El periodista Javier Valdez Cárdenas fue asesinado el 15 de mayo en Culiacán, Sinaloa. Es el sexto reportero que matan en lo que va del año y su nombre se suma a la trágica lista de más de 100 periodistas masacrados desde que se inició la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Valdez Cárdenas lo resumió a la perfección en 2011: “Esta es una guerra, sí, pero por el control del narco. Pero nosotros, los ciudadanos, ponemos los muertos”. Esta semana cientos de periodistas salieron a las calles para gritar que este genocidio -que lleva 200 mil muertes y más de 30 mil desaparecidos- no se sepulte en el silencio, y gritan: #NosEstánMatando.

La imagen está captada desde un drone en el monumento del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México. Se ve una plaza, un grupo de personas, algunos autos y una frase escrita en el asfalto que no es consigna sino un grito desesperado y urgente:

“En México #NosEstánMatando. No al silencio”.

La organización civil Por el Derecho a Informar realizó esa acción en el marco de una jornada de protesta en la que cientos de periodistas y fotógrafos exigieron justicia por el asesinato del corresponsal de La Jornada y editor del semanario Riodoce, Javier Valdez Cárdenas, el lunes en Culiacán, Sinaloa. Es el sexto reportero asesinado en México en lo que va del año y se suma así a la trágica lista de más de 100 periodistas asesinados entre 2000 y 2017, según informó el diario El Universal. En ninguno de los casos hay detenidos. Valdez Cárdenas -50 años, casado, padre de dos hijas- era un especialista en investigaciones sobre narcotráfico. En 2016 publicó el libro Narcoperiodismo. La prensa en medio del crimen y la denuncia. Uno de sus últimos trabajos consistió en investigar la disputa por el control del Cártel de Sinaloa.

“En Culiacán, Sinaloa, México, es un peligro estar vivo y hacer periodismo es caminar sobre una invisible línea marcada por los malos que están en el narcotráfico y en el gobierno”, dijo al recibir el Premio Internacional de Libertad de Prensa del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) en 2011. “Esta es una guerra, sí. Pero por el control del narco. Pero nosotros, los ciudadanos, ponemos los muertos. Y los gobiernos de México y Estados Unidos las armas. Y ellos, los encumbrados, invisibles y agazapados, dentro y fuera de los gobiernos, se llevan las ganancias”.

La movilización por el asesinato de Valdez llegó hasta el auditorio del Palacio de Gobierno, donde 500 periodistas, estudiantes, líderes sociales y ciudadanos se reunieron con el gobernador Quirini Ordaz Coppel y le exigieron una respuesta. El gobernador evadió las preguntas.

La periodista Cecilia González, corresponsal mexicana en Argentina, autora de los libros Narcosur, Narcofugas y Todo lo que necesitás saber sobre el narcotráfico, recordó quiénes son los otros cinco reporteros asesinados este año:

• “El 2 de marzo, en Guerrero, el periodista Cecilio Pineda Brito, de 38 años, fue ejecutado por sicarios que le dispararon desde una motocicleta mientras él descansaba en una hamaca.
• El 19 de marzo, en Veracruz, el periodista Ricardo Monlui, de 57 años, fue asesinado a balazos cuando salía de un restaurante.
• El 23 de marzo, en Chihuahua, mataron de 8 balazos a la periodista Miroslava Breach, de 54 años, en la puerta de su casa y frente a su hijo.
• El 14 de abril, en Baja California, mataron de 15 balazos al periodista Maximino Rodríguez, de 73 años, en el estacionamiento de un centro comercial. Estaba con su esposa.
• El 2 de mayo, en Morelos mataron el periodista Filiberto Álvarez, de 71 años. Fue acribillado cuando volvía a su casa en su auto.

El último 15 de mayo a Valdez lo sacaron de su auto y lo masacraron a tiros.

“El país más mortífero”

La subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República (PGR), Irene Herrerías Guerra, reconoció que desde 2000 a 2017 han registrado 114 asesinatos a periodistas en México. El dato que ilustra la impunidad es que sólo hay tres sentencias por esos casos. La subprocuradora precisó algunas cifras desde la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle):

• Entre 2010 y 2017 se abrieron 368 expedientes por amenazas a periodistas.
• 159 son por abuso de autoridad.
• 70 por lesiones.
• 70 por robo.
• 55 por privación ilegal de la libertad.
• 48 por daño en propiedad ajena.

La organización Article 19 publicó una infografía en la que alertaba de 105 comunicadorxs asesinados: 97 hombres y 8 mujeres. La mayoría se produjo en la presidencia de Felipe Calderón.

Según las cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, los periodistas asesinadas sumaban 122 tras del crimen de Ricardo Monlui, en Veracruz. Luego ocurrieron cuatro crímenes más, incluido el de Valdez Cárdenas.

Después del asesinato de Valdez, Reporteros Sin Fronteras (RSF) se expresó a través de un comunicado firmado por el director de la Oficina de América Latina, Emmanuel Colombié: “Una vez más, esta oleada de violencia pone en evidencia el estado de emergencia en que se encuentran los periodistas mexicanos, sobre todo los que cubren temas delicados como el narcotráfico y el crimen organizado, que se han convertido en un blanco de estos grupos criminales. El gobierno mexicano debe actuar de manera proporcional a la gravedad de la situación y reforzar cuanto antes los mecanismos de protección de periodistas”.

La organización denunció que un centenar de hombres armados atacó el 13 de mayo a siete reporteros de La Jornada, Vice News, Hispano Post, Quadratin, Imagen TV y Bajo Palabra, cerca de la ciudad de Acapetlahuaya, en el estado de Guerrero (el mismo estado en el que desaparecieron a lxs 43 estudiantes el 27 de septiembre de 2014). Según RSF, los periodistas regresaban de la ciudad de San Miguel Totoplán cuando los hombres armados los interceptaron, detuvieron el vehículo, los amenazaron de muerte y les quitaron el material. Luego, los dejaron ir. La asociación enmarca el hecho en el ataque sistemático a los reporteros en México: RSF confirma que en cuatro de los seis periodistas asesinados este año el crimen “estuvo relacionado directamente con su actividad periodística, lo que hace de México el país más mortífero del mundo para la profesión”.

Por su parte, Amnistía Internacional señaló: “Ser periodista en México parece más una sentencia a muerte que una profesión. El continuo derramamiento de sangre del cual las autoridades prefieren hacer caso omiso genera un profundo vacío que afecta el ejercicio de la libertad de expresión en el país”.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) envió una carta al Embajador de México en Argentina, Fernando Jorge Castro Trenti, en la que exige su compromiso “con la protección de los colegas que desarrollan su trabajo en su territorio, frente a la creciente y sostenida ola de violencia que tiene a los periodistas como uno de los principales blancos del crimen organizado”. La periodista Cecilia González sumó que el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) reveló que México “es el país más letal después de Siria”. Dice González: “En 2016, en mi país fueron asesinadas 23 mil personas. 63 cada días. Más que en Afganistán y que en Irak”.

“Te van a matar”

“Se lo decían los amigos, los familiares, los compañeros del gremio. Cabrón, cuídate. Estos güeyes no tienen madre. Son unos malditos”, recordó a Valdez Cárdenas el diario Riodoce. “Pero él seguía escribiendo críticas y denuncias en su columna, en uno de los diarios de la localidad: apedreando con sus teclas, sus palabras, el ejercicio del poder político, la corrupción, la complicidad entre criminales y servidores públicos, la policía al servicio de la mafia”.

Y agrega: “Una denuncia había puesto en el ojo del huracán a uno de los legisladores. Él se unió a quienes criticaron su poderío y sus lazos con las cumbres del poder político, económico y criminal. Fueron pocos los detractores y casi ninguna pluma, pero no se quedó callado. En el feis publicó una de esas fierezas, de palabras valientes, y le dijeron güey, bájale. Estos cabrones te traen ganas. Te van a matar. Él contestó Ba. No me hacen nada. Me la van a pelar. Pasaron tres horas después de esa publicación en redes sociales cuando lo alcanzaron y le dispararon, de cerca para no fallar”.

El diario La Jornada también lo recordó desde su editorial: “Es imprecisa la idea de que nuestro compañero se había vuelto un periodista especializado en temas de narcotráfico, delincuencia organizada y corrupción gubernamental. Fue más bien la realidad de su estado la que se deslizó por una pendiente de descomposición generalizada y por la pérdida de control por parte de las autoridades constituidas. Y Javier hablaba de la realidad. Y fue ese proceso de desintegración lo que retrató en sus crónicas, en sus despachos y en sus libros, a sabiendas de que tal fenómeno era una amenaza de muerte para cualquier ciudadano, pero especialmente para los informadores”.

El diario recuerda a Miroslava Breach Verducea, también corresponsal de La Jornada, también asesinada el 23 de marzo de este año: “El hecho es que la responsabilidad última de las muertes de Javier, de Miroslava y de todos los informadores caídos en el país, cuyo número creció de manera exponencial desde que Felipe Calderón declaró una ´guerra´ disparatada y contraproducente contra la delincuencia organizada, recae en los gobernantes que no han sido capaces de garantizar el derecho a la vida de los ciudadanos, que han actuado con indolencia, en el mejor de los casos, ante el agudo deterioro de la seguridad pública, que han alimentado la espiral de violencia al convertir un problema originalmente policial en un asunto de seguridad nacional y que han sido omisas en la procuración e impartición de justicia”.

“Vivimos en una redacción infilitrada por el narco”

Valdez Cárdenas también publicó los libros Miss Narco (2009), Los Morros del Narco (2011), Con una granada en la boca: heridas de guerra del narcotráfico en México (2014), Huérfanos del narco (2015). El periódico Proceso recordó que Valdez dijo en octubre a la agencia EFE que el periodismo “valiente” y “digno” que se practica en México “no tiene sociedad alrededor, está solo”. En una entrevista a La Jornada en 2016, con motivo de la presentación de Narcomedios, el reportero asesinado dijo que el libro partía de “esa preocupación de mirarnos de frente”.

Ese ejercicio propuesto es el fiel reflejo de lo que significa ejercer el periodismo hoy en México.

Distintas organizaciones territoriales y asambleas de mujeres, trans y lesbianas organizaron juntas una Jornada Nacional para pedir por la libertad y absolución de Eva Analía de Jesús, alias Higui, quien está presa por defenderse de un grupo de hombres que quiso abusar de ella. Sin juicio, con la jueza de licencia y una abogada que no defiende, una vez más, son las mujeres juntas y en la calle que se plantan frente a la injusticia y reclaman: #LibertadParaHigui.

El día comenzó frente a la fiscalía Nro 6 de San Martín con un escrache al fiscal Raúl Luchelli Ramos por su inacción ante la causa en la que ya se le negó la excarcelación. Y terminó al atardecer en una acción que organizó la familia de Higui frente al Congreso Nacional. El objetivo fue denunciar en un lugar de mayor visibilidad la responsabilidad política del Estado por los meses que lleva Higui presa. A lo largo del día hubo música, teatro, poesía y serigrafía. Sin embargo, el toque distintivo de la acción fueron torneos de fútbol en la calle porque, como dijo una amiga de ella en la radio abierta frente al Congreso: “Lo que Higui haría si estuviese libre hoy sería jugar a la pelota”.

El dibujo de una futbolista que patea una pelota hacia el Congreso de la Nación es la imagen que convocaba a la Jornada por redes sociales. En la espalda del dibujo se ve el “01” porque a Eva Analía de Jesús le dicen Higui por el arquero colombiano Rene Higuita. “Le decimos así porque juega y ataja de la misma forma. Una forma pícara y siempre con una sonrisa”, dice Yanina Costas, una amiga de Bella Vista, desde el micrófono mientras el resto de las mujeres se abraza en ronda y la aplaude. Así se van escuchando las voces de las distintas vecinas, amigas y familiares que definen a Higui como buena amiga, compañera, excelente persona y laburadora.  También se va escuchando la misma denuncia de sus seres queridos una y otra vez: a Higui la quisieron violar por ser lesbiana.

#Ahora: Empieza el festival pidiendo #LibertadParaHigui frente al Congreso. pic.twitter.com/IzQQG0dRIQ

— lavaca tuitera (@Lavacatuitera) May 17, 2017

Higui fue atacada el 16 de octubre de 2016  por una patota de hombres, que ya la había hostigado con anterioridad, en Mariló, Bella vista. Frente al intento de violación ella se defendió. Uno de abusadores hizo la denuncia y la que está presa es ella por defenderse. La causa judicial lleva, una vez más, a las agrupaciones de mujeres a tener que concentrarse frente a los tribunales de San Martín.

“Las compañeras de San Martín están haciendo escraches por todos los casos que están llevando: Araceli, Melina Romero, Melody. Entonces también nos pareció importante estar e intervenir ese territorio”, dice Gala Abramovich de la Asamblea Lésbica Permanente y agrega: “Aunque no sólo pasa en San Martín. En gran parte del conurbano hay femicidios y abusos de todo tipo  a lesbianas pero nadie se entera porque son casos no salen en los medios. No están en los registros. Y las chicas de las organizaciones territoriales son las que ponen el pecho todos los días ayudando chicas golpeadas, acompañando a la familia o sacando chicas de la comisaría.  La única forma de llevar estos casos adelante que encontramos con la Asamblea y otras organizaciones es hacer redes entre nosotras”.

Sigue: “Estamos esperando que vuelva la Jueza de licencia para que  nos dé fecha de audiencia. Vamos a pedir su libertad pero también, mientras tanto, queremos la prisión domiciliaria”, dice su hermana Azucena Diaz a lavaca. Y agrega: “Todo lo que le toca vivir a mi hermana es muy injusto. Ella se defendió pero como uno de los abusadores fue el que denunció, se quedaron con eso. Nunca le tomaron fotos de los golpes, por ejemplo. Esas fotos las entregué yo recién cuando unas chicas que se acercaron a ayudar y conocían otros casos me informaron que podía hacerlo. La abogada que teníamos de oficio nunca nos atendió y el secretario de la fiscalía nos decía que nosotros teníamos que ir a buscar testigos al lugar del hecho. Nos decía que ellos no podían hacer nada más que tenían esperar a que nosotras le llevemos los testigos”.

Frente a toda esa injusticia, Azucena rescata el movimiento que están haciendo otras chicas por la libertad de Higui: “Es muy bueno el acompañamiento y el apoyo que recibimos por parte de mujeres que ni nos conocían. Cómo las chicas visibilizaron lo que le estaba pasando a mi hermana. También tengo la esperanza de que esto mueva un poco todo en la justicia. Higui también está enterada de todas estas acciones y la pone mejor: la calma en un momento tan difícil. Si no fuera por los grupos de mujeres que nos acompañan en esto, mi hermana sería una más. Se iba a quedar ahí presa y sin juicio”.

Frente al Congreso cuelga una bandera verde brillante que dice Libertad para Higui. A un lado, se ve un mural con fotos y cartas de ella que hizo a familia. Al otro, se hacen serigrafías con el lema “A Higui la sacamos entre todas”. Cuando no hablan las conocidas, se escuchan los cantos que con bombos y platillos piden su libertad. Sobre, el color, las canciones y las acciones artísticas, Gala dice: “Es nuestra forma de visibilizar la lucha. Siempre con alegría más allá de todo lo que vivimos alrededor. La Asamblea Lésbica es un espacio de manifestación que demuestra que estamos acá y no vamos a bajar los brazos ante nada. No vamos a parar hasta que la saquemos de la cárcel porque que se haga justicia e Higui salga libre: eso nos va a hacer vivir más libres a todas nosotras”.

Los cuerpos dóciles (2015), de Diego Gachassín y Matías Scarvaci

Alfredo Garcia Kalb es abogado. Sus clientes suelen ser personas a las que por variaciones de la economía y limitaciones del lenguaje  se los denomina “pibes chorros”. Jóvenes, pobres, sin estudios, la mayoría judicializados desde menores: culpables perfectos que alimentan una maquinaria judicial de la que, una vez adentro, parece imposible salir. “Pensalo bien: si vas a robar en provincia de Buenos Aires no caigas preso. Es preferible que te peguen un tiro”, dice García Kalb, que sabe de lo que habla porque estuvo tres años en prisión, experiencia que terminó por definir su vocación.

Siguiendo las reuniones con sus clientes, sus visitas a la cárcel y, principalmente, su defensa en un juicio oral a dos jóvenes que robaron una peluquería- momento central de la película, por la capacidad de registrar todos los componentes dramáticos en juego-, el documental se centra en la figura de García Kalb a través de un registro observacional de una pericia fotográfica impecable. La precisión de la cámara y la tensión narrativa es tal que uno se pregunta cuánto de ese registro corresponde a una planificación ficcional.

A la salida de una función en el Festival de Cine de Mar del Plata- donde la película ganó tres premios-, un señor destacó: “Muy bueno el actor principal”, a lo que todos respondieron con el desprecio de la obviedad: “Es un documental, no hay actores”. Pero el señor tenía razón: como abogado, Alfredo García Kalb es un gran actor. Y no es broma: es alguien que sabe lo que es construir un personaje, poner en escena el cuerpo y la oratoria, dirigirse a un público, seducir con la mirada. Ahí está la potencia de su personaje, la empatía irresistible que genera su gracia suburbana.

Los cuerpos dóciles no es una película de denuncia ni una tesis sobre la institución judicial, como bien podría indicar su título foucaultiano.

Es un documental sobre la ficción de la justicia, sobre la teatralidad de los procesos judiciales, sobre la puesta en escena de esa maquinaria de encierro. Con el panóptico a cielo abierto- en algoritmos, en cámaras de seguridad, etc-  la cárcel ya no es una institución de disciplinamiento, sino un depósito de gente sobrante. Su función, si lo pensamos desde la imagen, es meramente visual: es el lugar donde terminan los cuerpos que nadie- salvo un abogado y con suerte algún familiar- quiere ver.

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Miguel Benasayag es filósofo, neurocientífico, psicoanalista. Café en jarrito y además: la digitalización como modo de captura de la atención y los cerebros. Cuál es el proyecto de la tecnociencia. La estupidez de los que se legitiman por su pasado. Cómo se puede ser un opa con respecto al presente. ¿Cómo pensar la corrupción? El poder como enfermedad. Cómo desenganchar el pensamiento de los grandes dogmas. La alegre decepción con respecto a la política. ¿Qué es la militancia triste? La idea de la potencia. El sufrimiento psíquico en la actualidad. Cómo se manifiesta la época en cada uno. Teoría sobre las huevadas. La salida de la impotencia y otras cuestiones que van mucho más allá de una mesa de café. (Escuchá el programa completo).

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Periodistas, escritores, editores, medios y organizaciones de prensa firmaron este manifiesto de solidaridad con México que repudia los crímenes, exige investigarlos, reclama garantías para el ejercicio de la profesión y solicita al Estado argentino que rompa el silencio y haga explícita la solidaridad del pueblo argentino para con las víctimas de la narco violencia estatal mexicana. El texto completo del manifiesto:

Manifiesto No al Silencio

Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos: nueve de cada diez las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información.

Rodolfo Walsh

A Miroslava la mataron por lengua larga. Que nos maten a todos, si esa es la condena de muerte por reportear este infierno. No al silencio.

Javier Valdez Cárdenas

México padece una tragedia sin precedentes que volvió a quedar en evidencia el pasado 15 de mayo, con el asesinato de periodista Javier Valdez Cárdenas en Sinaloa.

En 2006, el ex presidente Felipe Calderón sumió al país en una irresponsable guerra contra el narcotráfico que ha continuado el presidente Enrique Peña Nieto. Desde entonces ha habido más de 100 mil asesinatos y más de 30 mil desapariciones. Las masacres masivas y manipuladas por las fuerzas de Seguridad se multiplican. A diario se cometen delitos de lesa humanidad. Cada vez son más numerosos los casos que prueban la vinculación de gobernadores y alcaldes con el crimen organizado.

México se ha convertido en un cementerio. La Comisión Nacional de Derechos Humanos reveló que a lo largo del país se han encontrado 855 fosas comunes con miles de cuerpos amontonados. Fosas descubiertas en su mayoría no por el Estado, sino por familiares de desaparecidos que se auto organizan para excavar la tierra.

El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) reveló que México es el país más letal después de Siria. En 2016 fueron asesinadas 23 mil personas. 63 cada día. Más que en Afganistán y que en Irak.

En medio de esta guerra que no resolvió nada y sólo incrementó la violencia, los defensores de derechos humanos, padres y madres que buscan a sus hijos desaparecidos y los periodistas se convirtieron en un blanco de ataque.

Hay más de 100 periodistas asesinados. Ninguno de esos crímenes ha sido investigado. Reina la impunidad. También hay por lo menos 23 periodistas desaparecidos y decenas más amenazados y desplazados de su ciudad de origen. Por eso México es hoy el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina y uno de los más peligrosos para los trabajadores de prensa en todo el mundo.

En este 2017, ya son seis los periodistas asesinados:

-El 2 de marzo, en Guerrero, el periodista Cecilio Pineda Brito, de 38 años, fue ejecutado por sicarios que le dispararon desde una motocicleta mientras él descansaba en una hamaca.

-El 19 de marzo, en Veracruz, el periodista Ricardo Monlui, de 57 años, fue asesinado a balazos cuando salía de un restaurante.

-El 23 de marzo, en Chihuahua, mataron de 8 balazos a la periodista MiroslavaBreach, de 54 años, en la puerta de su casa y frente a su hijo.

-El 14 de abril, en Baja California, mataron de 15 balazos al periodista Maximino Rodríguez, de 73 años, en el estacionamiento de un centro comercial. Estaba con su esposa.

-El 2 de mayo, en Morelos mataron el periodista Filiberto Álvarez, de 71 años. Fue acribillado cuando volvía a su casa en su auto.

-El 15 de mayo, en Sinaloa mataron al periodista Javier Valdez, de 50 años. Lo sacaron de su coche y lo masacraron a tiros.

Todos ellos habían denunciado violaciones a los derechos humanos, vínculos entre políticos y narcotraficantes, el recrudecimiento de la violencia provocado por la guerra narco y la inacción o complicidad del Estado.

El asesinato de periodistas en México entraña una gravedad particular, ya que afecta a la libertad de expresión y el acceso a la información, derechos fundamentales en una democracia.

Frente a esta tragedia, los abajo firmantes repudiamos estos crímenes y exigimos:

Al presidente Enrique Peña Nieto, que haga efectivos los mecanismos de protección para los periodistas y al Estado en su conjunto que investigue, aclare y sancione asesinatos que siguen marcados por la plena impunidad.

Al presidente Mauricio Macri, que ponga fin a su silencio sobre la tragedia humanitaria que vive México y que se solidarice con los desaparecidos, asesinados, desplazados, amenazados y con el resto de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico.

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Más de mil personas se movilizaron para exigir justicia por la docente muerta en la Comisaría 10°, María de los Ángeles París. Su hija, familiares, compañeras y el gremio AMSAFé de Rosario encabezaron la marcha que contó con la participación de gremios, organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas. Con antorchas, recorrieron desde Tribunales hasta la gobernación para pedir #JusticiaPorMaría.

Fotos de Camila Villarruel para lavaca.org

María de los Ángeles Paris, bibliotecaria del Complejo Educativo Francisco de Gurruchaga y de la Técnica 464, llegó el miércoles 3 de mayo a la Comisaría 10 del barrio Alberdi, en Rosario, para denunciar un intento de robo. A partir de este momento la secuencia de los hechos es difusa.  Si bien prima la versión policial, lo único cierto es que la mujer murió adentro de la comisaría y esposada. “De la investigación no sabemos nada porque no tenemos el legajo: esa es la situacíón objetiva. No se nos comunicó ningún avance, ningún detenido, no hay un apartamiento de la policía de la causa”, dice el abogado de la familia Sebastián Sancevich, a lavaca.

La causa continúa siendo investigada por la policía de Santa Fe, a la que la familia y organizaciones señalan como responsable de la muerte de María. Ayer, el gremio Amsafe volvió a inculpar a los efectivos: “Hacemos cargo de esto a la policía provincial, a la comisaria 10, al Ministerio de Seguridad y al gobierno provincial de Santa Fe. Más allá de lo que estén intentando decir oficialmente, que si tuvo una descompensación o tuvo problemas en la calle, lo cierto es el hecho que tuvo que reconocer la policía: María estuvo en carácter de esposada, nosotros decimos privada de su libertad”.

¿Qué pasó con la bibliotecaria que fue a denunciar y terminó muerta en la comisaría?

Nos mudamos y nos falta muy poco para recibirte. Necesitamos tu ayuda para terminar las obras. Hay libros, revistas y talleres que te están esperando.

Estamos a punto de terminar las obras de nuestro nuevo local para convertirlo en un Trinchera Boutique – así lo bautizamos- de comunicación.

Un lugar de arte y periodismo; de teatro y de danza; una galería y un aula. Un lugar para vos, tu obra, tu taller y tus amigxs.

Y para que vengas y te sientas como en tu casa, necesitamos que sea ahora que compres nuestros libros, te suscribas la revista MU o te anotes en los Talleres 2017.

Mirá todos los combos que armamos:

Las vaquitas de lavaca

Mirá el video donde explicamos cómo va a ser nuestro local y para qué vamos a usar los recursos:

Hagamos una Vaquita, juntxs.

Miles de personas se manifestaron en las principales ciudades de Brasil luego que uno de los mayores emporios económicos de Brasil denunciara a Michel Temer por el pago de coimas para proteger a su aliado político Eduardo Cunha en la causa Lava Jato. Mientras, Temer desafía: “No voy a denunciar. Si quieren, que me derriben”. El investigador Raúl Zibechi analiza en esta entrevista algunos de los principales ejes de la crisis política brasilera: corrupción, medios, empresas, PT, Odebretch y las consecuencias de lo que llama “capitalismo mafioso”.

La crisis social y política en Brasil sigue creciendo mientras se suceden paros generales y movilizaciones en las principales ciudades del país, donde sólo el 5 por ciento de la población apoya a Michel Temer, el político que llegó a la presidencia luego del golpe a Dilma Rousseff. En la última semana Temer quedó envuelto en un escándalo de corrupción luego que el empresario Joesly Batista, dueño del emporio JBS, lo denunciara ante el Supremo Tribunal Federal por avalar el pago de coimas para comprar el silencio de su aliado político, Eduardo Cunha, preso por su participación en la causa Lava Jato. El caso tomó estado público tras la difusión de un audio por parte del monopolio O´Globo. El Fiscal General de la República, Rodrigo Janot, acusó formalmente a Temer y al excandidato presidencia Aecio Neves (su cómplice en la destitución a Rousseff) por corrupción y asociación ilícita.

“No voy a denunciar. Si quieren, que me derriben”, fue la provocativa respuesta de Temer. Mientras en las calles se repite el “Fuera Temer” al son del pedido de elecciones directas, la Orden de Abogados de Brasil se sumó al repudio pidiendo el juicio político.

En diálogo con lavaca, el periodista e investigador Raúl Zibechi analiza el convulsionado presente brasileño. Zibechi  -autor de Brasil. ¿El nuevo imperialismo?– explica que parte de la esencia del actual conflicto puede entenderse a partir de dos lógicas: que las grandes empresas de Brasil crecieron a bases de préstamos del Estado; y la corrupción de gobiernos y empresas con la obra pública.

–¿Cómo se entiende lo que está ocurriendo hoy?

-Esta última ola de corrupción comienza con el gobierno de Lula, que tenía la política de seleccionar algunas grandes empresas brasileñas –del estilo de Techint-, meterles mucha plata y lanzarlas a competir en el mercado global, porque la idea era que teniendo muchas multinacionales como tienen los chinos se puede llevar al país al nivel de potencia global. Lo que está pasando ahora es que el proyecto de Brasil potencia, que venía siendo exitoso, está siendo petardeado desde adentro y afuera por diversos sectores. Desde afuera, vinculados a Estados Unidos y el capital financiero. Desde adentro, por sectores de la derecha y del establishment brasileño que habían conseguido desplazar al PT del gobierno con la Operación Lavajato y con movilizaciones, tocando un punto como la corrupción, que no es un invento, sino un emergente de un capitalismo que no funciona de otra manera. Los políticos tienen la conocida “caja 2”, ingresos millonarios de empresas que financian las campañas electorales. Es el capitalismo mafioso.

-Pero si Temer forma parte de esos sectores, ¿cómo se explica la filtración que lo perjudica ahora?

­-Hay varios factores. Por un lado, en la caída de Dilma se juntaron la prensa brasileña y los grandes monopolios mediáticos. Por otro lado, los movimientos de la derecha: surgió una nueva derecha en Brasil, que movilizó millones de personas que en general vienen de una militancia formada en universidades públicas y privadas, parecido a lo que Macri en Argentina está haciendo con los timbreos. Básicamente, son las clases medias que se han visto “desplazadas” por el ascenso de los pobres: eso generó una reacción política cultural. En tercer lugar, el capital financiero y la industria brasileña también jugaron fuertemente. Mediante la Operación Lava Jato consiguieron derribar a Dilma y crear un gobierno que, decían, iba a recuperar la economía y a estabilizar el Gobierno de nuevo. Lo que sucedió es que el Lava Jato, que era una operación que se había focalizado en el PT y sus aliados, sigue: empezaron a aparecer casos en el gobierno, renunciaron varios ministros y ahora Temer tiene un apoyo de sólo el 5 por ciento, no muy distinto del que tenía Dilma cuando fue derribada. El frigorífico JBS se reunió con Temer y, para frenar la Operación Lava Jato, se volvió en su contra. La pregunta es por qué: esta familia está trasladando negocios a Estados Unidos, donde tiene 56 frigoríficos y donde están la mitad de los negocios. La otra mitad está en el resto del mundo.  La cuestión es que esta empresa abandonaría Brasil. Es un caso particular porque Odebretch, que financió la campaña de Lula, hoy es una empresa arruinada. JBS, viendo lo que pasó, optó por un camino distinto. La cuestión es qué va a pasar ahora.

-¿Qué implicancias tiene lo que ocurrió con Odebretch? En Argentina, uno de los principales apuntados es el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, que fue acusado por el arrepentido Leonardo Meirelles por recibir coimas en el marco de Lava Jato.

-En casi todos los países hay implicancias. En este momento Odebretch está cuestionada en Perú porque financió la campaña de Ollanta Humala, que gastó millones en sobornos. ¿Por qué cae en Brasil? Odebretch está a cargo de los principales complejos militares en Brasil: es la que está fabricando el primer submarino nuclear. Es tan corrupta como otras, pero se han focalizado en Odebretch por algo: son los negocios que pueden darle autonomía militar a Brasil. Y los militares son un poder muy importante. Temer tiene buena relación con ellos.

La calle o el abismo

–¿Cuál es el escenario que se vislumbra?

-Yo creo que Temer va a caer, pero es complejo. ¿Por qué? Primero la derecha y estos movimientos masivos que se habían manifestado contra Dilma decidieron por ahora no manifestarse porque dicen que si cae Temer puede venir algo peor. Por eso ahora se está movilizando la izquierda. El domingo hubo algunas pero no fueron masivas. Hay una tendencia a la descomposición masiva en Brasil: la gente está quebrada. Y eso es un elemento. Otro elemento es que Temer va a resistir: aunque parezca mentira, tiene base parlamentaria. Mucho va a depender del camino que vaya a tomar el PSDB (Partido por la Social Democracia Brasileña, principal aliado político de Temer). Y, en tercer lugar, creo que si hay elecciones, Lula puede ganar. Se mantenía como un candidato con muchas posibilidades y su figura, dentro de esta crisis, puede crecer, si no lo encarcelan antes por alguna causa. La situación es extremadamente compleja, porque a esto se suma que un sector de los medios y empresarios dijeron “Basta Temer”. Pero no hay alternativas. Brasil se dirige hacia un abismo.

–¿Hay algún sector emergente en Brasil que esté ocupando el espacio público?

-No veo, aunque eso puede cambiar mañana, una potencia fuerte en la calle. Hay que decir que la potencia de junio de 2013, cuando el movimiento irrumpió en la calle con 20 millones de personas, fue neutralizada por el PT. Lo que ha habido estos días fueron movilizaciones del PT, de la izquierda, de los sindicatos, pero no se puede decir que se haya visto una irrupción de masas en la calle. La lógica del movimiento es una lógica que no es manejable por la institución. En esta situación, no sabemos qué es lo que puede pasar con una probable y deseable intervención de masas en la calle. No se ha visto, por ahora, un cambio en la actitud de la calle.

-Tampoco parece importarle mucho al Gobierno.

-Las manifestaciones, por más masivas que sean, no derriban gobiernos. En los `90 en Argentina hubo muchísimas movilizaciones, pero a Menem no se le movió un pelo. Otra cosa es el 19 y 20 de diciembre: eso es un levantamiento, una insurrección, y eso sí tiene carácter destituyente. Es imprevisible. Trasladado a Brasil, yo creo que el grueso de los que se manifiestan apuestan a un retorno de Lula al gobierno, pero eso es algo tan evidente que no puede tener éxito, porque lo que tiene éxito es lo imprevisto. Eso es una enseñanza de la historia social. Hoy hay dos tareas fundamentales. Una es seguir organizando a la gente en pueblos, en lugares, con iniciativas. Pensemos que para llegar al 19 y 20 en Argentina hubo decenas de acciones durante toda una década que hizo posible que un buen día la población se levantara. Lo otro es un permanente trabajo de clarificación, discusión y análisis de lo que está pasando, porque hay una ilusión en la gente, que es muy humana pero muy terrible, que expresa que cambiando al jefe vamos a ir por un camino maravilloso. En Argentina y en Brasil está ocurriendo un fenómeno al estilo “luche y vuelve”, aquella famosa consigna de la vuelta de Perón en 1973, pero la cuestión es que ya no pueden volver y hacer lo mismo. Es una etapa cerrada. El capitalismo mafioso no es una desviación del capitalismo, sino que es el momento del capitalismo en este momento actual de la historia. Las sociedades no cambian porque esté Lula o Cristina, sino porque haya movimientos que apuesten a otras construcciones.

Por primera vez una universidad nacional incorpora al aborto como materia de formación. Este hecho histórico tiene como escenario la Facultad de Medicina de Rosario. En qué consiste esta cátedra, qué objetivos tiene y por qué están pensando en convertir la primera clase en un homenaje a una mujer a la que el sistema de salud de esa provincia le negó un aborto no punible.

Estar con otras, en la calle, juntas, hermanadas, parece ser el escenario ideal para formar alianzas que fortifiquen e impulsen luchas históricas de las mujeres.  Así, en el año 2003, en el Encuentro de Mujeres en Rosario, se creó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Doce años después, como parte de la Campaña, se creó la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. La Red es nacional y tienen distintas regionales que se encuentran en una jornada anual. Este año será en Neuquén. En el 2016 sucedió en Rosario y se debatió, entre otras cuestiones, la necesidad de capacitación profesional que garantice el acceso de las mujeres a la interrupción legal del embarazo. De ahí salió la propuesta que la regional de Rosario, conformada por casi 40 personas, hizo a la Universidad: crear la materia El aborto como un problema de salud.

El debate que llevó a aprobar la incorporación de la materia duró un poco más de un año y fue democrático, en cada una de las comisiones en las que se trató se escucharon diferentes voces y opiniones de estudiantes y docentes. El proyecto fue impulsado también por el Centro de Estudiantes con mucho entusiasmo, característica que  la doctora Raquel Tizziani reconoce en todo el alumnado. En cambio, entre los profesionales las opiniones son más heterogéneas.

Finalmente el Consejo Directivo de la Facultad voto por unanimidad en el mes de mayo que la materia pase a formar parte de la currícula, como una de las materias electivas por las que pueden optar los estudiantes que para recibirse: deben cursar 300 horas de materias de este tipo.

Desde el próximo cuatrimestre, una materia que aborde el aborto como problema de salud estará disponible en la oferta académica por primera vez en una facultad de Medicina a pesar de que grupos que defienden el aborto clandestino, casi inmediatamente después del anuncio, salieron a hacer campaña en su contra.

La doctora Raquel Tizziani, titular de la nueva cátedra, analiza: “Son voces que pretenden sostener el tema de aborto en la oscuridad, como trasfondo quieren seguir intentando controlar la sexualidad y la salud sexual de las mujeres. De alguna manera, le hacen el caldo gordo al negocio clandestino porque sabemos que las mujeres que mueren o quedan con lesiones graves son las mujeres que no lo pueden pagar. Son dos voces en contra. Por un lado, la que sabemos que proviene de sectores eclesiásticos, voces milenarias que hace siglos sostienen el mismo discurso y en el fondo intentan controlarnos. Y por otro lado, si nosotros garantizamos intervenciones legales dentro del sistema de salud, estamos boicoteando un negocio que aparentemente es bastante rentable para algunas personas”

En oposición a quienes protestaban para que anulen la decisión de incorporar la materia están quienes festejan: “El terreno que ha ganado la lucha feminista se refleja en las y los estudiantes. La lucha feminista va calando en las nuevas generaciones y es una demanda por parte de ellos que esta cátedra exista. Hubo un claro apoyo desde primer momento”.

Qué pasa en la provincia

Desde que en el año 1922 entró en vigencia el aborto no punible en el derecho argentino, la interrupción legal del embarazo pasó a ser un derecho de las mujeres.

En marzo de 2012 la Corte Suprema de Justicia mediante el fallo F. A. L. ratificó el artículo N° 86 del Código Penal donde dice que el aborto es no punible cuando: “Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios; Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”.

Santa Fe es una de las ocho jurisdicciones, según el informe “Acceso al aborto no punible en Argentina: Estado de situación” publicado en 2015 por la Asociación por los Derechos Civiles, que posee protocolo de atención que no obstaculiza el acceso a la interrupción legal del embarazo.

Raquel Tizziani es especialista en clínica médica y sexóloga clínica. Trabaja en el Hospital Roque Sáenz Peña, un hospital que define como “de avanzada, sobre todo lo que respecta a salud sexual y reproductiva” y que la ayudó a formarse para dictar la cátedra: “Aprendí mucho de mis compañeros y compañeras del hospital que venían trabajando en el tema. Después uno empieza a asociarse, a estudiar e investigar. Hay mucha bibliografía, muchas organizaciones internacionales trabajando y produciendo material con información científica”

Desde esa experiencia analiza la situación de la provincia que, aunque reconoce que es mejor que muchas otras regiones del país, todavía depende de la suerte de a dónde llegue la mujer para ser atendida: “Tenemos determinados equipos que garantizan las interrupciones legales, pero es eso: equipos. No te va a tratar bien cualquier profesional que te atienda en una guardia. Depende de la suerte y eso es un gran problema”.

¿Por qué los profesionales no garantizan el derecho de las mujeres? La doctora Tizziani cree que es, principalmente, por falta de formación y reconoce que hay distintos niveles en los cuales esa formación profesional falla: en la carrera de grado y posgrado.

“Dentro de la Facultad de Medicina es un tema tabú el aborto. Se trabaja muy conceptualmente, desde los libros de Obstetricia en la materia de Tocoginecolgía y después, dentro de la Medicina Legal, pero simplemente se explica lo que para el Código Penal, nada más. No hay un tratamiento de lo que después va a ser la realidad profesional. También en el posgrado hay un gran problema. La formación de los que son tocoginecólogos: la especialidad donde se tendría que brindar esta formación, pero tampoco lo trabaja”

Los tocoginecólogos deben estar capacitados a derecho. Es primordial porque, resalta la doctora, es dentro de ese sector que “muchos profesionales se autodefinen como objetores de conciencia”.

Explica: la objeción de conciencia comprende solamente a los profesionales que están directamente vinculados con la práctica. Eso significa que no puede ser objetor de conciencia el que te hace la ecografía, ni quien te saca sangre; tampoco quien te da un turno, ni quien te realiza la primera consulta. Tampoco puede ser institucional: la objeción es siempre individual. “La ley solamente habilita la objeción al profesional que realiza la práctica”, resalta  la doctora Tizziani, para señalar la importancia de trabajar con los servicios de tocoginecología, especialidad dedicada a la obstetricia y ginecología.

Esa falta de conocimiento en los profesionales que deben garantizar el derecho a la interrupción legal del embarazo produce principalmente miedo. La objeción de conciencia que la doctora Tizziani describe como “objeción de práctica porque la cuestión moral, personal, no puede estar por encima del derecho del otro”, muchas veces está dada “por la falta de conocimiento de los aspectos legales que resguardan al profesional y de los que lo responsabilizan por no garantizar interrupciones legales”.

Ese desconocimiento rompe el vínculo de la Medicina con la mujer. El grado más extremo de esa situación es la denuncia. “El profesional denuncia porque tiene miedo a estar involucrado en una situación ilícita, generalmente por mucha falta de información. Quiero pensar que actúan para protegerse erróneamente , porque se están incriminando y están violando el secreto profesional”.

Para que esto deje de pasar y no siga empujando a las mujeres a los peligros de la clandestinidad es que se deben replicar en todas las universidades esta materia.

La doctora Tizziani es clara: “Todo aborto es resultado de un embarazo no deseado y de esto también es responsable el Estado: esa mujer no ha tenido la posibilidad de decidir previamente a esa gestación porque no pudo acceder a los métodos anticonceptivos, no tuvo información, fue víctima de violencia sexual o violencia del micro machismo que interfiere en toda relación de pareja estable”. El ejemplo más claro de esto es el hombre que no quiere ponerse el preservativo.

Radiografía de lo interesante

La radiografía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario da una institución constituida mayoritariamente por mujeres. La relación es casi 8 a 1.

Otra característica: es la única del país que no tiene ingreso restringido.

Otra: recibe gran cantidad de estudiantes de diferentes puntos del país y muchos del exterior.

Toda esa diversidad da otro dato aportado por la lectura de la doctora Tizziani: “Es una facultad muy interesante”.

Desde una perspectiva interdisciplinaria, y fundamentalmente apuntando a la prevención, la materia va a proponer cuatro módulos:

• Marco legal vigente en Argentina.
• Aborto seguro, desde donde se propone trabajar la consulta médica: cómo preguntar, cómo hacer la historia clínica, cómo escribir, cómo evaluar los causales.
• Técnicas y procedimientos, tanto farmacológicos como quirúrgicos.
• Atención integral post aborto. Identificar cuestiones de violencia y tratar de resolverlas dentro del sistema de salud. Identificar las posibilidades de infección de transmisión sexual. La anticoncepción. Pensar y preguntarse ¿qué pasó?

En esas aulas, llenas y diversas, se empieza a pensar la primera cursada.

En el primer módulo, dedicado al del marco legal, se utilizaran como disparadores situaciones emblemáticas en las cuales a las mujeres se les negó la interrupción legal del embarazo. “Tenemos ganas de empezar con una situación de la provincia de Santa Fe: el caso de Ana María Acevedo. Pensamos hacerle un homenaje como primera clase y utilizarlo como disparador para pensar qué cosas se hicieron mal, qué cosas habría que hacer, cómo hubiera sido sí…”

Ana María Acevedo tenía 19 años y tres hijos cuando murió. Le habían diagnosticado cáncer en la mandíbula y aunque el aborto es no punible si está en riesgo la vida de la mujer, en el hospital municipal Iturraspe le negaron el derecho de acceder a la interrupción del embarazo. También le negaron el tratamiento oncológico, para preservar el feto.

La materia propone trabajar a través de situaciones reales por un motivo concreto: “Han marcado el camino para que hoy estemos en este lugar”, reconoce Raquel.

La ley que falta

El año pasado se presentó en el Congreso por sexta vez el Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La historia de la búsqueda de la legalización del aborto es larga, el primer proyecto es del año 1937.

La creación de la materia El aborto como un problema de salud en una universidad pública empuja a la necesidad del tratamiento legislativo del tema , que por ahora no fue tratado ni en la primera comisión a la que tuvo giro: Legislación General, presidida por Daniel Andres Lipovetzky de Unión PRO.

“Sacar el tema a la luz, hablarlo abiertamente, informar con argumentos científicos y con datos estadísticos reales, que no sea una cuestión basada en la opinión pública, en el prejuicio y en el miedo, afrontarlo como lo que es: un problema de salud integral, un problema de derecho y un problema de justicia social. Creo que es el camino hacia donde tenemos que ir para que todas las personas gestantes podamos decidir sobre nuestra sexualidad plena. El aborto forma parte de lo que es el derecho reproductivo: poder elegir cuándo tener un hijo, cómo, de qué manera y en qué circunstancia. Es el camino hacia el aborto legal”, sintetiza la doctora Tizziani.

La Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Argentina presentó una carta a la canciller Susana Malcorra para exigir un pronunciamiento claro y contundente respecto a las violaciones a los derechos humanos cometidas en México en la llamada “guerra contra el narcotráfico”. La convocatoria fue acompañada por el sindicato de prensa SiPreBa, la Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina (AReCIA) y otros periodistas y se produjo luego del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, sexto reportero asesinado en 2017. La carta ubica al Estado como un actor clave en la estructura del narcotráfico y llama a la solidaridad internacional: “El silencio es cómplice”. 

“En México hay mucho dolor. Es un país que está permanentemente en duelo, donde todo el territorio se ha convertido en un cementerio. El silencio es cómplice”. Las voces de Mónica Mexicano y Mariana Brito, integrantes de la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas en Argentina, recorrieron con fuerza la carta que decenas de organizaciones, movimientos y profesionales de la comunicación firmaron en repudio al asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, masacrado a tiros el 15 de mayo, sexto reportero asesinado en 2017, que se suma a la trágica lista de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos cometidas en México desde el inicio de la “guerra contra el narcotráfico” que ha dejado más de 100 mil muertes y 30 mil desapariciones. Las organizaciones leyeron la carta frente a la Cancillería argentina y, luego, la presentaron a la ministra de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra.

Minutos antes las organizaciones habían desplegado una bandera mexicana y, a su alrededor, pegaron sobre la esquina de la calle Esmeralda las fotos con los rostros y los nombres de algunos de los cientos de periodistas asesinadxs en México. También, repartieron carteles con las fotos de lxs 43 estudiantes desaparecidxs en Ayotzinapa el 27 de septiembre de 2014. La carta subrayó que, desde 2000, han sido asesinadxs 126 periodistas y, por lo menos,  23 están desaparecidoxs: “A ellos se suman decenas de periodistas amenazados, perseguidos y desplazados a la fuerza de su ciudad de origen. Ninguno de los casos se ha investigado. La impunidad es la norma”.

Por su parte, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) leyó el Manifiesto No al Silencio, que congregó la firma de cientos de profesionales de la comunicación, medios, sindicatos, organizaciones sociales y asociaciones de revistas. En ese Manifiesto, además del asesinato de Valdez Cárdenas, se mencionan los otros cinco reporteros masacrados en 2017:

• “El 2 de marzo, en Guerrero, el periodista Cecilio Pineda Brito, de 38 años, fue ejecutado por sicarios que le dispararon desde una motocicleta mientras él descansaba en una hamaca.
• El 19 de marzo, en Veracruz, el periodista Ricardo Monlui, de 57 años, fue asesinado a balazos cuando salía de un restaurante.
• El 23 de marzo, en Chihuahua, mataron de 8 balazos a la periodista MiroslavaBreach, de 54 años, en la puerta de su casa y frente a su hijo.
• El 14 de abril, en Baja California, mataron de 15 balazos al periodista Maximino Rodríguez, de 73 años, en el estacionamiento de un centro comercial. Estaba con su esposa.
• El 2 de mayo, en Morelos mataron el periodista Filiberto Álvarez, de 71 años. Fue acribillado cuando volvía a su casa en su auto”.

“Nosotros ponemos los muertos”

Luego del asesinato de Valdez Cárdenas, corresponsal de La Jornada y editor del semanario Riodoce, el repudio fue mundial. Aministía Internacional, Article 19 y Reporteros sin Fronteras son algunas de las organizaciones que exigieron respuestas del Estado mexicano. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) envió una carta al Embajador de México en Argentina, Fernando Jorge Castro Trenti, en la que exige su compromiso “con la protección de los colegas”. En México, una movilización de cientos de profesionales de la comunicación tomó el auditorio del Palacio de Gobierno y pidió respuestas al gobernador Quirini Ordaz Coppel.

Valdez Cárdenas era un periodista que investigaba la complicidad del Estado en los crímenes del narcotráfico. Su último libro se llama Narcoperiodismo y ponía el foco en el rol de la prensa en medio del cruce entre el crimen y la denuncia. “En Culiacán, Sinaloa, México, es un peligro estar vivo y hacer periodismo es caminar sobre una invisible línea marcada por los malos que están en el narcotráfico y en el gobierno”, dijo al recibir el Premio Internacional de Libertad de Prensa del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) en 2011. “Esta es una guerra, sí. Pero por el control del narco. Pero nosotros, los ciudadanos, ponemos los muertos. Y los gobiernos de México y Estados Unidos las armas. Y ellos, los encumbrados, invisibles y agazapados, dentro y fuera de los gobiernos, se llevan las ganancias”.

A Valdez Cárdenas lo mataron el 15 de mayo a metros del lugar donde trabajaba.

El Estado es responsable

“Estamos muy indignados por toda la situación que está sucediendo el México”, dijo Mónica Mexicano, integrante de la Asamblea de Mexicanxs en Argentina. “El asesinato de Valdez es una muestra más de cómo esta accionando el Estado mexicano y cómo está atacando a todos los periodistas, hombres y mujeres que ponen el cuerpo para poder documentar lo que está sucediendo en nuestro país”. Mexicano advirtió que el trabajo periodístico de Valdez Cárdenas era documentar no sólo las atrocidades del crimen organizado, sino también la complicidad del Estado en esos crímenes: “Sabemos que esta labor es el motivo por el cual lo asesinaron”.

Mexicano leyó junto a Mariana Brito la carta que presentaron a la ministra Susana Malcorra: está estructurada de acuerdo al escueto comunicado que emitió la Cancillería el 18 de mayo.

• El comunicado del Estado argentino repudió el asesinato de Valdez Cárdenas, “crítico de las actividades delictivas del cartel de Sinaloa”. La carta precisa: “Javier no sólo era crítico de las actividades delictivas del cártel de Sinaloa, sino de la inacción del Estado para proteger a las víctimas que ha dejado la guerra contra el narcotráfico; de la falta de respuestas del presidente Enrique Peña Nieto, de los abusos y crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad y de la connivencia del poder político con el crimen organizado”.
• En su comunicado, Cancillería repudió tanto la muerte de Valdez Cárdenas “así como los de otros hombres de prensa muertos en el curso de este año”. Mexicano y Brito recordaron que entre lxs seis profesionales de la comunicación muertxs este año está Miroslava Breach, ejecutada a tiros el 23 de marzo en Chihuahua, en la puerta de su casa y frente a su hijo. “Con ella, son 17 las periodistas asesinadas desde el 2010 en México. Omitir a las periodistas mujeres asesinadas es no solo invisibilizar el crimen cometido contra ellas, sino también su labor periodística”.
• Cancillería destacó la “valiente acción” de lxs periodistas que “ponen al descubierto a los responsables de los crímenes del narcotráfico”. La carta: “Los periodistas asesinados no denunciaban sólo los crímenes del narcotráfico, sino del Estado, por ejemplo las masacres en las que el Ejército ha manipulado escenas del crimen, las torturas cometidas por las fuerzas de Seguridad, así como la persecución y las amenazas de gobernadores y alcaldes y funcionarios en general”.

La dimensión del horror

Uno de los puntos más criticados del comunicado del Estado es el que expresa al Gobierno de México “su total apoyo a los esfuerzos que realiza para combatir estas actividades criminales”. La carta aclara que “el gobierno mexicano no está realizando ningún esfuerzo para combatir actividades criminales”. Y cita las cifras que permiten una dimensión del horror:

• Más de 100 mil personas asesinadas.
• Más de 30 mil personas desaparecidas.
• Más de 100 periodistas asesinadxs.
• Decenas de miles de feminicidios sin investigar.
• Por lo menos 14 defensorxs de derechos humanos asesinadxs.
• Por lo menos 90 mil personas desplazadas de sus pueblos, de sus ciudades, por la violencia.
• Decenas de miles de niñxs huérfanos ante el asesinato o desaparición de sus padres y/o madres.
• Se han descubierto 855 fosas comunes con más de 1500 cadáveres amontonados, sin identificar. Las encuentras los familiares que buscan a sus desaparecidos sin ayuda del Estado.
• Nos siguen faltando los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Por esta razón, la carta remarca que el comunicado del Estado es “insuficiente” y exige al Presidente Mauricio Macri su pronunciamiento y que utilice todos los recursos para instar al Estado mexicano a permitir que los Relatores para la Libertad de Expresión de la ONU y de la CIDH visiten México para documentar los casos de asesinatos y hostigamiento contra periodistas: “El gobierno argentino no puede mantener relaciones políticas, económicas ni sociales con un gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos”.

Este 3 de junio el grito de #NiUnaMenos es claro: “El Estado es responsable”. En todo el país diferentes organizaciones preparan movilizaciones  para ese día. La cita en Capital es el sábado a las 15, desde Tribunales, que se unirá a las 16 a la convocatoria de otro de los colectivos, que se concentra a esa hora en el Congreso, para marchar juntas a Plaza de Mayo. También habrá acciones que se realizarán en la semana previa, para agitar la movilización del 3J. El eje de este año es analizado por lavaca en esta nota que resume, a partir de dos casos emblemáticos, el rol del Estado en la estructura de violencia contra las mujeres.

En el marco del reclamo de #NiUnaMenos enfrentamos una realidad que nos obliga a pensar la violencia contra las mujeres más allá de la caracterización que la simplifica a una tragedia biográfica, de vínculo personal y de conducta individual. De caso por caso. El grito de #NiUnaMenos ha dejado en claro que la violencia contra las mujeres supera este encuadre al resaltar su carácter sistémico, pero gracias a esa visibilidad que la sociedad le otorgó hoy podemos contemplar un cuadro más amplio, en el cual emergen las responsabilidades del Estado.

Un ejemplo son las actuaciones que la policía, justicia y gobernación bonaerense han demostrado en los femicidios de Melina Romero (17 años) y Araceli Fulles (22 años) ambos crímenes cometidos en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. Ambos, también, soportan hoy las consecuencias del accionar estatal, exponiendo a peligrosas situaciones a una testigo y a dos familias.

El caso Melina

El 24 de agosto de 2014 Melina Romero salió a festejar su cumpleaños número 17 y jamás regresó. Su desaparición fue caratulada como “averiguación de paradero”.  Estuvo desaparecida un mes, durante el cual la policía Bonaerense realizó erráticos procedimientos de búsqueda, promocionados en la prensa. En ese período, algunos medios se hicieron eco de las versiones policiales, que describían a la víctima como una joven “fanática de los boliches”, dedicada “a la vagancia” [1].

La causa fue instruida por la fiscal María Fernanda Billone.

Melina estuvo desaparecida un mes, hasta que su cuerpo fue encontrado no por la policía, sino por las mujeres de su barrio, a orillas del río Morón, muy cerca del basurero CEAMSE, en la localidad de José León Suárez. Estaba adentro de una bolsa de basura. Los primeros resultados de la autopsia establecieron que Melina habí­a fallecido por “sofocamiento” entre 20 y 25 dí­as antes de ser encontrado su cadáver y que sufrió un infarto fulminante, pero hasta hoy la forma en la que se produjo su muerte no ha sido investigada por la justicia.

Según declaró en tribunales Melody -nombre con el que se dio a conocer en los medios la adolescente que fue testigo del femicidio-  Melina fue asesinada en una casa de la localidad bonaerense de Pablo Podestá, y luego fue transportada dentro de una bolsa, en un auto, hasta el arroyo donde fue hallada.

La querella particular de la familia, patrocinada por el Dr. Marcelo Biondi, denunció que varias pruebas fundamentales para sostener el caso se perdieron por la descuidada actuación judicial –la familia denuncia, entre otras irregularidades, que no se pudieron hacer pericias claves porque no había “reactivos” – y a pesar de que en una primera instancia fueron detenidos los tres hombres señalados por la testigo, al momento de definir la elevación a juicio oral, el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, decidió no acusarlos. El resultado es que por primera vez se llegará a juicio oral sin querella fiscal y solo en el caso de uno de los tres sospechados del crimen. Los otros dos, quedaron libres y sin cargos. El juicio aún no tiene fecha.

Por su parte, Melody, la testigo clave, sí tiene fecha de juicio, ya que fue acusada de falso testimonio, criminalizándose así su testimonio. Su seguridad personal es también motivo de nuestra preocupación: el 25 de marzo de 2015 el policía Cristian Ricard, encargado de custodiar a Melody, fue asesinado de un balazo. Ese mismo día, la mujer policía que se dirigía a relevarlo denunció que había sido secuestrada en auto, golpeada y liberada muy cerca de la casa de Melody.[2]

El Consejo Nacional de la Mujer, a pesar de tener potestad y recursos para presentarse como querellante, no intervino en la causa judicial del femicidio de Melina, ni prestó ningún tipo de apoyo a su familia.

La situación de Melody es responsabilidad específica del Programa Nacional de Protección de Testigos, obligado  a velar por su integridad, que hoy está en serio riesgo.

El caso Araceli

Araceli Fulles desapareció el 1° de abril de 2017. Su familia realizó la denuncia correspondiente en la comisaría 5° de San Martín. El caso fue caratulado “búsqueda de paradero”. La fiscal a cargo de la investigación es Graciela López Pereyra.

Durante los primeros 10 días de su desaparición prácticamente no hubo ninguna actuación, ya que la principal hipótesis policial, que también difundieron los medios, era que se trataba de una joven consumidora de drogas que estaría “de gira”.

El femicidio de otra joven, Micaela García, y su repercusión nacional, activaron la solidaridad de los vecinos del barrio de Araceli, que comenzaron a organizar patrullas de búsqueda, actitud que obligó a la fiscalía a ordenar rastrillajes. La familia comenzó a denunciar ante los medios la sospecha de la complicidad policial, ya que notaba una actitud poco activa en los operativos.

El 16 de abril la mamá de Araceli reclamó, a través de los medios, la intervención del Presidente, Mauricio Macri y de la gobernadora María Eugenia Vidal[3], quien tres días después recibió, junto al ministro de Seguridad boanerense, Cristian Ritondo, a los hermanos. En esa reunión le manifestaron sus sospechas sobre el accionar de la policía y le pidieron recursos concretos: más gente y herramientas. El resultado fue que se elevó el monto de la recompensa por información, pero los recursos solicitados nunca llegaron.

El Presidente nunca hizo mención al caso Araceli.

Por gestión del intendente de San Martín se consiguieron dos perros pertenecientes a los Bomberos Voluntarios de Punta Lara, entrenados en la búsqueda de personas, que se sumaron a los operativos. Fue así que comenzaron a encontrarse rastros de Araceli en las cercanías de su casa, hasta finalmente dar con su cuerpo, 29 días después de su desaparición: estaba enterrada en la casa de uno de los hombres sospechados desde el primer momento de su desaparición. Tanto en así, que esa casa ya había sido allanada a 12 días de desaparecer Araceli, sin aparentes resultados.[4]

Con la aparición del cuerpo, se supo que los principales policías a cargo de la investigación estaban suspendidos por Asuntos Internos de la Policía Bonaerense, y que esa sanción no se había hecho efectiva. Fueron investigados por una denuncia anónima que los señalaba como sospechosos de desviar la búsqueda de Araceli, lo que motivó una inspección a la comisaría 5°, que encontró dos sobres de cocaína pertenecientes a un procedimiento, lo cual motivó la sanción. Aun así, siguieron dirigiendo el rumbo del caso Araceli. En esa dependencia, además, trabajaba el hermano de dos de los imputados[5].

Tras el hallazgo del cuerpo de Araceli se hizo efectiva la separación de sus cargos del subcomisario Hernán Humbert –a cargo de la comisaría 5°- , el jefe de Judiciales, oficial principal José Gabriel Herlein y el subinspector Elián Ismael, que prestaba servicio en el Comando de Patrullas y es hermano de Emanuel y Jonatan Ávalos, dos de los 8 detenidos por el femicidio de Araceli.

No hay más información sobre la situación de estos tres integrantes de la Policía Bonaerense.

Por otra parte, el principal sospechoso, habitante de la casa donde se encontró el cadáver, estuvo prófugo. Fue identificado y detenido por una vecina embarazada de la villa a donde se había ocultado. Se supo luego que ya había sido denunciado en los tribunales de San Martín por abusar sexualmente de su hijastra de 3 años y por golpear a su hijastro de 5 años, pero luego su concubina retiró esa denuncia y el caso fue archivado[6].

Todo el accionar policial nunca fue objetado por la fiscal, que aún hoy se encuentra a cargo del sumario.

El rol de la fiscalía en contexto

Señalamos algunos datos referidos a la fiscalía general de San Martín, en relación a la violencia contra las mujeres:

• La Procuraduría General bonaerense firmó en 2014 una resolución por la que autorizó la creación de fiscalías con enfoque de género.Está resolución no tiene carácter obligatorio. En los Tribunales de San Martín nunca se crearon.
• El fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, instruyó a los fiscales para que no suscriban el Protocolo de Violencia de Género elaborado por la Procuraduría general[7].
• Para poner en contexto cómo afecta esta política fiscal a las mujeres que reclaman allí justicia, basta un dato: en los seis juzgados de familia de San Martín se labraron en un solo mes -junio de 2016- un total de 246 denuncias por violencia machista.

Una provincia, un símbolo de la política estatal

Según las cifras del informe del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires[8], por día se reciben casi 6.000 denuncias, que siguen un trámite que no garantiza ni justicia ni seguridad para las mujeres que las realizan. “El modelo de abordaje de la violencia de género en la provincia de Buenos Aires ha fracasado dado que se alentó a denunciar sin garantizar medidas de protección y asistencia efectivas”, advierte Laurana Malacalza, titular del Observatorio.[9]

Entre otros aspectos el monitoreo del Observatorio advierte:

• La falta de capacitación y de instrucciones precisas hacia el personal que se ocupa de la recepción de la denuncia de las víctimas en las comisarías. Se observa además, la no conformación de equipos interdisiciplinarios en esas dependencias.
• Los operadores de la justicia no han incorporado la perspectiva de género.
• Se observan dificultades en la articulación de las comisarías con el Poder Judicial. Existen demoras considerables en la remisión de la denuncia a los Juzgados de Familia/Juzgados de Paz o a la Justicia Penal.
• Frente al incumplimiento de las medidas de protección las mujeres que han llamado al 911 “se encuentran con varias dificultades”. Por un lado, cuando se apersona el agente policial al lugar de los hechos, “tienden a ordenarle al agresor que se retire del lugar y no actúan en relación a lo acaecido como ante una situación de comisión de un delito”. En otras ocasiones “se les informa a las mujeres que no cuentan con móviles o personal para acercarse al lugar. Ante casos de alto riesgo, y frente a la orden judicial de realizar un rondín policial, en muchas ocasiones no puede hacerse efectivo o lo hacen menos veces de la ordenada”, indica el relevamiento.
• Las desobediencias e incumplimientos no son registrados en las estadísticas policiales. Quedan entonces subregistrados los avisos que las mujeres realizan advirtiendo el incumplimiento a una medida de protección dictada en el ámbito judicial. Lo mismo ocurre con llamados que las víctimas o sus familiares realizan a las comisarías frente a una nueva amenaza de su agresor: vuelven a manifestarles la carencia de móviles y de personal para acercarse al lugar de los hechos.
• Tampoco existe un registro informático de las medidas de protección vigentes por zonas que permita a las comisarías estar informados sobre la existencia, vigencia y cumplimiento. “Esto podría facilitar que actúen rápidamente ante cualquier eventualidad relacionada con su transgresión e incumplimiento”, indica el informe.
• Es creciente el número de causas archivadas por lesiones leves y amenazas contra mujeres en el ámbito de la justicia Penal. Durante 2014 fueron archivadas el 75 por ciento, lo que demuestra que se minimizan y desoyen los pedidos de auxilio de las víctimas de violencia machista.
• Las denuncias aumentan año a año. En 2014, en las 126 comisarías de la Mujer y la Familia se recibieron 162.204, es decir, un promedio de 445 denuncias por día en toda la provincia. Esto implica un aumento del 43 por ciento respecto al 2012 y del 38 por ciento en relación a 2013. En el año 2015 se registraron 195.037 denuncias. Y sólo en enero del 2016, 18.619 denuncias en las 126 comisarías de la Mujer y la familia de toda la provincia. A estas cifras se deben sumar las denuncias que ingresan directamente por tribunales. Y también las que se hacen por abuso sexual, que se clasifican aparte, y también se incrementaron. En 2014 fueron 4.461 y en 2015, 6015 en sede policial.
• A nivel nacional, la Línea 144, recibió el año pasado un promedio de 300 llamados por día. Las consultas subieron notablemente a partir del 3 de junio, día de las marchas con la consigna #NiUnaMenos.

Después del femicidio, nada

Los casos de Melina y Araceli demuestran cómo familias, amigas y vecinas deben llevar adelante la búsqueda, el reclamo de justicia y el control del accionar policial. Todo ese esfuerzo es el que produjo, finalmente, la difusión del caso, el hallazgo del cuerpo y el encarcelamiento de los responsables del crimen. Pero lo que comienza a partir de allí es otro proceso muy difícil de sostener en forma familiar o vecinal.

No hay en estos, como en ningún caso de femicidio, un programa estatal que trabaje sobre el impacto que en la comunidad produce este tipo de crímenes, política indispensable dado el carácter social de esta violencia, pero también por la conmoción que genera en el núcleo social de cada mujer masacrada: no sólo en su familia, sino en su colegio, barrio, entorno, que es afectado en forma traumática.

Es el Estado quien debe intervenir directamente para tratar esas heridas sociales.

Cada femicidio es evitable.

Su brutal irrupción representa la deuda de un Estado que no tiene programas educativos ni comunicacionales ni sociales que trabajen para prevenir esta violencia.

Cada femicidio representa, también, una oportunidad de saldar esa deuda.

Es responsabilidad  del Estado intervenir en la comunidad con programas específicos destinados a enfrentar el trauma social que cada femicidio produce.

Por otra parte, el trámite judicial, al que estas familias no tienen fácil acceso, sigue un derrotero tal que consagra impunidad si no es controlado por los representantes de las víctimas, rol que la fiscalía no garantiza.

Las familias de las víctimas, a su vez, no reciben ningún tipo de asistencia ni contención,  por lo cual quedan librados a las fuerzas personales disponibles para monitorear la causa.

Ambos casos, además, implicaron enfrentar y denunciar públicamente un entramado de negocios turbios y corrupciones territoriales en las que están implicados agentes estatales, lo cual  expone a las familias, amigas y vecinas de las víctimas  a situaciones de presión, violencia y riesgo  que deben enfrentar sin más protección que el tejido social que hayan logrado cosechar.

[1] Diario Clarín 13 de septiembre de 2014 “Una fanática de los boliches, que abandonó el secundario”, https://www.clarin.com/policiales/fanatica-boliches-abandono-secundaria_0_S1ek3YcD7g.html

[2] http://www.lanacion.com.ar/1778916-caso-melina-romero-custodio-testigo-melody-villa-bosch

http://www.telam.com.ar/notas/201503/99138-policia-asesinado-custodia-testigo-melina-romero.html

[3] http://www.agencianova.com/nota.asp?n=2017_4_17&id=55422&id_tiponota=10

[4] http://www.laizquierdadiario.com/Caso-Araceli-Fulles-la-trama-de-errores-y-complicidades-detras-del-crimen

[5] http://www.perfil.com/sociedad/la-bonaerense-otra-vez-en-la-mira-por-el-asesinato-de-araceli.phtml

[6] http://www.bigbangnews.com/policiales/Horror-sin-fin-Baradacco-esta-denunciado-por-abuso-sexual-de-su-hijastra-de-3-anos–20170501-0032.html

http://tn.com.ar/policiales/badaracco-tiene-un-antecedente-por-abuso-sexual-una-hijastra_790061

[7] http://www.lapoliticaonline.com/nota/98973/

https://www.clarin.com/policiales/san-martin-zona-liberada-femicidas_0_BJjcUDby-.html

[8] http://www.defensorba.org.ar/pdfs/comunicados/Informe-OVG-2014-2015-Monitoreo-de-Politicas-Publicas-y-Violencia-de-Genero.pdf

[9] https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-294027-2016-03-08.html

En Catamarca funciona desde hace casi 20 años Bajo Alumbrera y dejó tan mala experiencia y tanta falta de progreso y trabajo, que los vecinos de Andalgalá -con el Aconquija a la vista- se opusieron a un nuevo proyecto extractivo mayor aún: Agua Rica. La Corte Suprema dio razón al pedido de amparo de los andalgalenses y el Concejo Deliberante prohibió los proyectos megamineros. Vecinas, vecinos, concejales: cómo se movieron y se organizaron para defender el agua, el territorio y la vida.

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La carta del colectivo Escena Política​ en respuesta al espectáculo de “reapertura” que el gobierno porteño publicita bajo el lema “El San Martín está de fiesta”: “Luego de más de 3 años de obras edilicias y millones de inversión pública malgastados, la reapertura fue en la calle porque el teatro no está en condiciones de abrirse. Festejan con elencos monotributistas contratados y un sinfín de alquileres que refrendan la terciarización sin límite. Sin que aún sepamos cómo y cuánto se gastó en las sucesivas licitaciones de la obra de refacción, se suma el derroche en esta fiesta cínica. La gestión cultural del gobierno porteño ha dejado a miles de trabajadores de la cultura sin espacios de producción y a millones de espectadores sin acceso a la cultura”.

No tenemos nada que festejar frente a un estado de situación que implica desocupación y precarización laboral de los artistas y restricción al acceso a la cultura de los múltiples públicos.

La continuidad de la omnipresencia de Wainrot, a través de su alter ego Andrea Chinetti como directora del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín y de su estratégico cargo como representante de asuntos culturales de la Cancillería, es sólo una muestra más del congelamiento y reducción de la imaginación y producción artísticas como de la homogeneización de lenguajes creativos que se sigue propulsando. El cierre de teatros públicos como el Alvear, el desmantelamiento del Polo Circo y la inhabilitación de la Sala Lugones, además de generar una neutralización política del conflicto, restringe el espacio público y conduce, a la larga, a la normativización de las posibilidades de la producción cultural.

Luego de más de 3 años de obras edilicias y millones de inversión pública malgastados, la reapertura será en la calle porque el teatro no está en condiciones de abrirse. Festejan con elencos monotributistas contratados y un sinfín de alquileres que refrendan la terciarización sin límite. Sin que aún sepamos cómo y cuánto se gastó en las sucesivas licitaciones de la obra de refacción, se suma el derroche en esta fiesta cínica. La gestión cultural del gobierno porteño ha dejado a miles de trabajadores de la cultura sin espacios de producción y a millones de espectadores sin acceso a la cultura.

Nosotras, personas que somos público y que defendemos lo público; nosotras, personas que producimos y disfrutamos la creación cultural social, advertimos en este festejo del Gobierno porteño la complicidad de una obra trucha.

Redefinamos los términos de la batalla cultural, no dejemos que esta fiesta de apertura obnubile las discusiones de fondo a partir de una política de cotillón que se retroalimenta de las imágenes a ser exhibidas y reproducidas en los medios. La reapertura del Teatro San Martín es una broma de mal gusto, una joda. Y el Rey está desnudo.

Los terrenos del mítico club del Bajo Flores, otra vez en peligro: el Gobierno de la Ciudad ya utiliza parte del predio para la Policía de la Ciudad y ahora pretende avanzar sobre las canchas donde entrenan más de 2000 chicos. Qué dicen los hinchas y dirigentes que lograron volver al barrio en 2007 y ahora denuncian las confusas propuestas del gobierno y su verdadera intención: “Quieren vaciar al club de su función social”.

Por Delfina Corti para lavaca.org

Sábado al mediodía en estadio Nueva España. Las camisetas rojas colorean la calle Santiago de Compostela en el Bajo Flores. Los más jóvenes esperan el horario del partido y agitan banderas rojas y amarillas, bajo el sonido de bombos y platillos. En la confitería, unos cuantos inmigrantes españoles – los mismos que fundaron el club en 1956- juegan a las cartas. Sus hijos y nietos los acompañan.

No es un día cualquiera para Deportivo Español.

No es un partido más.

Los rumores sobre el interés del Gobierno de la Ciudad de expropiar los terrenos al club se convirtieron en un hecho.

Historia de lucha

A pocos metros de allí, un muro gris les recuerda a los hinchas gallegos las instalaciones que el Gobierno porteño ya les quitó en el 2008. En aquellas hectáreas donde se había prometido impulsar el deporte de la Ciudad a través de un complejo deportivo para uso común, se levantó una pared. Literal. Del otro lado, la Policía Metropolitana entrena hace diez años en esos terrenos que pertenecieron a Español y lo llevaron a convertirse en una pieza fundamental para los chicos del sur de la Ciudad al brindar alimentación y recreación.

El club gallego estuvo en proceso de quiebra durante dos años hasta que el 30 de junio de 2000 el Juez en lo Civil y Comercial Juan Garibotto decretó la quiebra. Las principales razones de la crisis económica se encuentran en dos nombres: Francisco Ríos Seoane, Presidente del club desde 1978 hasta 1996, y Mauricio Macri.

Durante los años 90, Seoane puso a Español como garante de sus negocios privados, los cuales quebraron por la situación económica del país y los socios gallegos tuvieron que hacerse cargo.

La historia con Macri presenta su primer capítulo en 1997: “Deportivo Español tuvotres pedidos de quiebra, el más importante fue por parte de Boca Juniors”, recuerda Juan Garibotto. Se trató de la primera vez que un club deportivo pedía la quiebra de otra entidad. La causa, una suma de 80 mil dólares por el préstamo de seis jugadores xeneizes en 1996. Por aquellos futbolistas, Español debió pagar 500 mil dólares mensuales, desembolso que provocó el comienzo de su crisis financiera y deportiva.

A pesar del pedido de remate en el 2000, Español pudo seguir utilizando sus instalaciones gracias a la Ley de Fideicomiso para las entidades deportivas que sostenía que los bienes de las asociaciones sin fines de lucro que pasaran por dificultades económicas no podían ser rematados por un plazo de diez años. Los hinchas volvieron a respirar, hasta que en el 2003 la síndico Andrea Ruth Celinas clausuró el club en forma definitiva. Tras la medida, los jugadores del plantel profesional de fútbol quedaron en libertad de acción y las instalaciones del club pasaron a ser subastadas. No obstante, durante cuatro años -debido a vaivenes judiciales, toma del predio por los hinchas y remates frustrados- los terrenos en el Bajo Flores estuvieron abandonados y cerrados. 

El 30 de abril de 2007, en la esquina de Lavalle y Libertad, miles de hinchas de Español se juntaron a la espera del remate de los terrenos ubicados en el Bajo Flores. “El club vuelve a su casa”, dijo aquel día Luis Tarrío Gómez, actual Vicepresidente de Deportivo Español, y los socios soltaron el llanto retenido. El club resurgía y con él las instalaciones que habían permanecido cerradas durante cuatro años. La Corporación Buenos Aires Sur  –dependiente del Gobierno de la Ciudad– adquirió los terrenos en un remate donde hubo otro seis oferentes. En ese panorama, era la única carta a favor: de esa forma los terrenos podían ser cedidos a un tercero, que sería Deportivo Español, pero bajo otro nombre. Las banderas rojas colorearon la esquina y los hinchas gallegos festejaron la vuelta.

El club volvió a su cancha. El 21 de mayo de 2008 se firmó un comodato por el que el Gobierno porteño le cedió por veinte años los derechos al Club Social, Deportivo y Cultural Español –nombre que adquirió en 2003 para poder seguir participando en los torneos de AFA– sobre 7 hectáreas del predio para “ser destinado al desarrollo de actividades deportivas, recreativas y culturales abiertas a la comunidad”. Las otras 8 hectáreas quedaron bajo el uso del Gobierno de la Ciudad, con la idea de crear un predio deportivo. Eso nunca ocurrió: con la asunción de Mauricio Macri como Jefe de Gobierno se levantó el muro y la Escuela de la Policía Metropolitana ocupó el lugar. La pileta olímpica, las canchas de tenis y béisbol, los quinchos y el gimnasio cubierto quedaron del otro lado del muro, y así se perdió parte de la actividad social que realiza Español en los barrios del sur.

En 2018 se cumplirán diez años de la firma del comodato. Aquel contrato sostenía que la cesión de los terrenos podría extenderse por diez años más a solo requerimiento del comodatario, es decir, Deportivo Español. “El ´podrá´ tiene un problema,  porque habilita la decisión final al comodante, es decir, al Ministerio de Seguridad”, sostiene Carlos Villares. Y ahí está el vacío legal que le da la última palabra al Gobierno de la Ciudad.

Diez años después, los hinchas vuelven a juntarse para defender una vez más sus colores. El club que supo representar a la comunidad gallega fue perdiendo su identidad al mismo tiempo que sus terrenos: dejó de ser un lugar de encuentro y pasó a ser un club de fútbol. En ese retroceso, la pérdida de las hectáreas que hoy ocupa la Policía Metropolitana tuvo mucho que ver. “Para volver a ser un club social, aquel que llegó a contar con 25 mil socios, necesitamos cierta infraestructura –dice Tarrío Gómez–. El problema más grande es la desconfianza: nos dieron diez años, después otros diez, y ahora nos lo quieren quitar… No es lo acordado”.

Ante este panorama, algunos hinchas levantan la voz para decir que “Español no se toca”. Por otro lado, aparecen los socios que prefieren tener cautela y recuerdan lo que costó volver a pisar su casa luego de la quiebra: “A mi pesar, si en una pelea vamos a perder los terrenos, hay que aceptarlo. Si lo que nos dan a cambio es algo cercano al club, nos permite un renacimiento. Por eso hay que ser cautos”, sostiene Carlos Villares (51) socio y presidente de la peña Unidos por Español.

Negociaciones y desconfianza

En octubre de 2016, el Gobierno de la Ciudad se acercó a Deportivo Español para comunicarle su interés en agrandar las instalaciones de la Policía Metropolitana. Los terrenos afectados serían la confitería, el estacionamiento, la cancha 2 y el baby fútbol.

“En un comienzo nos plantearon la urgencia de resolver la situación, aunque en los hechos no se nota. Tuvimos infinidad de reuniones y los avances no han sido muchos. Nosotros necesitamos que cumplan la primera promesa que hicieron: cuatro canchas construidas y vestuarios según la reglamentación de la AFA en la Avenida Castañares. Y en Asturias y Compostela, donde está la Cancha 4, la nueva sede social con una nueva confitería, sector administrativo, cancha de futsal techada y una pileta de natación”, le dijo Daniel Calzón, presidente del Club, a la Prensa de Deportivo Español.

Sin embargo, sobre cimientos de vaivenes se construyen las negociaciones entre ambas partes. Allí radica la desconfianza de los socios y los dirigentes. El diálogo se estancó cuando el Gobierno de la Ciudad dio marcha atrás sobre su propia oferta. Las irregularidades y cambios de dirección hacen que los hinchas gallegos no vean con buenos ojos las propuestas.

“Lo único que pedimos es que nos escuchen. Pero no hay seriedad, cambian los interlocutores. Yo no puedo cambiar el ofrecimiento y el interlocutor todos los días. Al final, terminan siendo unos mentirosos. Hay que pensar en el futuro de la zona sur, de los chicos y la comunidad. Ellos no puede pasar por alto que el barrio está pegado al club”, enfatiza Emanuel Gómez, socio del club.

En las negociaciones, no solo se juega el futuro de los terrenos. También, la importancia de sacar a 2000 chicos de la calle, el valor de la actividad social que hay que respetar y cuidar.

Desde su creación, Español estuvo ligado al crecimiento de uno de los barrios más relegados de la ciudad. Sin ir más lejos, el teléfono al Bajo Flores lo llevó Español; el primer médico, también.

Junto al recelo que generan las idas y vueltas que llegan desde el Ministerio de Seguridad, dicen los socios, la pérdida de los terrenos perjudicaría la actividad social. “Nosotros estamos formando jóvenes con los valores de la ética y el deporte para un futuro. Los chicos que meriendan tienen una alimentación que el gobierno no les da; los chicos que hacen deporte tienen una contención que el gobierno no les da”, afirma Emanuel Gómez.

Desde la dirigencia también hacen énfasis en el papel que cumple Español para los chicos de Bajo Flores. “En el barrio, tenemos un trabajo muy importante. Desde el Gobierno, a pesar de que hay varios clubes de barrio que reciben una mano, nunca recibimos un aporte… ni en relación a los impuestos, ni a nada”, cuenta Tarrío Gómez.

El bolsillo y el corazón

Las negociaciones recién comienzan. Los gallegos saben que no quieren volver a perder. De ahí, las dos posturas: “Que la Policía se vaya al Indoamericano. El club no se mueve” o “Se cede, si sirve para el resurgimiento del club”.

Deportivo Español hoy aparece en las noticias por sus novedades futbólísticas y eso, lejos de enorgullecerlos, les duele a sus socios. Quizás porque las cenizas de algunos de sus familiares muertos fueron arrojadas sobre el césped del Nueva España; quizás porque el club fue aquel lugar donde muchos españoles plantaron árboles; quizás porque reforzó los lazos entre padres, hijos y nietos.

“No quiero morirme sin pisar mi club otra vez”, dijo Aurora, socia fundadora  aquel 30 de abril de 2007 en las inmediaciones de Tribunales. Esperaba impaciente la resolución del remate de los terrenos. Días después, cuando el club reabrió después de cuatro años, lloró de emoción –y de tristeza, también– al ver el estadio Nueva España repleto de arbustos, con un pasto que superaba el metro y medio de altura, animales pastando y un árbol que crecía en una de las áreas.

Así lo cuenta Luis Tarrío Gómez, hijo de españoles, quien alentó durante toda su infancia en el estadio Nueva España. Sin embargo, con el tiempo dejó de concurrir al Bajo Flores. Un día, su hijo, después de treinta años, le pidió ir a ver a Español. En aquel momento, el club ya no transitaba la Primera División y el público no era tan numeroso como años atrás. Sin embargo, cuando terminó el partido su hijo se acercó y le dio su carnet de Boca. Segundos después, lo miró y le dijo “Ahora soy de Español. Si no vengo acá falta uno, si no veo a Boca no se entera nadie. Me diste todos los gustos, abrime el club. No dejes que se muera”.

Luis se lo prometió y cumplió.

Lo que pasa, dice, es que cuando a los españoles les hablás de bolsillo, te responden con el corazón.

Video de la encuesta performática realizada por MU en el Obelisco, en la semana previa al 3 de junio. 

#QuéLeExigís al Estado para que haya #NiUnaMenos?

Este martes, poco antes de las cuatro de la tarde, 120 mujeres autoconvocadas por las FACC se plantaron frente a la Casa Rosada, Tribunales y el Congreso Nacional para dejar un mensaje claro, conmovedor y poético. Pusieron sus cuerpos y su arte para crear una postal de lo que representa el femicidio como genocidio. Nos informaron así una noticia tremenda: este año los femicidios suman mucho más que esa pila de cuerpos desnudos:  ya son 133.

Fue la acción artística en el espacio público más conmovedora de los últimos tiempos. Ciento veinte  mujeres miran de frente -en silencio y en posición firme-los edificios que representan los tres poderes del país. Se paran frente a la Casa Rosada, Tribunales  y el Congreso Nacional. Son 120, dijimos, y esa sola cifra impacta, pero los femicidios que se cometieron en lo que va del año son más: 133. ¿Impacta esa cifra? ¿Cómo? ¿Dónde? Son preguntas importantes para comprender el significado de esta acción. La necesidad de señalar que hay tres poderes del Estado que no reaccionaron y por eso este mensaje, escrito con los cuerpos y un grito estremecedor.

La acción comienza de a poco. Mujeres paradas frente a los edificios que representan a esos tres poderes. Una orquesta,  conformada por otras doce mujeres, toca entonces música de cámara. Alertan así a los que pasan por la calle que algo está por suceder. Los atrapa.

Hombres y mujeres de paso quedan en silencio,  mirando absortos  lo que está por suceder.

Qué nos dijeron

El golpe de un tambor marca el cambio en la escena. Las mujeres comienzan a desnudarse. Quedan expuestas al frio, a las miradas, a la interperie. Lentamente, de a una, de a tres, de a seis, vana conformando dos pilas de cuerpos inertes, rodeadas de otros cuerpos que se desparraman sin vida por la acera.

La voz de una mujer con megáfono comienza a recitar entonces un discurso que hilvana fragmentos de tres poesías – Nombremos a todas, de Paula Heredia (Córdoba); Otro sí digo, de Gabriela Robledo (Córdoba); India, Patricia Karina Vergara Sánchez (Méjico)- con datos extraídos de Taringa que informan algunos de los métodos que fueron utilizados para asesinar mujeres. El discurso se clava como un cuchillo en la garganta de quienes escuchan.

Dice así:

“Nombremos a todas:

asesinadas, desaparecidas,

abandonadas, golpeadas,

discriminadas, expulsadas.

Nombremos a todas:

trabajadoras, desempleadas,

enfermas, sanas,

locas, no hay cuerdas.

Nombremos a todas:

vivas y muertas.

Decí mi nombre, el tuyo.

Nombremos a todas

y existiremos siempre.

Formas de matar a una mujer:

Cortarle el cuello: muerte Instantánea.

Encerrada sin agua: muerte entre 3 y 7 días.

Encerrada con agua, pero sin comida: de 15 a 40 días.

Estrangulada: de 1 a 15 minutos

Quemada: 8 minutos

Congelada: entre 90 y 100 minutos

Desangrada: de 3 minutos a 1 hora

Ahogada por gas: 10 minutos

Golpeada con un objeto romo en el parietal: instantáneamente

Acuchillada en el corazón:10 segundos

Demandan expropiar mi cuerpo.

Es legítimo según la ley.

El juez regulará copiosos honorarios.

Se habrá hecho justicia.

Declararán mi placer de interés público.

Hallarán la marca incandescente

de un hierro patriarcal sobre mi espalda.

Me sepultarán bajo sus escuelas, sus iglesias, sus cortes de justicia.

Me quebrarán por no torcer el brazo.

Me violarán gendarmes de todas las tropas.

Apelaré,

esa ley que no tiene vigencia en mi cuerpo,

que me excomulga, me proscribe, me desaparece;

desnuda en el atrio

apelaré,

con los muslos, con el pubis, con los brazos, con las venas, con el cuello,

con las amígdalas, con el iris, con la córnea, con las uñas, con las rodillas…

No.

Apelaré

aunque no se avoque ni escuche mi caso

apelaré con las tetas, con el puño, con los pies,

con las orejas, con las pestañas, con la espalda,

apelaré en presente, en pasado y en futuro

del derecho y del revés

con los dientes, con las pezuñas,

apelaré.

Insisto

en la libertad de decidir sobre mi cuerpo,

en territorio

de quienes realizan leyes

que buscan doblegarme.

Invoco a las diosas

entre los engranes de un patriarcado

que hace miles de años intenta ocultarlas.

Participo en la lucha laboral de un pueblo

ya comerciado y en las manos del patrón.

Conozco la importancia

de la labor contestataria,

cuando en esta patria

se encarcela a quien disiente.

He dado a luz

en una era

que acabó con la esperanza

ya hace tiempo.

Le apuesto a la lucha libertaria

en el reino del televisor.

Soy mujer

en un tiempo

en que el femicidio

nos quiere volver desechables.

Por supuesto,

dicen que estoy loca,

extremadamente loca.

Que soy rara, que me he vuelto extraña.

que no tengo lugar en el mundo.

Entonces, no me queda de otra:

Tengo que señalar el desprecio,

que elegir sobre mi vida,

que inventar la fe para dársela a mi hija,

que escribir por la libertad a las presas políticas.

que denunciar al Imperio,

que amar mi cuerpo,

que apagar el televisor,

que mostrar mis bolsillos,

que buscar justicia para las mías,

que demandar castigo a los asesinos.

Es por todo ello,

que no tengo más remedio

que darles la mala noticia

a las buenas y tranquilas conciencias:

estoy aquí

exigiendo a gritos

la parte que me corresponde del mundo.

Y no voy a callarme la boca, ni a desaparecer.

Nombremos a todas:

asesinadas, desaparecidas,

abandonadas, golpeadas,

discriminadas, expulsadas.

Nombremos a todas:

trabajadoras, desempleadas,

enfermas, sanas,

locas, no hay cuerdas.

Nombremos a todas:

vivas y muertas.

Decí mi nombre, el tuyo.

Nombremos a todas

y existiremos siempre”.

La  pila es la noticia

Ciento veinte mujeres se desnudan en pleno invierno y en pleno centro porteño. Destapan así la variedad  de cicatrices, de forma de depilarse, de peinados, de pieles y de miradas. Se apilan de a una, formando entre todas la imagen de lo que no queremos ver: la dimensión de los cuerpos femeninos masacrados por el machismo este año. Una forma que da la real  dimensión de la catástrofe social que estamos viviendo. Una forma de denunciarla.

De entre la pila se pone de pie un cuerpo. La mujer sostiene la mirada a quienes la miran. De a una, de a tres, de seis, se levantan las 120 hasta volver a formar una línea que ahora apunta a las y los espectadores.

Silencio.

¿Cuánto dura?

Es inmenso.

Lo rompe un grito, que es aullido, que retumbra, que rasga, que duele.

¿Cuánto dura?

Es extremo.

Si alguien aguantaba las lágrimas, con ese grito, desborda.

El lema que levantan  como bandera es tan claro que parece obvio. Pero no lo es. Es una aclaración necesaria. Es un grito contundente: “Femicidio es genocidio”. Y  lo que parece evidente se despliega ante nuestra mirada para desnudar la realidad: a las mujeres nos están matando. El Estado es responsable . Y por eso mismo nombrar al femicidio como  genocidio en letras grandes, negras sobre blanco, grita lo indecible.

Los transeúntes se han convertido en espectadores.

Las mujeres lloran.

Los hombres lloran.

El final es silencio y luego, aplauso.

Nadie en cada uno de los tres escenarios elegidos para la acción se pregunta quiénes son estas mujeres.

Ya lo saben.

Son artistas.

No representan a nadie: están allí y así por ellas mismas.

No buscan promocionarse.

No buscan un post en Facebook, que censura tetas.

No buscan ni lágrimas ni aplausos.

Ellas lloran.

Buscan expresarse con libertad y con sentimiento.

Y eso es algo que todos los que las vieron lo saben porque lo sintieron.

¿Quiénes son?

Esta acción comenzó a planificarse hace varios meses. Implicó ensayos y consensuar la puesta entre mujeres que, en muchos casos, no se conocían previamente. Se identifican como autoconvocadas por las FACC, esa Fuerza Artística de Choque Comunicativo que ya sacudió la ciudad con 16 acciones dirigidas a exponer los males de esta época. Su primera acción fue el 9 de julio del año pasado, en el acto patrio del gobierno de Cambiemos. Hicieron esa pila de cuerpos en la Avenida 9 de Julio y con la leyenda “Esto no es Independencia”. También, en noviembre pasado, realizaron una semana de acciones bajo el lema “Esto huele mal”, que los llevó a plantarse frente al Ministerio de Cultura, el de Energía y la Casa de Gobierno, entre otros emblemáticos edificios que representaban al nuevo modelo. Aquella semana culminó con una caravana que bautizaron “Genocida Suelto” y que marcó dónde estaban 5 militares condenados por delitos de lesa humanidad beneficiados por la prisión domiciliaria. Hoy volvieron a sacudir a la ciudad con su arte para hacerla chocar con su realidad.

Las mujeres que lloraron, los hombres que lloraron, saben qué buscaban.

Fue un mensaje de los cuerpos a los cuerpos.

Y por eso, las sintieron.

El fútbol, un espectáculo cuya percepción está marcada por su forma de transmisión televisiva- siempre los partidos se filmaron igual- es modificado en este film por la alteración del registro. El resultado es quizás una de las obras cinematográficas más particulares de este comienzo de siglo.

Zidane, un retrato del siglo XXI (2006): 

Retrato: representación icónica de una persona donde predomina la expresión del rostro.

Siglo XXI: período temporal que comenzó 2000 años después del nacimiento de Cristo. Una de sus mayores características es el desarrollo de las tecnologías informáticas, la consagración del espectáculo como intermediario entre la experiencia del cuerpo y el mundo material, la proliferación de imágenes y pantallas y su consecuente influencia en la percepción de lo real.

Año 2005: último partido de Zinedine Zidane como jugador profesional. Real Madrid  frente a Villareal. Los directores Douglas Gordon y Philippe Parreno registran ese partido histórico pero con una premisa particular: filmar solamente a Zidane en tiempo real (la película dura lo que dura el partido). 17 cámaras de 35 mm, lentes especiales con objetivos de larga distancia, 150 técnicos de primer nivel, formados en Hollywood.

El resultado es quizás una de las piezas audiovisuales más particulares de este comienzo de siglo.

Las cámaras se detienen sobre Zidane y lo vemos como nunca antes lo habíamos visto.  El efecto es dramático, sino angustiante.

Lo vemos largos minutos sin tocar la pelota.

Vemos su mirada ensombrecida por las luces del estadio, concentrada en el juego con una profundidad desgarradora.

Un partido de fútbol se convierte en un drama existencial, en una experiencia visual única.

La clave está en la potencia que le otorga la película a ese elemento formal que diferencia al cine de la televisión: el fuera de campo. Si la TV crea una imagen totalitaria es porque niega el fuera de campo. La enunciación se limita a lo que se ve dentro del encuadre: todo está ahí. El cine, en cambio, produce una “erotización de los bordes del cuadro”: lo que está dentro del encuadre es solo una parcialidad y aquello que está afuera cobra presencia al ser evocado como complemento tácito de la imagen. Es el lugar de la incertidumbre, de la duda, del misterio; es quizás el último resguardo del cine frente a la tiranía de la imagen-televisión ( y sus derivados): la potencia de lo que no se ve. Lo no visible se vuelve imaginable.

Al centrarse en el cuerpo de Zidane, el partido queda completamente en fuera de campo y el efecto de extrañeza es notable: Zidane puede estar en un partido de fútbol o en una guerra. De pronto vemos a Riquelme, Sorín, Forlan, Beckham, que solo aparecen cuando pasan cerca de Zidane. Hay un gol del Villarreal, pero solo lo sabemos por el rostro de Zidane lamentándose.

La reconstitución del tiempo real del partido hace sensible  el efecto de la duración sobre el cuerpo: Zidane se va cansando, el rostro se va modificando, degradando. La duración devela esa obviedad que el espectáculo niega: Zidane es un cuerpo que transpira. Zidane es un ser humano.

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Este jueves al mediodía, en el marco de una semana de acciones feministas, el grupo Autonvocadas presentó, junto a al movimiento de mujeres MuMaLá, un habeas corpus colectivo y preventivo para garantizar el derecho de mujeres, lesbianas, trans y travestis a manifestarse el próximo sábado 3 de junio para exigir #NiUnaMenos. Tras la cacería policial del  #8M -ocasión en la que se realizó el Paro Internacional de Mujeres, en la que 20 mujeres fueron detenidas en una cacería policial sin orden judicial-, el habeas corpus presentado  solicita que la justicia ordene al Ministerio de Seguridad que se abstenga de realizar acciones represivas, homofóbicas y criminalizadoras.

“En su reciente visita a Argentina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que estas detenciones constituyen un claro ejemplo de criminalización de la protesta”, dice el habeas corpus presentado. “Es el Estado quien con su accionar incumplidor no sólo nos obliga a salir a manifestar a las calles para que se respeten los derechos humanos de las mujeres, sino que, además, en la oportunidad de hacerlo, nos vemos perseguidas por el mismo Estado que nos desampara.”.

La presentación solicita, concretamente, que la justicia ordene al Ministerio de Seguridad que se abstenga de realizar detenciones sin orden judicial, portar armas de fuego y que el personal policial sea mayoritariamente femenino, tal como establecen los protocolos vigentes. También pide que la justicia ordene a ese Ministerio que todo el personal policial esté debidamente identificado, ya que señala que el pasado 8 de marzo, además de que en las detenciones intervino personal policial de civil, en Plaza de Mayo: “aparecieron varios hombres a provocar a las mujeres que allí nos encontrábamos, y entre ellos, se pudo identificar en forma posterior a un supuesto empleado del propio Ministerio de Seguridad de la Nación”. Los argumentos del habeas corpus, además, recuerdan que la policía no puede detener a ninguna persona alegando faltas contravencionales y cita como antecedente de esa limitación el fallo de la CIDH sobre el caso Iván Torres.

“La criminalización de la protesta no es una frase. Es un método que usa el Estado para, a través de detenciones indiscriminadas y arbitrarias, amedrentar, intimidar y limitar nuestro derecho a expresarnos libremente, circular por el espacio público y peticionar a las autoridades. Esta presentación es preventiva y colectiva, pero también concreta: queremos que la justicia garantice que el Ministerio de Seguridad respete el Estado de Derecho”, precisó Raquel Vivanco, referente de la organización MuMaLá y una de las firmantes del Habeas Corpus, junto a Claudia Acuña, editora de Mu y Liliana Furió, militante feminista y lesbiana.

Susy Shock es cantora, coplera, poeta y travesti. Creció y eligió su vida acompañada por el abrazo de sus padres, no por su rechazo. Como artista y como sudaka asumida, plantea el significado de la cultura, de la diversidad y de la libertad como temas altamente políticos, en el sentido noble de la palabra. La receta para la vida de una abuela tucumana. Escuchá el programa completo

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Una jornada de visibilización sobre ambiente, salud y derechos humanos en el Hospital Garraham convocó a diversos especialistas que hablaron sobre el riesgo genético en niños y niñas expuestos a agroquímicos. La investigadora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Delia Aiassa, advirtió: “Estamos frente a una situación de gravedad. Es una alarma encontrar un daño al material genético en niños: estamos hablando de una población muy vulnerable”.

“El deterioro de la integridad del genoma humano es uno de los muchos retos del actual modelo de desarrollo económico”, advirtió la doctora y genetista Delia Aiassa, en el marco de la conferencia Riesgo genético en niños por exposición ambiental, organizada y dictada en el Hospital Garraham de la Ciudad de Buenos Aires. Aiassa es docente e investigadora del Departamento de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas en la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), y junto al investigador Fernando Mañas estudia hace años los efectos de los agroquímicos en las personas. Sus publicaciones concluyen una tesis alarmante, divulgada en esta clase: las personas expuestas padecen daño genético.

La jornada estuvo convocada por la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) del Hospital y motorizada por, entre otras personas, la enfermera especialista en cuidados paliativos Mercedes “Mechi” Méndez, quien desde hace años observa el ingreso de niños y niñas con malformaciones y enfermedades por cáncer llegados desde zonas fumigadas. “Los chicos siguen viniendo al Garrahan desde zonas fumigadas y con patologías”, dice a lavaca Méndez. “Por eso insistimos en que se tenga en cuenta el modelo productivo de saqueo y contaminación como causa de esas enfermedades, que se tengan en cuenta el lugar de donde vienen, los tóxicos que tienen en la sangre, los que inhalan, los que comen. Eso está invisibilizado y no se lo ve a la hora de los diagnósticos. Sí se ve en las intoxicaciones agudas, como los chicos de las tomateras, pero las intoxicaciones crónicas de manera periódica con dosis mínimas que este modelo recibe a través de las fumigaciones y de los alimentos es lo que no se está teniendo en cuenta. Es hora que eso suceda desde un lugar tan emblemático como es el Garraham”.

Cuando la especialista Méndez habla de “los chicos de las tomateras”, se refiere Nicolas Arévalo (4 años), Celeste Estevez (5) y José Rivero (4). Son niños de la ciudad de Lavalle (Corrientes), dedicada prácticamente a la producción de tomates. Nicolás falleció en el Hospital de Corrientes luego de intoxicarse con endosulfán cuando estaba jugando cerca de su casa: pisó un charco con agua contaminada. Su prima, Celeste, también se intoxicó pero fue derivada al Garraham y sigue en tratamiento. “Sigue viviendo en las mismas condiciones, frente a las tomateras”, dice Méndez. Rivero murió en 2012: en el hospital le hicieron un análisis de orina y determinaron la presencia de agoquímicos en su cuerpo. Méndez: “Como dijo el doctor Andrés Carrasco, se trata de un experimento a cielo abierto”.

La causa por la muerte de Nicolás fue elevada a juicio, pero el Tribunal Oral Penal de Goya sobreseyó en diciembre al productor agropecuario Ricardo Nicolás Prieto, quien era el único imputado por “homicidio culposo y lesiones culposas en concurso ideal”. La investigación de MU puede leerse acá:

El peor veneno

Fuentes contaminantes

El primer orador de la conferencia fue el abogado Darío Ávila, que compartió su experiencia en Córdoba con las Madres de Ituzaingó-Anexo y en el proceso judicial que por primera vez en Argentina “pudo llevar a juicio oral y público este modelo que estamos denunciado”. Ese juicio concluyó con las condenas al productor Francisco Parra y al piloto aeroaplicador Edgardo Pancello a tres años de prisión condicional. Dice Ávila: “En ese juicio, el dato relevador fue que el 33 por ciento del barrio murió por cáncer”. El especialista remarcó que esos datos habían sido producidos y relevados por las propias Madres del barrio, que elevaron censos caseros para dejar un testimonio de algo aterrador: sus niños, hijos y vecinos estaban muriendo por cáncer.

Luego, la doctora Aiassa subrayó que las investigaciones sobre las consecuencias del modelo extractivo en Córdoba “no es un tema fácil de abordar”, y se preguntó cuál es el efecto que causan los contaminantes en general y los plaguicidas en particular. “Ese uso es el principal problema de todos los problemas socioambientales: minería, deforestación, extracción de combustibles fósiles, contaminación de metales pesados. Ese daño puede ser causado por varios agentes ambientales genotóxicos que tienen la capacidad de alterar material genético, sumado a procedimientos médicos y estilos de vida”. Aiassa describió como “agentes genotóxicos” a los químicos que son arrojados al campo y, según su modo de acción, pueden ser de tres clases: mutagénicos, teratogénicos (alteraciones en el período embrionario o fetal) o carcinogénicos. Aiassa: “Estamos estudiando si estas sustancias están causando daños, en qué sectores específicos y si corresponden a algún tipo de gen que puede llevar a algún tipo de cáncer”.

La investigadora apuntó que cada vez más deben abrir el abanico de posibles fuentes contaminantes. “Es algo que cada vez nos está preocupando más”, dijo. Y enumeró:

• Aguas residuales de tipo doméstico e industrial.
• Residuos de plantas de tratamiento.
• Efluentes hospitalarios.
• Actividades agrícolas y ganaderas.
• Tanques o fosas sépticas.

Aiassa explicó que esas sustancias surgieron entre la década del ´30 y del ´40, y que hoy, pleno siglo XXI, existen más de 1500 principios activos y más de 50 mil plaguicidas registrados en el mundo. “Entre el ´40 y los ´70 el boom fueron los organoclorados (DDT), los plaguicidas (clorpirifos) y plaguicidas carbánicos (Fudradam). En los ´90 ya son los transgénicos. Necesitamos urgente que se revise la clasificación de estas sustancias químicas y qué resultado tiene sobre el ambiente”. La científica explicó que los resultados actuales hablan sobre “posible riesgo de contaminación” a la biota acuática y a los seres humanos, especialmente por cipermetrina, clorpirifos, endosulfán (como los niños de las tomateras) y glifosato.

“¿Toda la población está expuesta?”, preguntó Aiassa. “Hay algunas más vulnerables: en las rurales, tanto adultos como en niños, nos interesaba ver cuánto de esa cercanía a los campos afectaba o no el material genético”. Sin embargo, recordó el trabajo del Equipo Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental (EMISA), a cargo del doctor Damián Marino, quien encontró glifosato en algodón, gasas, hisopos y otros instrumentos en La Plata. En ese sentido, Aiassa apuntó que, a partir de sus investigaciones, pudieron determinar “un aumento de daño genético en células humanas expuestas a glifosato, cipermetrina y clorpirifos”.

La alarma

La investigadora de la UNRQ recordó al científico Andrés Carrasco, ex presidente del Conicet y director del Laboratorio de Embriología Molecular de la UBA, que denunció en 2009 el impacto de los agrotóxicos en la salud de las personas. Aiassa: “Cuando le decía que no teníamos suficientes datos, él respondía: ´¿Qué más vamos a tener que demostrar?”.

Aiassa dice a lavaca: “Estamos frente a una situación de mucha alarma, de gravedad. No quiero ser extremista, pero sí remarcar que hay que tomar medidas urgentes. Creo que no estamos tomando conciencia de todas las sustancias tóxicas y de plaguicidas, aunque tampoco tenemos que olvidarnos de las mineras y de otras actividades que van hacia lo mismo. Los efectos de estos últimos años los estamos viendo ahora: es una alarma encontrar un daño al material genético aumentado en niños porque estamos hablando de una población muy vulnerable,  y creo que nuestro deber es protegerlo. La salud de un pueblo se mide por la salud de sus niños”.

Por esa razón, esta jornada estuvo dedicada a los “niños de las tomateras”.