha de LRA 60 Nacional Malvinas, facilitó a Liberty equipamiento de onda corta y volvió fluido el vínculo entre las radios integrantes de la cadena nacional. Como encargado de la línea editorial de Liberty estaba el coronel Alberto Benard, perteneciente al área de inteligencia del Ejército.

En la entrevista Silvia Fernández Barrios se manifiesta como la más locuaz de los que prestan testimonio y cuenta que le da pena haber tirado los libretos que leyó durante la confrontación. “Los ingleses, todos soldaditos jóvenes, no tenían ni pálida idea de lo que era o significaba Malvinas. Pero más allá de mi tono amigable, mezcla de emoción y sentimiento, yo era quien era, alguien que detesta las guerras y que no quería que los ingleses vinieran. Si está bien o mal no se discute: son las reglas de la guerra, en donde no hay libertad de expresión, en donde no existe la libertad de prensa. Más allá de que a mí no me guste, está bien que así sea. Cuando tu país está en guerra no podés ser neutral. No me siento mal por haberlo hecho. Tampoco me siento una heroína. Fue parte de ese momento”, concluye.

Para respaldar su tesis, Rodríguez – que a la fecha del enfrentamiento tenía dos años y medio –  armó un documental en video de 35 minutos de duración, que también puede escucharse como crónica e incluso como especial de radio. La investigación es un estudio serio acerca de los efectos posibles de la “acción psicológica” desarrollada en y por Estados autoritarios y violentos, como era el argentino desde el golpe cívico militar de 1976. También hace clara referencia a la conducta de los servicios de inteligencia, de las Fuerzas Armadas y de los medios de comunicación (estatales y privados) en aquél momento.

Es posible que, comparado con otros episodios de una contienda con tantas pérdidas humanas, materiales, morales, y simbólicas, la historia de Radio Liberty pueda considerarse menor. Pero alcanza una dimensión sutil y reparadora si se la piensa como uno de  los modos defensivos, aún precario e improvisado, que pudo desplegar nuestro país como parte de su inicial ataque y posterior defensa en tiempos en los que nadie soñaba con internet o redes sociales.

Fuentes Informativas del autor de la tesis:Desclasificación del “Informe Rattenbach” y el “Frank’s Report” y Decreto 503/2015 de Desclasificación de Archivos Secretos de la Guerra de Malvinas.

Violencia machista, violencia policial, servicios penitenciarios en estado crítico y una justicia sin condena son algunos de los retazos del informe de la ONU que muestra, en tiempos de 2×1, sobre qué sectores recae la violencia estatal. El resumen, los casos que investigó lavaca y el informe completo.

Violencia machista, violencia policial, servicios penitenciarios militarizados, requisas vejatorias, condiciones degradantes de detención, 6 de cada 10 personas detenidas sin condena, detenciones por discriminación. No son etiquetas, sino algunas de las duras observaciones que estructuran el diagnóstico del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) sobre los incumplimientos del Estado argentino luego de las sesiones de evaluación en Ginebra el 26 y el 27 de abril. En un informe el CAT señaló, de entrada, estos incumplimientos:

• La creación de un registro nacional para recopilar información de tribunales nacionales sobre casos de tortura.
• Una mayor protección de grupos en situación de vulnerabilidad.
• El cumplimiento de las requisas personales según las normativas internacionales.
• El Establecimiento de un mecanismo nacional de prevención.

El Comité exigió al Estado la “armonización” de la tipificación del delito de tortura del artículo 144 ter del Código Penal con la definición que establece la Convención, es decir, la inclusión como sujetos activos del delito a personas que actúan en el ejercicio de funciones públicas. La modificación también incluiría la instigación con el consentimiento de funcionarios públicos.

Y reclamó “medidas urgentes” sobre estos 8 puntos.

1. Tortura y malos tratos en centros de detención: “Estructura militarizada”

Al igual que en los informes anteriores, el Comité manifestó su “profunda preocupación” por denuncias sobre “la práctica recurrente de la tortura y el maltrato en los diferentes ámbitos de las fuerzas de seguridad así como en las rutinas del personal penitenciario, que arrastra el peso histórico de una estructura militarizada y corporativa”. Estos actos de violencia, señaló, incluyen los maltratos de los recién ingresados a las unidades carcelarias y prácticas como asfixias con bolsas, torturas en los oídos, tobillos y plantas de los pies, castigos colectivos. Pese a la normativa, el Comité detectó los registros personales “invasivos y vejatorios” además de los “traslados arbitrarios” de detenidos lejos de sus familias a modo de “castigo encubierto”.

El Comité recomendó al Estado “investigar sin demora, exhaustivamente y de forma imparcial todos los casos de violencia cometidos en los centros de detención, evaluando cualquier posible responsabilidad de los agentes estatales y de sus superiores”. Además, insta a la adopción de medidas necesarias para transformar el sistema carcelario “en un modelo institucional de naturaleza civil” aumentando la profesionalización y transparencia.

2. Violencia policial

El Comité expresó su preocupación por los “patrones de violencia y arbitrariedad” de las fuerzas policiales federales y provinciales. Destacó que la mayoría se dan en el marco de “detenciones policiales sin orden judicial” y que la población son “particularmente jóvenes y menores en situación de marginalidad social, que incluirían detenciones por averiguación de identidad y otras detenciones no vinculadas a conducta delictiva”. Mencionó que muchas de esas violencias incluyen “tentativas de homicidio”, y mencionó el caso de Lucas Cabello, el joven baleado por el oficial de la Policía Metropolitana Ricardo Gabriel Ayala en el barrio porteño de La Boca el 9 de noviembre de 2015. Ayala le disparó a Cabello en tres ocasiones con su arma reglamentaria: dos de ellos cuando el joven estaba herido en el piso.

El Comité urgió al Estado:

• “Investigar con prontitud, eficacia e imparcialidad todas las denuncias de homicidios, detenciones arbitrarias, torturas, hostigamiento y maltrato policial, y velar por que los presuntos autores, así como los superiores jerárquicos que supieran o debieran haber sabido que se estaban cometiendo estos actos, sean enjuiciados, y de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos”.
• Realizar un proceso judicial “efectivo e imparcial” sobre las torturas infligidas por Prefectura a Ezequiel Villanueva e Iván Navarro, los dos jóvenes integrantes de La Garganta Poderosa, en la villa 21-24 en el barrio porteño de Barracas. “Nos obligaron a tirarnos al piso y hacer flexiones de brazos, hasta que uno le saltó sobre la espalda a Ezequiel y otro me preguntó a mí dónde quería el tiro”, dijo en ese momento Iván. 
• “Restringir el recurso a la detención a situaciones de flagrancia y a la existencia de orden judicial previa, tal y como establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia Bulacio c/ Argentina”. Si bien el Comité no lo nombra, en esa línea se inscribe el “Fallo Vera” del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que el 23 de diciembre de 2015 resolvió por mayoría que la Policía Federal está habilitada a pedir DNI a cualquier persona y al azar. Organismos de derechos humanos y organizaciones sociales alertaron que la máxima autoridad judicial porteña falló en favor de una práctica policial que, entre otros casos, habilitó la privación ilegítima de la libertad, la tortura y asesinato del joven Walter Bulacio en 1991, que motivó la condena a la CIDH citada por el Comité.

Acoso a la identidad

• Condiciones de reclusión: “Degradación”

El Comité cuestionó el “aumento sostenido” de la población penitenciaria a partir del 2009, “agravando los niveles de sobrepoblación ya existentes en varias provincias y resultando en el estado de emergencia penitenciaria en la provincia de Buenos Aires”. En particular, apuntó su preocupación por el impacto que ha tenido la aplicación de normativas en materia de estupefacientes “en el aumento de la población femenina encarcelada”.

A su vez, remarcó como una “práctica” habitual la detención de personas de forma prolongada en las dependencias policiales, pese a no estar preparadas. El Comité mencionó el incendio en la Comisaría 1° de Pergamino (Buenos Aires) en marzo, en el que murieron 7 personas detenidas. Los expertos señalaron su inquietud “ante el impacto de la sobrepoblación en la degradación de las condiciones sanitarias, la deficiente alimentación y acceso a la atención médica y en la falta de separación entre personas condenadas y procesadas”.

El Comité solicitó una auditoría a nivel federal y provincial para adecuar las condiciones a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela) y a desarrollar un plan de prevención de incendios en todos los centros de detención.

Por ese motivo exigieron al Estado:

• Intensificar los esfuerzos para “aliviar” el hacinamiento.
• Terminar la utilización de dependencias policiales como lugares de alojamiento permanente de detenidos
• Definir de acuerdo a una metodología adecuada la capacidad penitenciara conforme a los estándares internacionales.
• Desarrollar un registro nacional único de personas sometidas a una medida preventiva o punitiva de privación de libertad que incluya información por jurisdicción, sexo, edad y situación procesal.

4. Medidas privativas de libertad, aislamiento y muertes

El Comité cuestionó la cantidad de personas detenidas en prisión preventiva, que alcanzan alrededor del 60 por ciento de la población penitenciaria. Es decir, seis de cada diez.

En ese sentido, lamentó la suspensión de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal, “que contenía disposiciones que limitaban el uso de la prisión preventiva”, y se mostraron preocupados por el proyecto de reforma de la ley de Ejecución Penal (24.660), “que imposibilita el acceso a salidas anticipadas a un número amplio de condenados, incluso por delitos no violentos, impidiendo su reinserción social e impactando en la sobrepoblación penitenciaria ya existente”.

¿Quién mató a Diego Borjas?

También acreditó “el recurso frecuente a modalidades de aislamiento no reglamentadas y sin control judicial”, y las condiciones extremas en esas celdas. Este tipo de prácticas también se aplican sobre niños, niñas y adolescentes en condiciones de encierro, como reveló MU en la investigación por la muerte del joven Diego Borjas en el instituto Agote en diciembre de 2014. El Comité exigió al Estado que no imponga la sanción de aislamiento y que, en caso de producirse, sólo sea utilizada como medida de último recurso, por el período más breve posible, y que se asegure que dicha celda cumpla con los requisitos necesarios para no afectar la integridad física de la persona.

Por otro lado, el Comité apuntó “el elevado número de muertes en detención”. Según los datos facilitados por el Estado, la cifra habla de un promedio de 43 por año en el sistema penitenciario federal entre 2008 y 2016. Sin embargo, lamentaron “el alcance limitado de estos, que se circunscriben al sistema penitenciario federal, y nota con preocupación la discrepancia que existe entre los mismos y los proporcionados por otros informes recibidos, que contabilizan un total de 1930 muertes en todo el país desde 2010”. Los expertos también cuestionaron la falta de información sobre los resultados de esas investigaciones.

5. Detenciones por razones migratorias

El Comité acreditó denuncias que señalan el rechazo en frontera de personas migrantes –incluyendo grupos familiares- sin acceso a la Justicia o asistencia letrada. “Asimismo preocupa la reciente sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2017, que deroga parte de las garantías de la Ley 25.871 de Migraciones e introduce un procedimiento de expulsión de migrantes sumarísimo que reduce drásticamente los plazos para recurrir la expulsión”. Ese fue el escenario en el que por primera vez en Argentina se convocó a un Paro Migrante: las expulsiones crecieron en 2016 un 70 por ciento en relación al 2015. El Comité constató que el DNU habilita, además, la retención preventiva desde el inicio del procedimiento sumarísimo hasta su expulsión, que podría extenderse a 60 días, “sin tomar en consideración medidas menos coercitivas ni el riesgo de fuga de la persona”.

#ParoMigrante: movilización contra la xenofobia y por el trabajo

Por eso el Comité pidió al Estado la derogación o la enmienda del DNU para que las personas sujetas a expulsión puedan disponer del tiempo para recurrirla a nivel administrativo y judicial.

6. Detenciones por motivo de discriminación

En sintonía con el punto anterior, el Comité subrayó la discriminación por perfil, los malos tratos y los allanamientos violentos a personas afrodescendientes y migrantes de países latinoamericanos por parte de diversas fuerzas policiales. “Preocupa además al Comité las informaciones que dan cuenta de las requisas vejatorias de personas transgénero y travestis en la vía pública y en los puestos policiales, así como las detenciones en condiciones humillantes, particularmente en la provincia de Buenos Aires”. El Comité puntualizó que ha habido 3470 denuncias por discriminación en 2016, casi el doble respecto al año anterior.

Los expertos pidieron al Estado que se investiguen todos los casos de detenciones arbitrarias, violencia y malos tratos a personas por su origen extranjero, orientación sexual e identidad de género, “a fin de enjuiciar y castigar a los autores de tales actos y suspender a los agentes implicados en los mismos”. También pidió la adopción de políticas y programas específicos de “integración y protección de personas en detención sobre la base de su orientación sexual e identidad de género”.

7. Proceso de Memoria, Verdad y Justicia por crímenes de lesa humanidad

El Comité expreso su preocupación por la demora en la tramitación de las causas judiciales aún pendientes y el “debilitamiento de oficinas públicas” que dan apoyo a esos expedientes. En ese sentido exigió “agilizar el procesamiento y los juicios por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar” y recomendó el mantenimiento de las políticas de memoria mediante la preservación de los archivos y los sitios de memoria.

8. Violencia machista

“Preocupa al Comité el alarmante número de casos de feminicidios y violencia de género registrados, así como el incremento de los casos de violencia física sobre mujeres detenidas bajo jurisdicción federal”. Los integrantes de Naciones Unidas instaron al Estado para que intensifique los esfuerzos para combatir todas las formas de violencia -incluida la que se produce dentro de los centros de privación de libertad- y que vele para que se enjuicie a los presuntos autores y que las víctimas obtengan una “reparación integral del daño”. Al igual que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer con respecto a las mujeres en detención, pidió que el Estado desarrolle y mejore los programas de acceso a la salud de las mujeres en detención a nivel federal y provincial.

El informe completo

Entrevista al escritor que mejor describió la violencia que arrasa a México, Sergio González Rodríguez, fallecido el 3 de abril de este año. Por el periodista español Amador Fernández-Savater para la #MU96.

Ciudad de Iguala, Estado de Guerrero, México, noche del 26 de septiembre de 2014: decenas de estudiantes son atacados por policías y criminales. Sucede entonces una de las masacres más terribles de la historia reciente del país. Los jóvenes son secuestrados y sufren torturas antes de ser asesinados. Los cuerpos al día de hoy siguen sin encontrarse. El Estado atribuye la autoría a “bandas criminales”. Las familias de los 43 estudiantes desaparecidos se niegan a aceptar la versión oficial de los hechos y en todo México se disparan las movilizaciones bajo las consignas de “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” y “Fue el Estado”.

Unos meses antes, de visita en Ciudad de México, le comenté a una amiga lo perdido que estaba en la desmesurada realidad mexicana, mi incapacidad para entender casi nada de lo que sucedía, sobre todo esa “extraña guerra” en la que se vive allá y que se ha cobrado en torno a 100.000 muertes entre 2007 y 2012: la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Mi amiga me dijo: “Tienes que conocer a Sergio para saber dónde estás”. Se refería a Sergio González Rodríguez, periodista y escritor mexicano, uno de los primeros que se acercó e intentó echar algo de luz sobre los feminicidios de Ciudad Juárez. Es célebre su libro Huesos en el desierto, en el que conjuga el reportaje, la crónica y el ensayo para intentar desentrañar la naturaleza de los asesinatos de Juárez. Luego vinieron El hombre sin cabeza y Campo de guerra, ensayos sobre la violencia contemporánea que encuentra en México un laboratorio avanzado y terrible.

En esa comida que compartimos, tuve que ponerme en el lado derecho de Sergio porque no podía oír con el oído izquierdo desde que fue golpeado por unos desconocidos casi hasta la muerte en el barrio chilango de la Condesa. “Pero estoy vivo”, decía. Su capacidad de percepción no ha disminuido en absoluto y así lo prueba Los 43 de Iguala, el libro que acaba de publicar dedicado a analizar el caso de los estudiantes de la aldea de Ayotzinapa desaparecidos.

Hablando de México, del capitalismo salvaje, de la confusión entre el poder político, económico y criminal, del desmantelamiento del concepto de soberanía, de la militarización y paramilitarización del país, de la ilegalidad como negocio, de la sociedad fragmentada y del recurso a la excepción como forma de gobierno, Sergio no se refiere en absoluto a una anomalía o una realidad aparte, sino que nos describe las tendencias mayores que configuran a día de hoy el futuro de todos.

El Estado a-legal

-En Los 43 de Iguala dices: “Debo hablar de lo que nadie quiere hablar”. ¿Por qué el silencio?

-Cada vez más, las sociedades actuales tienden a silenciar los actos de abusos en todo sentido, los estados de excepción, la barbarie, el terror, el riesgo y la vulneración de los derechos, libertades y dignidad de las personas. El silencio al que aludo tiende a establecer nuevas líneas de coexistencia en todas partes donde la polarización y las tensiones sociales establecen una dinámica de adhesión versus rechazo tajante de una u otra causa, y la reflexión racional deja de ser importante para ser reemplazada por la simple emotividad de “buenos contra malos”. Las movilizaciones posteriores a la masacre de Ayotzinapa señalaron “Fue el Estado”. ¿Cuál es tu interpretación del papel del Estado en la masacre? Con la información disponible a la fecha, postulo que el Estado mexicano es presunto responsable de delitos de lesa humanidad por omisión en aquella noche. La participación activa de policías y militares debe ser indagada, desde luego. Tanto el gobierno local, como el estatal y el municipal, tienen responsabilidad al respecto y la investigación debe precisar los detalles de por medio. Asimismo, estoy convencido de que el gobierno de Estados Unidos también es corresponsable, por mantener dos mercados de alto impacto a partir de México y, en especial, en Guerrero: el de las drogas y el de las armas. Rechazo por completo la versión del gobierno acerca de que lo que sucedió en Iguala fue un mero asunto de drogas y criminalidad. En mi libro me permito analizar lo político y lo geopolítico que surge de aquellos hechos.

-La figura de Abarca, el ex-alcalde de Iguala, me parece muy llamativa porque condensa la fusión y confusión de poder político, económico y criminal que a tu juicio está devastando el país. ¿Podrías hablarme de esa figura y de esa conexión y entrelazamiento entre esos distintos poderes en México?

-La figura de tal individuo, su esposa y la trama de corrupción que de él se ostenta, entrega otro episodio más, ya no sólo de la corrupción mexicana, sino de procedimientos perversos de ejercer la política. Por ejemplo, emplear a criminales en tareas policiales, obtener el apoyo de fuerzas políticas, económicas y partidarias a pesar de tener pésimos antecedentes, reemplazar la legalidad a través de componendas de alto nivel, simular un respeto a la ley, funcionar, en suma, por dis-funcionalidades. Es lo que llamo un Estado a-legal. Son procedimientos estructurados que unen lo legal y lo ilegal.

Democracia formal

-En  otro de tus libros utilizas el concepto de An-Estado, ¿de qué se trata? ¿Cómo funciona el An-Estado en México? 

-El An-Estado es un Estado a-legal, como el mexicano, pero esto no es privativo de México. Funciona por sus dis-funcionalidades. Está fuera y contra -eso significa el prefijo “a”- de la legalidad y simula respetar la ley. En otras palabras, no sólo cumple fórmulas de excepción o ruptura de normas, sino que las incluye y las llega a invertir. Por ejemplo, sus nexos con el crimen organizado, que puede ser un instrumento de gobernabilidad o de apoyo, mediante aportaciones financieras, dentro del orden constituido. En este tipo de Estado, el gobierno puede ser reemplazado por prácticas comunicativas de control de daños, propaganda y campañas de contra-información en lugar de atender problemas concretos. En un An-Estado la democracia es formal, no sustancial, y se reproduce a partir de una clase política cada vez más ajena a la sociedad.

-México es un “campo de guerra”, dices, ¿podrías explicarnos este concepto y la realidad que nombra?

-México es un campo de guerra desde que el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa decidió desatar, bajo el patrocinio de Estados Unidos, una guerra contra el narcotráfico (2007-2012) y las fuerzas armadas del país fueron entregadas a tareas de gendarmería. Hay localidades, zonas, trayectos tomados, en forma temporal o continua, por el crimen organizado; el país mantiene un índice de impunidad de todos y cada uno de los delitos que se cometen del 98 al 99 por ciento, por lo que los ciudadanos son víctimas reales o potenciales de los abusos de las fuerzas armadas, las policías, el crimen organizado o el delito común. Estados Unidos es co-responsable de la degradación institucional en México, pues el estado de guerra descrito es producto directo del Acuerdo para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN 2005). La soberanía del país fue entregada a los intereses estadounidenses.

Revolución de las mentes

-¿Dónde colocas tus esperanzas en este momento en México?

-En el conocimiento, la información, la reflexión, la claridad, en una revolución de las mentes que pueda sentar las bases prácticas para dejar atrás las imposiciones del sistema de mundo actual. Hay que re-pensar en forma integral la realidad y proponer nuevos entendimientos al respecto. En cuanto a las demandas específicas de las familias de las víctimas, su cumplimiento sería alentador. El petitorio de ocho puntos planteado por las familias al gobierno de Enrique Peña Nieto debe ser aceptado. Y habrá que evitar que el gobierno postergue la investigación judicial debida para favorecer acciones supletorias de tipo burocrático o comunicativo.

Mi impresión leyéndote, Sergio, es que describes un mundo cada vez más fragmentado donde “todo son bandas”, incluido el Estado, incluida la izquierda en muchos casos. Es la caída del Estado de Derecho. Hay opciones políticas, como el EZLN, que parecen olvidarse de esa “misión imposible” y dedican sus esfuerzos a construir espacios de justicia, solidaridad y autonomía. ¿Se trataría entonces, a tu juicio, de restablecer el Estado de Derecho o de constituirse en él como fuerza asimétrica emancipadora?

-La fragmentación señalada atañe a ciertas partes del país; en otras se mantiene cierta inercia de unidad a través del clientelismo partidario-electoral, a través de sindicatos como el de los maestros (que incluye grandes porciones disidentes), a través del impacto colectivo de los medios masivos de comunicación, a través de buena parte de la población que trabaja y mantiene un respeto parcial, pero concreto a la ley y a la convivencia. El Estado de derecho debe restablecerse porque, de otro modo, las instituciones se degradarán más cada día. La aceleración de la decadencia actual sólo reafirmará al poder constituido. El surgimiento de un contra-poder asimétrico que defienda de verdad valores de igualdad, justicia y solidaridad resulta deseable, pero en el entendimiento actual de las cosas políticas en México es una posibilidad difícil de ser realizada en el corto plazo: la izquierda ofrece más dichos que hechos en tal sentido.

-¿Qué propones en concreto para ese restablecimiento del Estado de Derecho?

-Desde tiempo atrás he sugerido:

1. Retirar al ejército y a la marina de su función de gendarmería de la seguridad pública, al mismo tiempo que se fortalezcan y renueven los cuerpos policiales;
2. Controlar el flujo y la posesión de armas ilícitas en el país, y desarmar a los grupos criminales;
3. Establecer un plan de desarrollo para las localidades con los mayores índices de violencia con el fin de reducir la pobreza, la desigualdad, la violencia y los delitos, y regularizar servicios eficaces de salud, empleo, vivienda, transporte, educación, cultura, etcétera.
4. Se requiere más inversión productiva, y menos gasto en armas. Por desgracia, el gobierno actual ha gastado en tres años 3.500 millones de dólares en armamento, todo para satisfacer los protocolos del ASPAN y la “seguridad nacional” de Estados Unidos.

Como muestro en mis libros, basta ahondar en el examen de los hechos para descubrir su evidencia ofensiva, su claridad perversa. Y si bien en un primer momento podemos confundirnos sobre el verdadero estatuto del policía que es un criminal, o viceversa, el mecanismo que lo posibilita puede ser desarmado por la observación, la denuncia, la insistencia política, la crítica.